El supuesto affaire de la diputada Maite Orsini con el ex seleccionado nacional Jorge “Mago” Valdivia ha ido pasando de un mero asunto privado y más propio de la farándula a uno o más posibles delitos o faltas a la integridad y a ser cubierto por todos los noticiarios. Corresponderá a las entidades competentes como la Comisión de Ética, Carabineros, Contraloría y el poder judicial dilucidar si hubo o no irregularidades y qué sanciones podrían merecer. Pero de lo que no cabe duda alguna, es los cuestionamientos que se hacen a la falta de igualdad de trato que suele darse en nuestro país. Cuestionamiento que incluso estuvo en las posibles causas del estallido social del 2019 según diversos estudios y encuestas de opinión realizas por entidades como el CEP y Espacio Público.
Se ha dicho que Chile es un país bastante desigual y con un poder y élite económica y política muy homogénea y endogámica (Desiguales, del PNUD y estudios de la élite de Jorge Atria, por ejemplo). Esto ha implicado que los “telefonazos” son más comunes de lo que uno esperaría y quienes tienen más facilidad de acceso a los tomadores de decisión, son capaces de influir en la agenda y obtener decisiones a su favor de un modo bastante desigual comparado con cualquier ciudadana/o de a pie.
Para intentar nivelar un poco la cancha a favor de la Señora Juanita, hace casi 10 años se dictó en nuestro país la ley de lobby. El objetivo de esta es, por un lado, hacer transparente la relación entre el sector privado y público, cuando el primero intenta influir en las decisiones del segundo y, por otra parte, que cualquier persona pueda acceder a las autoridades para hacerle ver su punto de vista sobre un tema de su interés.
Para que esto último sea real, cualquiera con acceso a internet, puede solicitar por un formulario una reunión con alcaldes/as, parlamentarias/os, ministras/os, por ejemplo. No hay obligación de que se le dé la reunión, pero sí de responderle en un plazo de 3 días hábiles y de igualdad de trato, es decir, si reciben a alguien que tiene un interés similar o contrario al mío, deben tratarme de un modo equitativo. Hasta la fecha, ha habido más de 600.000 audiencias o reuniones por la ley de lobby, desde las más grandes empresas hasta comunidades o juntas de vecinos.
A pesar de estos avances para emparejar la cancha y permitir que todos podamos acceder en equidad a nuestras autoridades para influir, de modo legítimo, en la toma de decisión, aún quedan brechas relevantes que cubrir. En primer lugar, la ley no regula las comunicaciones personales como el teléfono, WhatsApp, Telegram o mensajes de texto, como sí ocurre en países como Estados Unidos, Reino Unido y según proponen los estándares de la OCDE, ese selecto club del cual nos enorgullecemos de ser parte.
Esto deja un gran espacio y vacío legal que impide que a ratos distingamos entre un abuso de poder, como el tráfico de influencias y un legítimo intento de influir. Así, si alguien quiere evadir la publicidad de estas relaciones, basta un audio de whatsapp que nadie está obligado a registrar ni transparentar. Pero si alguien también quiere ser más eficaz, a veces ese mismo medio puede ser el más idóneo en pleno siglo XXI, particularmente con temas que pueden avanzar muy rápidamente y no se quiere esperar la respuesta de un formulario.
El problema es que no estamos en igualdad de condiciones, ya que no todas las personas tienen el teléfono de parlamentarias/os, generalas/es u otras autoridades.
El famoso telefonazo a una generala de Carabineros o incluso un WhatsApp al Director General de dicha institución, sin registro ni publicidad, no vulneran la ley de lobby. Sin embargo, hay una fuerte crítica a un posible trato preferencial para tratar asuntos privados.
Esto nos demuestra que es clave que nuestras instituciones se adapten y respondan a los contextos actuales, por esto, una ley de lobby que no considere los contactos a través de mensajes o llamados puede convertirse en un saludo a la bandera que, finalmente, aumente la desafección ciudadana con la política al ser una herramienta inútil y solo para quienes no tienen acceso directo a las autoridades.
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