Los antecedentes de la movilización. Esta mañana, a partir de las 08:00 AM, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sentó en la mesa de negociaciones -en la sede de su cartera- a los presidentes de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya; y de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez.
Movimiento dividido. Esta vez, el Gobierno enfrenta demandas relacionadas tanto con la seguridad de las rutas como las fuertes alzas de combustibles. Los camioneros movilizados reclaman que el costo de un viaje desde Santiago a Arica puede costar sobre los 2,5 millones de pesos solo en gasto de petróleo, lo que se agrava todas las semanas por las alzas que anotan los combustibles y que han sido permanentes desde inicios de año.
Reunión con Marcel. En la reunión de esta mañana, el secretario de Estado les informó a los dirigentes lo siguiente: El Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles va a tener recursos para el próximo año y el impuesto específico, que termina el 31 de diciembre, se prorrogará por un año.
El movimiento en el Norte. El presidente de la CNDC, Juan Araya dijo que el problema actual de los camioneros del norte son los denominados “cortacolas”, como se conoce a los comisionistas o intermediarios que contratan el transporte de carga y subcontratan el servicio. “Los reajustes de 20% o 30% que consiguen en los contratos, no se lo traspasan al pequeño empresario camionero y lo asfixian”, denunció el dirigente.
Las otras negociaciones. Terminado el encuentro en Hacienda, Sergio Pérez se reunió con la Confederación de la Producción del Comercio. Es allí donde se concentran los grandes generadores de carga, señaló, y su objetivo fue pedirle una mejora en las tarifas, según confirmó a Ex-Ante antes de ingresar al encuentro. Lo acompañaron el presidente de las federaciones del sur, Carlos Bretti; José Sandoval, presidente del Sindicato de Choferes de Camiones; y el secretario ejecutivo de la CNCD, Baldemar Higueras.
La elección del próximo domingo 17 de diciembre marcará el cierre -a lo menos momentáneo- de un largo proceso de convulsión política iniciado en octubre de 2019. Pero también, podrá marcar el inicio de una nueva etapa, donde lo que está en juego es mucho más que una nueva Constitución.
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