Noviembre 22, 2022

Los 4 modelos de Convención que tensionan la negociación constituyente

Nelly Yáñez

Ante las dificultades para alcanzar un acuerdo frente al mecanismo constitucional y a la advertencia de la oposición de que no dará su anuencia en noviembre si el futuro órgano no se distancia de la fracasada fórmula de la Convención, el oficialismo busca a contrarreloj destrabar las negociaciones a través de la creación de un comité técnico político, que pueda conciliar las 4 fórmulas que están sobre la mesa.


1) Propuesta de la oposición. Para Chile Vamos es clave que el organismo que redacte la propuesta de nueva Constitución se distancie lo más posible de la Convención Constitucional, cuyo texto fue rechazado en forma rotunda en el plebiscito del 4 de septiembre.

  • La fórmula plantea un órgano constituyente de un máximo de 50 integrantes, tal como el Senado, y con sus mismas reglas.
  • Lo anterior implica que los miembros deben ser elegidos en votación directa, por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones que existen en el país, cada una de las cuales constituirá, a lo menos, una circunscripción.
  • El objetivo, según se hace ver, es evitar la extensa discusión que significaría consensuar un nuevo sistema electoral para constituir el ente que reemplazaría a la Convención.
  • Para ser electo se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado la enseñanza media o equivalente y tener cumplidos treinta y cinco años de edad o más al día de la elección.

2) Propuesta del oficialismo. El Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, coaliciones base del gobierno del Presidente Boric, proponen un órgano 100% electo, bajo el nombre de “Cabildo Constitucional”, con 99 representantes, incluyendo 9 escaños reservados.

  • Se propone un funcionamiento acotado a 5 meses, teniendo en cuenta que sobre la mesa están la mayoría de los insumos.
  • Los representantes serán electos en listas regionales cerradas, elaboradas bajo un sistema “cebra”, es decir, con paridad de género.
  • La elección se plantea para fines de marzo, con voto obligatorio, con un Plebiscito de Salida a fines del próximo año, también con el mismo sistema de sufragio.
  • El órgano tendrá un plazo entre mayo y septiembre para realizar su trabajo.
  • Se plantea un comité de expertos, no vinculante, que elabore un anteproyecto que comenzaría a trabajar en enero.

3) Partido Demócratas. La tienda encabezada por Ximena Rincón y Matías Walker plantea poner con urgencia una fecha para el cierre de las negociaciones, la que de no cumplirse derive en una consulta a la ciudadanía sobre el camino que se debe seguir para elaborar la propuesta de la nueva Constitución. Los puntos son los siguientes:

  • Un órgano constitucional 100% electo.
  • Un Comité de Expertos que elabore un anteproyecto de Nueva Constitución, tal como lo planteó el ex Presidente Ricardo Lagos, que debe ser debatido por un órgano redactor de 60 integrantes. Esta instancia quedaría establecida por un porcentaje mínimo de elegibilidad: 28 de ellos en elección uninominal en representación de los actuales distritos de diputados; 32 en elección proporcional en listas nacionales cerradas por partidos, y representación de pueblos originarios en proporción a su votación.

4) Amarillos por Chile. Encabezado por Cristián Warnken, esta colectividad en formación propone un Consejo Constituyente 100% designado por el Congreso Nacional, que redacte una nueva Constitución, sobre la base de los 12 bordes institucionales, y sometido a un plebiscito de salida. La fórmula considera los siguientes lineamientos:

  • Un Consejo Constituyente elegido democrática e íntegramente por el Congreso Nacional, en que estén representadas las distintas sensibilidades y visiones políticas, el que asuma la tarea de redactar en el menor plazo posible una nueva Carta Magna, partiendo de los 12 puntos del preacuerdo constitucional en los que se ha venido trabajando en las últimas semanas.
  • Una vez que se llegue a un texto que suscite un amplio consenso, se lo someterá a plebiscito. Se trata de un proceso democrático, en el que, por un lado, se validen las instituciones de la democracia representativa y, por otro lado, la ciudadanía tendrá la última palabra.

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