Julio 18, 2022

Municipios al Rojo. Por María Jaraquemada

Directora Ejecutiva Chile Transparente

Los municipios cumplen un rol clave en nuestro desarrollo social y cultural, prestan servicios de primera necesidad para las personas y, por su rol en el día a día con la ciudadanía, tienen una mejor evaluación que otras entidades públicas, como el Congreso, partidos políticos y el gobierno central. Sin embargo, es clave fortalecerlos y contar con los contrapesos y fiscalización externa adecuada para que esta labor sea realmente efectiva y adecuada.


Sin duda fue una semana intensa en el aspecto judicial para los municipios. Comenzó con la revocación del sobreseimiento del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por una investigación de negociación incompatible a lo que se sumó la polémica por la posible salida alternativa, a través de un procedimiento abreviado -con una sanción más bien simbólica-, del ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera por dos delitos de cohecho y la captura de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, en Países Bajos, quien se había fugado el mismo día que la Corte Suprema confirmaba su sentencia de presidio efectivo por 5 años y un día, por fraude al fisco.

Lamentablemente, no son pocos los casos de corrupción en municipios que están en investigación, por ejemplo, el caso de luminarias LED en que estarían al menos once municipios de todo el país involucrados o los que implican a corporaciones municipales en Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes. Sin ir más lejos, un estudio del Consejo de Defensa del Estado a inicios de este año señalaba que la mitad de los municipios del país tenían investigaciones por casos de corrupción y que este tipo de causas ha aumentado sostenidamente con los años.

Sin duda cada caso tiene sus particularidades, pero también elementos en común. Hay un diagnóstico bastante compartido hace un tiempo ya que los municipios tienen ciertos déficits institucionales que pueden facilitar la ocurrencia de estos hechos y dificultar su detección y sanción oportuna. En primer lugar, muchos municipios no cuentan con instancias de control interno adecuadas, que puedan levantar las primeras alertas y adoptar procedimientos adecuados para gestionar riesgos.

De hecho, el no contar con un sistema de empleo público real provoca que ciertas personas cercanas a las autoridades edilicias -políticamente o por otras razones- pero que no cuenten con las capacidades adecuadas o facultades de oponerse, ejerzan cargos que manejan recursos públicos u otorgan beneficios. Sin ir más lejos, en el municipio de San Ramón se habrían contratado narcotraficantes que recibían el sueldo, pero no ejercían ninguna función, todo esto para ampliar la red clientelar del ex alcalde.

Por otra parte, en varias ocasiones el concejo comunal, llamado a ser un contrapeso relevante, no ejerce realmente este rol, ya sea por no contar con todas las facultades y recursos necesarios o por ser afín políticamente al alcalde/sa de turno. Esto dificulta el rol que realiza Contraloría, con sus limitaciones también y el de la ciudadanía. Para qué decir en cuanto a transparencia y rendición de cuentas.

Desde el estreno de la Ley de Transparencia en el año 2008, las municipalidades siempre han ido un paso más atrás en su cumplimiento. Si bien ha habido mejoras, de manos del apoyo del Consejo para la Transparencia, no es poco frecuente que con cambios de autoridades nos enteremos de grandes déficits presupuestarios y mal manejo fiscal.

Los municipios cumplen un rol clave en nuestro desarrollo social y cultural, prestan servicios de primera necesidad para las personas y por su rol en el día a día con la ciudadanía, tienen una mejor evaluación que otras entidades públicas, como el Congreso, partidos políticos y el gobierno central. Sin embargo, es clave fortalecerlos y contar con los contrapesos y fiscalización externa adecuada para que esta labor sea realmente efectiva y adecuada. Una papa caliente que, hasta ahora, nadie ha querido tomar.

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