Los argumentos detrás del debate sobre el secreto bancario. Por Jorge Ramírez

Todo parece indicar que, en este debate, lo que se busca en el corto plazo, es sacar dividendos con una medida presentada como indispensable para enfrentar la creciente presencia del crimen organizado en nuestro país.

La izquierda, liderada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, le está ofreciendo a la ciudadanía una respuesta simple a un problema complejo. Así lo hicieron con la consigna “Fin al lucro”, donde intentaron hacer creer a la opinión pública que todos los males de nuestro sistema educacional se terminarían siguiendo esta receta mágica.

Han planteado algo similar en materia previsional, con la consigna “No más AFP”, y, en un nivel más amplio, extrapolaron la estrategia al campo constitucional, donde un texto mágico aparentemente sería capaz de erradicar todos los males de nuestra nación a través de un simple “Apruebo”.

Esta vez, la consigna es el “fin al secreto bancario”, entendido como una suerte de fórmula mágica que permitiría nada más ni nada menos que desestructurar el crimen organizado.

La simplificación a través de la división del campo político en bandos contrapuestos y la construcción artificial de vasos comunicantes entre cuestiones inconexas es parte del manual del populismo. Basta leer a Ernesto Laclau en Hegemonía y estrategia socialista, una suerte de Biblia pagana de la izquierda postmarxista.

El Frente Amplio y el PC siguen las instrucciones de este credo, instalando esta vez una dañina sospecha de que la derecha se opondrá a la transparencia que implica el alzamiento del secreto bancario y abrazaría la opacidad porque tendría “algo que esconder”.

Curioso, considerando que hace un par de años el Frente Amplio inclusive se opuso al control de identidad preventivo. Es decir, se resistían a la idea de que un individuo tuviera que mostrar su carnet de identidad a un carabinero ante contextos y conductas sospechosas, criticando el argumento “el que nada hace, nada teme”, que es exactamente el mismo argumento que hoy esgrimen para justificar el acceso a los movimientos bancarios.

Uno de los problemas del proyecto que el Ejecutivo busca aprobar es que invierte la carga de la prueba en materia de alzamiento del secreto bancario, puesto que ya no sería el Estado quien tiene que justificar la medida intrusiva, sino el individuo quien debe probar que la solicitud de acceso a su cuenta bancaria es injustificada. Un completo sin sentido.

Pero en este debate las cosas son más complejas de lo que parecen. En los últimos 10 años, las veces que el SII ha solicitado a tribunales levantar el secreto bancario se cuentan con los dedos de una mano, sin exagerar.

De acuerdo con un estudio del Observatorio Judicial, entre 2013 y 2023, éste se solicitó cuatro veces, y en todas se concedió el alzamiento. Lo mismo ocurre con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entidades que ya actúan ante operaciones y flujos monetarios anómalos que impliquen algún grado de sospecha. ¿El mecanismo es perfectible? Por cierto que lo es.

Pero el problema es otro y más profundo. Hayek, en Camino de Servidumbre, ofrece una definición no legal, pero no menos precisa, de lo que es el Estado de Derecho: “significa que el Estado está sometido en todas sus acciones a normas fijas y conocidas de antemano; normas que permiten a cada uno prever con suficiente certidumbre cómo usará la autoridad sus poderes coercitivos en cada circunstancia”.

¿Cuáles son las garantías de un contribuyente de que a futuro el Servicio de Impuestos Internos no actuará de manera arbitraria respecto del acceso a nuestra información financiera?

Lo que se busca en el corto plazo, es sacar una ventaja política presentando esta medida como indispensable para combatir el crimen organizado.

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