-¿Usted también tenía bajas expectativas por el cónclave del oficialismo del domingo, como dijo Giorgio Jackson?
-Yo creo que en el en el oficialismo en general, había cierta cautela con el cónclave. Una cautela que afortunadamente se disipó, ya que no solamente se pudieron plantear las aprensiones de ambas coaliciones, sino que entender que podemos tener diferencias de interpretación del pasado, pero existe una visión común de los desafíos de futuro.
-¿Pero usted cree que este constante roce entre las dos almas del gobierno ha provocado una gestión menos fluida?
-Yo no hablaría de dos almas. Hay historias y generaciones diferentes. Las diferencias hacia afuera, comunicacionalmente, son mucho más fuertes que hacia adentro. Hay una convergencia bastante clara entre ambas coaliciones de avanzar hacia un Estado Democrático de Derechos..
-Ministro, en los últimos meses de su gestión se arrastran problemas con varias empresas constructoras. ¿Cuánto adeuda hoy día el MOP las empresas constructoras?
-Mire, se instaló la idea de que el MOP no ha pagado una cantidad de recursos, pero se hace a partir de una empresa en particular que pone ese punto. No es que la industria lo haya instalado. El Ministerio de Obras Públicas, en el 90 % de los casos, paga dentro de 15 días y 17 días.
Sin embargo, como Estado tenemos más dificultades para aquellos pagos que corresponden a modificaciones de obras. Y ahí como Estado tenemos una brecha importante. Pero quiero ser bien claro en este punto. Este tipo de retrasos las empresas los han conocido siempre. No con esto quiero decir que los retrasos sean buenos, pero los han conocido siempre y lo han integrado en sus propios costos.
-Solo que estamos en una circunstancia especial, con un escenario económico muy complejo. Y la estrechez también del financiamiento bancario a esas mismas empresas.
-Sí, por supuesto. Y en ese sentido hemos hecho una mesa de trabajo, no solamente con la Cámara Chilena de la Construcción, sino internamente para acelerar el proceso. Si bien es muy importante, los pagos del Estado no son el único factor de crisis que tienen las empresas. Las empresas también tienen un factor de crisis en el sector privado. Para que no pensemos como si fuera el Estado el responsable de la situación crítica de aquellas.
-Hace un tiempo Pulso publicó que el MOP adeudaba $ 4.685.000.000 a seis empresas por 12 proyectos. ¿Es correcto ese dato?
-Dependiendo cómo se calcula puede estar cerca o no. Cuando recibimos el gobierno en el mes de marzo, recibimos una industria que ya estaba en una situación bastante delicada desde enero del año 2021 y no se había tomado ninguna medida para abordar esa situación. Y en esa situación frágil en la que nos encontramos, tomamos medidas concretas para reactivar la economía. Hoy día lo que estamos haciendo es generar certidumbres en un momento en que la industria de la construcción y el mundo económico necesitan certidumbre.
-El economista Oscar Landarretche dijo que el Estado no estaba usando todos los elementos que tiene para reactivar la economía y en eso hacía una crítica fuerte al MOP por la lentitud en las obras. ¿Cuál es su respuesta ante esa crítica?
-Hay momentos en que se anuncian medidas y hay otros momentos en que hay que trabajar en ellas. Las formas son importantes en política. Primero hay que cultivar las condiciones para poder dar medidas concretas. No perdonazos fáciles, sino políticas públicas estables. Y en ese sentido hemos hecho, por una parte, una conversación continua con el mundo de la construcción. Hemos tomado medidas como reconocer que los nuevos contratos del Ministerio de Obras Públicas tengan incorporado un reajuste en función del alza o baja los materiales, distribuyendo de mejor manera los riesgos entre el sector público y el sector privado..
-Pero ya han pasado siete meses…
-Bueno, yo estuve conversando con el presidente Lagos. Me contaba que cuando fue ministro la instalación del mismo duró seis o siete meses y los grandes anuncios no fueron nunca antes de ese período, porque es el período que uno necesita para definir políticas públicas de mediano y largo plazo.
Y de hecho, cuando se nos plantea que nos demoramos mucho en presentar la cartera de concesiones, el ministro Fontaine, del gobierno de Piñera, la presentó en septiembre, al igual que nosotros. Pareciera que con esta administración tenemos que responder antes a lo que normalmente son los plazos responsables que tiene que tener un gobierno para las políticas de Estado.
-También hubo una polémica por el senador Alfonso de Urresti y sus críticas por la lentitud del trabajo del MOP. Luego, salió Scarlett Vázquez, directora de OOPP. ¿Hubo un conflicto entre Apruebo Dignidad y socialismo democrático?
-Quiero ser muy claro en este sentido. No guarda ninguna relación la salida de la directora de Obras Públicas, con un conflicto puntual que tuvo con el senador de Urresti respecto a la Ley de Áridos. Corresponde a cosas radicalmente distintas. Y no están vinculadas entre sí. Tiene que ver con el tipo de ajuste que hicimos nosotros.
Y no hubo conflicto entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad. En mi rol de ministro yo trabajo no solamente con igualdad de trato con cada uno de ellos, sino que con una relación muy estrecha con ambas coaliciones.
-De acuerdo con el Presupuesto 2023, su cartera de concesiones tiene proyectada una inversión total por 13.258.000.000 de dólares. Se consideran 43 licitaciones y 52 proyectos en esa cartera. Es bastante. ¿Cuál diría usted que es el proyecto emblemático que espera dejar avanzado en el 2025?
-En tiempo de crisis económica, las obras públicas son fundamentales para la reactivación, tanto las obras públicas tradicionales como aquellas que son en alianza con el sector privado. Y esta cartera tiene dos sellos muy importantes en este gobierno. La primera, que es una cartera en que se está trabajando estrechamente con las regiones. Y la segunda es avanzar en otras alternativas de movilidad, como son los tranvías, teleféricos, trenes, que permiten educir desigualdades en las ciudades. Uno de los proyectos emblemáticos para nosotros, sin duda, es el tren entre Valparaíso y Santiago, que el presidente ha querido impulsar.
-Esta licitación está pensada para 2025 y plantea unos 3 mil millones de dólares.
-Existen en este momento dos propuestas de iniciativas privadas de trazado. Y nosotros como Estado hemos realizado una tercera opción pública. Estamos analizando los diferentes costos y beneficios que tienen las tres, de manera que como gobierno podamos a final de año presentarle una alternativa al presidente que pueda definir el trazado final.
-¿Usted cree que tiene rentabilidad social un proyecto como ese cuando los buses cumplen la función de manera eficiente?
-Como gobierno tenemos que estar mirando no a lo que sucede el próximo fin de semana en las carreteras, sino que lo que tenemos que instalar para los próximos 30 años. Y en esa perspectiva vemos que el tren cumple un rol fundamental para complementar la relación entre dos tremendamente importantes, como el Gran Valparaíso y la Región Metropolitana, que en conjunto cubren cerca de la mitad de la población del país.
El rol del Estado en infraestructura no puede ser siempre reactivo. El rol de la infraestructura tiene que ser también tener la capacidad de adelantarse a los desafíos futuros en la próxima década.
-Si la tercera opción del tren de Santiago Valparaíso es del sector público y es el sector público el que resuelve quién se adjudica esa licitación, ¿no es evidente que se la va a adjudicar la tercera opción?
-No. ¿Por qué tendríamos que solamente limitarnos a dos iniciativas privadas si podemos analizar más?
– El Estado es juez y parte al final.
– El Estado no es juez y parte. El Estado tiene la responsabilidad de planificar, proyectar y construir la infraestructura y para eso es muy importante el rol del sector privado. Pero no podemos hacer que el sector privado reemplace el rol del Estado en la sociedad.
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