Los más de $300 mil millones objetados por Contraloría a los protagonistas del caso Convenios

El compendio de fiscalizaciones publicadas por Contraloría entre abril de 2024 y marzo de 2025 registró $303.056 millones objetados a los Gobiernos Regionales (Gore) y más de $12 mil millones al Ministerio de Vivienda (Minvu), protagonistas estatales del caso Convenios.

Por qué importa. El informe enviado por la Contraloría a la Cámara, con el compendio de sus fiscalizaciones publicadas entre abril de 2024 y marzo de 2025, mostró que los protagonistas estatales del caso Convenios —Gobiernos Regionales (Gore) y Ministerio de Vivienda (Minvu)—, mantenían al menos hasta el año pasado múltiples deficiencias en el control de los recursos fiscales.

• El documento, publicado el viernes, detalló que en 792 auditorías a todo el aparato estatal objetaron $1.505.707.732.640, es decir, más de US$1.580 millones.
• Entre estos había $303.056 millones objetados a los Gobiernos Regionales (Gore) y más de $12 mil millones al Ministerio de Vivienda (Minvu).
• Tanto con los Gore como el Minvu están tras las asignaciones directas realizadas a fundaciones y corporaciones por todo el país que dieron origen al caso convenios, destapado en junio de 2023.
• El informe de Contraloría planteó reparos, entre otros, al programa de asentamientos precarios del Minvu cuestionado en el caso inicial: el traspaso de $426 millones a la fundación Democracia Viva ligada al partido Revolución Democracia —hoy parte del Frente Amplio—, para realizar tres proyectos de campamentos, por parte de la secretaría regional ministerial (seremi) de Antofagasta.

Los Gore. El informe contempló objeciones a los gobiernos regionales de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O’Higgins, el Maule, Biobío, Los Ríos, Araucanía, Los Lagos y Aysén. Por el período de reportes contemplados, se excluyó el traspaso de $31 millones desde el Gore Metropolitano a una asesoría de 2024 que incluyó sesiones completas sobre la reelección del gobernador Claudio Orrego (ex DC), quien declaró como imputado en la arista penal. A continuación, algunos casos.

• Arica. “Mantiene expedientes de rendiciones que no cuentan con la documentación que acredite la asistencia a la actividad de los Consejeros Regionales, por un monto de $5.101.146”.
• “Del mismo modo, presenta rendiciones de cuentas que no contienen los antecedentes que respalden el motivo del cometido, por $2.634.080, o que guarden relación con las funciones del Consejo Regional”.
• Tarapacá. “Gastos rechazados por el Gore ascendentes a $64.417.978, sin que estos hayan sido reintegrados por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá”, entre otras objeciones.
• Antofagasta. En la categoría de incumplimiento de proyectos se cuestionó un proyecto de $629 millones con la fundación ProCultura.
• “Se evidenció un retraso en el cumplimiento de la carta Gantt y falta de antecedentes de la ejecución de las actividades desarrolladas por parte de una fundación para la realización del proyecto ‘Recuperación de fachadas zona de conservación histórica, Antofagasta’, a partir de la etapa 3, de intervención de fachadas, la cual comenzaría su ejecución en el mes de mayo de 2023, para finalizar en agosto de ese año, sin embargo, en este último mes la fundación continuaba recopilando antecedentes para el desarrollo del proyecto”.
• Coquimbo. “Se detectaron gastos asociados a viajes internacionales a México, Argentina y Egipto, incluidos los traslados nacionales requeridos para ello, realizados durante el año 2022, por $12.751.519, por la exgobernadora regional y de quienes le acompañaron, que resultaron improcedentes y/o insuficientemente acreditados”.
• Biobío. “La entidad transfirió la suma de $180.000.000, en octubre de 2021, a una fundación (Artesanías de Chile), sin exigir una garantía por el fiel cumplimiento del convenio, situación que no permitió resguardar el patrimonio fiscal ante eventuales incumplimientos”.
• “Además, un total de $31.691.771 se encuentran insuficientemente acreditados por parte de la fundación receptora”.

El Minvu. Respecto del programa “Integración urbana de campamentos” se consignó que “la entidad incorporó en sus estados financieros gastos por transferencias realizadas a terceros, respecto de los cuales no tiene certeza que correspondan a un gasto cierto y elegible, toda vez que no se encuentran rendidas al cierre de la anualidad, tales como”:

• “Trasferencias efectuadas por las Secretarías Regionales Ministeriales, no rendidas por $11.850.522.471”.
• “Transferencias por $1.469.238.320 cuyas rendiciones se encuentran bajo el concepto ‘sin movimiento’ al cierre del ejercicio contable”.
• “Transferencias que deben ser reintegradas por gastos no ejecutados de convenios con término anticipado por $262.201.217”.
• “Rendiciones de cuentas en estado ‘rechazada’ u ‘observada’ por el Minvu, no regularizadas por las entidades ejecutoras por $534.032.602”.
• En Tarapacá, “en los gastos rendidos por la fundación Enred asociados a 5 convenios, se verificó la existencia de al menos 35 facturas emitidas entre noviembre de 2022 y abril de 2023 por $256.774.543, a una empresa donde la única socia y representante legal es la hermana del director técnico y gestor de intereses de dicha fundación”.
• “Asimismo, el referido director técnico emitió boletas de honorarios como arquitecto encargado de diagnósticos con cargo a dos convenios, siendo, a su vez, funcionario de la División de Asentamientos Precarios en el nivel central del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.