Se ha dado inicio a una discusión inevitable: ¿debe la Convención Constitucional solicitar al Congreso Nacional un nuevo plazo para proponer al país un texto constitucional?
No hay consenso al interior de la Convención sobre el punto, algunos piensan que se puede cumplir con el término fijado para el 4 de julio sobre la base de reorganizar o redistribuir las normas para su discusión en comisiones más pequeñas o en aquellas que tienen una menor carga de trabajo. Otros estiman que será imposible con el ritmo de votaciones actual llegar a un texto suficientemente razonado y coherente en tan breve plazo.
Detrás de este stress por los plazos hay una enorme responsabilidad de la propia convención, que dedicó muchas semanas a conversaciones reglamentarias, a comisiones del mas variado tipo o a pronunciarse sobre aspectos que escapan al encargo que les dio el pueblo de Chile. Por cierto también ha influido el hecho que algunas de las comisiones han preferido actuar por mayoría simple para aprobar sus propuestas de normas, antes que construir consensos más amplios que hicieran más expedito el tramite ante el pleno, evitando estas idas y vueltas que solo muestran inmadurez política.
La pretensión de escribir una Constitución que reinvente un país, y además hacerlo con centenares de artículos muchos de los cuales deberían ser objeto de ley y no parte del texto constitucional, amén de normas transitorias descabelladas, también ha consumido tiempos preciosos para la deliberación de aquello que sí corresponde. Finalmente, la falsa participación ciudadana ha implicado semanas sin cambiar absolutamente nada de lo que ya antes los convencionales habían decidido aceptar o rechazar.
Muchos en la Convención, por otra parte, descartan la idea de recurrir al Parlamento para ampliar los plazos pues consideran que haría más explícita o evidente la dependencia del poder constituyente respecto de los poderes constituidos, como les gusta decir. El temor a que el Congreso no sólo modifique los plazos sino que “se ponga creativo” ha sido expresado por algunos convencionales opuestos a la idea de pedir aplazamientos.
La Convención debería ser capaz de cumplir con el programa y el itinerario que ella misma se ha fijado. Para ello probablemente tendrán que continuar las maratónicas sesiones de votación, pero lo más importante sería que las comisiones fueran construyendo acuerdos de 2/3 antes de llegar al pleno, de manera de reducir el eterno retorno de las normas, y que concentraran las propuestas en lo que es más propio e indispensable para un proyecto de constitución. En cualquier caso, abril o mayo sería el momento de evaluar si acaso el pleno requiere un par de meses más antes de entregar al grupo de armonización las normas aprobadas para su redacción final.
El plazo no es condición de éxito o causa del rechazo del proyecto que elabore la Convención. Podría alargarse este debate por años, como de hecho muy probablemente ocurrirá ya que el país requerirá tiempo para digerir estos cambios y leyes para hacerlos realidad. Por ello, lo clave para la Convención y el éxito de su propuesta es evidenciar el ánimo de construir un casa común, si acaso existe.
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