Macrozona Sur: Cómo el Congreso avanza a paso firme en el proyecto que resguarda la infraestructura crítica

Con 7 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, el proyecto que da las FFAA facultades para proteger instalaciones esenciales será despachado a la Cámara de Diputados para su ratificación y luego será enviado al Senado para el último trámite legislativo. A inicios de mayo, el gobierno evaluó reflotar la iniciativa para resguardar las rutas ante la ola de violencia en la Macrozona Sur. Y más tarde decretó un estado de excepción acotado. Lo que no esperaban era que una comisión mixta avanzaría en una iniciativa más restrictiva a la del Ejecutivo, en caso de aplicarse en La Araucanía.

Qué observar. La tarde de este miércoles se desarrolló la votación en una comisión mixta destinada a revisar el proyecto de infraestructura crítica, que permitirá a las FFAA resguardar recintos como hospitales, escuelas, carreteras o líneas ferroviarias en situaciones de grave o inminente peligro en el país.

• El senador de la DC Matías Walker, presidente de la comisión, afirmó que todas las fuerzas políticas colaboraron para que este proyecto pudiera ser aprobado. Solo se abstuvo el diputado de RD Jorge Brito, por lo que ahora pasará a votarse en la sala de la Cámara de Diputados. A la comisión no asistieron los PS Alfonso de Urresti y Leonardo Soto, aunque los socialistas habrían logrado un acuerdo a través de sus asesores para avanzar en esta iniciativa, que requiere de un quorum de 3/5 para ser aprobada.
• A continuación, se muestran algunos detalles de lo aprobado en la comisión mixta:
• “Cuando exista peligro grave o inminente para la infraestructura crítica del país podrá decretar mediante decreto supremo fundado suscrito por los Ministros del Interior y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de su protección”.
• “La infraestructura crítica comprende aquel conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales, de utilidad pública, o aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica, al medio ambiente o la seguridad pública del país. Se entiende incorporada en el concepto de infraestructura crítica aquella indispensable para la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población como energía, agua o telecomunicaciones; la infraestructura de conexión vial, aérea, terrestre, marítima o ferroviaria; y la infraestructura de servicios de utilidad pública como los servicios o sistemas de asistencia sanitaria o de salud”.
• “Esta medida no podrá extenderse por más de 60 días, sin perjuicio de qué pueda prorrogarse por igual período, con acuerdo del Congreso”.
• “El Presidente de la República deberá informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud de esta atribución, así como de los efectos o consecuencias de su ejecución una vez terminada dentro del plazo de cinco días. Con todo si la atribución se extendiera poner plazo máximo, se deberá informar a los 30 días”.

Telón de fondo. A inicios de mayo, en una reunión sostenida entre el subsecretario Manuel Monsalve y las asociaciones de contratistas y trabajadores forestales, se discutió la viabilidad de que la seguridad vial que demandaban los gremios a partir de la ola de violencia en la Macrozona Sur se resolviera definiendo los caminos como infraestructura crítica bajo el resguardo de las FFAA. La fórmula evitaba recurrir al estado de emergencia, ya entonces rechazado por La Moneda.

• El Gobierno, sin embargo, avanzó en un estado de excepción acotado, que actualmente está rigiendo. Lo que no estaba en sus planes era que la comisión mixta siguiera avanzando en el proyecto de infraestructura crítica, que supone medidas más restrictivas a las dispuestas por el Ejecutivo si se aplica en la Macrozona Sur.
• El proyecto, de origen parlamentario, fue presentado el 26 de noviembre de 2019 en respuesta a los efectos provocados por el 18-O, avanzó en el Senado y quedó trancado en la Cámara de Diputados. El voto en contra de los entonces diputados Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo implicó que la iniciativa pasara a comisión mixta. El gobierno pasado le puso urgencia 68 veces y no logró avanzar.