Poco a poco en Chile se está consolidando el consenso sobre la relevancia de planificar las grandes obras de infraestructura con una perspectiva de largo plazo. Este enfoque ha sido respaldado por varios actores que miran hacia el futuro, con horizontes que alcanzan al menos hasta mediados de la década del 2050. Ejemplos de esto incluyen la actualización del Plan Director de Servicios de Infraestructura por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el proyecto de ley para establecer el Consejo Nacional de Futuro y Desarrollo.
Es evidente que Chile enfrenta importantes desafíos para las próximas décadas. Uno de ellos es asegurar infraestructura hídrica que garantice un abastecimiento sostenible para las comunidades, así como para sectores clave como la agricultura, la silvicultura y la minería. Entre las soluciones se contemplan plantas desaladoras y proyectos de embalses adaptados a las cuencas regionales.
Otro reto significativo es mejorar la cadena logística del país, incluyendo redes de transporte de carga más eficientes. Es fundamental también fortalecer los servicios de conexión entre las principales ciudades como Valparaíso, Santiago y Concepción, mediante la continuidad de la red concesionada, mejoras en las rutas secundarias y avances en proyectos ferroviarios en la zona central.
En la misma línea, se destacan los desafíos de ampliar el puerto de Valparaíso y continuar impulsando el desarrollo del puerto de gran escala en San Antonio. Este último proyecto será crucial para una ciudad que enfrenta importantes necesidades en servicios, vivienda, conectividad, salud y educación, y que requerirá adecuaciones significativas en los próximos años para materializar esta iniciativa.
Además, es imperativo que el país ofrezca seguridad a sus ciudadanos, lo que implica concretar los nuevos centros penitenciarios anunciados y completar la cartera hospitalaria con instalaciones de calidad y en tiempo adecuado para sus usuarios.
En este contexto, la obtención de permisos para estas inversiones debe ser proporcional y contar con la capacidad institucional adecuada para agilizar los procesos. Esto permitirá al Estado llevar adelante las inversiones públicas necesarias, al tiempo que proporciona certeza jurídica a los actores privados involucrados en la infraestructura pública. Es esencial que este sistema sea eficiente y rápido, sin descuidar los aspectos ambientales y sociales. En el Congreso actualmente se encuentran en proceso dos proyectos de ley que buscan modernizar la entrega de autorizaciones, que en algunos sectores enfrentan demoras significativas.
La integración de estas visiones sobre el país, las inversiones necesarias, las oportunidades para realizarlas y el papel de los diversos actores requiere niveles de coordinación que actualmente están ausentes.
Es por ello que desde el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) hemos propuesto la creación de un Consejo Asesor Presidencial en Infraestructura, con el fin de contribuir a la planificación a largo plazo que el país necesita. De no avanzar en esta dirección, corremos el riesgo de perder competitividad y dificultar nuestro proceso de desarrollo.
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