El plan a concretar antes de fin de año. Un intenso lobby realiza en estos días la ministra del Interior, Carolina Tohá, con el fin de cerrar un compromiso transversal con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, que permita diseñar una política pública de seguridad ciudadana antes de fin año. Esta iniciativa, que derivará en una mesa de trabajo con parlamentarios, representantes del Ejecutivo y expertos, tiene al menos cinco ejes claramente establecidos destinados a recoger las ideas e iniciativas de todos los sectores políticos.
Los ejes que busca consolidar la ministra Tohá. Los puntos en que se deben priorizar en el combate a la delincuencia ya están detectados, según trascendió desde el Gabinete de la ministra Tohá, tomando en cuenta el diálogo que ha sostenido con distintos actores, tanto de la oposición como del oficialismo.
Además, se están recopilando informes sobre la realidad de cada región, de acuerdo a los distintos escenarios que las afectan, como narcotráfico, robo de madera, asaltos, toma de predios, delitos de mayor connotación social, entre otros. En estos días, la agenda gubernamental ha estado copada de actividades que apuntan en esa dirección. El plan de trabajo es el siguiente:
Los focos delictuales a priorizar. En estas semanas hay dos factores que son foco de atención en el Gobierno, que se califican como “espacios donde hay acuerdos para avanzar”. Y hacia allá apuntarán las modificaciones que se propondrán a la mesa de discusión: crimen organizado y narcotráfico.
La idea es introducir cambios legales que desincentiven las actividades que desarrollan en Chile variadas bandas internacionales. Un informe del Ministerio Público al que tuvo acceso Ex-Ante señaló que durante 2021 se detectaron operaciones en Chile del Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel o Clan del Golfo. Estas son algunas de las iniciativas:
Hay una política pública que ha visto algunos resultados satisfactorios en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la evasión de impuestos, que es la adopción de un registro de beneficiarios finales centralizado y accesible a otras entidades del Estado así como al público general.
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