-¿Qué significa en concreto para el sistema de concesiones viales la derogación del artículo 114 de la ley de tránsito, que fue aprobado en la Cámara de Diputados?
-El artículo 114 de la ley de tránsito fue una modificación esencial cuando se instauró el sistema de concesiones en Chile, porque es la base que ha permitido el desarrollo de la infraestructura vial del país en las últimas tres décadas. Las autopistas concesionadas son, en su esencia, bienes nacionales de uso público, y aunque son operadas por privados, el Estado sigue siendo el dueño de la infraestructura.
El sistema de TAG, que se instauró para facilitar el cobro de peajes en autopistas urbanas, es un ejemplo de cómo Chile innovó en el mundo del transporte. Gracias a este sistema, se mejoró la capacidad logística, y Chile logró una de las mejores infraestructuras viales del mundo a través de la colaboración público-privada.
-¿Cómo funciona el artículo 114?
-El sistema de peaje electrónico es clave, ya que permite una forma indirecta de control. Las multas de tránsito fueron establecidas para reforzar el cumplimiento, son una parte central del sistema de pagos diferidos de peaje. Sin ellas, las autopistas deberían volver a los sistemas de barreras y de cobro anticipado, es el fin del free-flow. Es ponerle reversa a todo el desarrollo del flujo continuo en carreteras y autopistas.
Si la multa no se paga, el usuario no puede renovar el permiso de circulación, lo que efectivamente le corta el acceso a las autopistas. Esto se ha establecido para evitar el incumplimiento, ya que no podemos cortar directamente el acceso al servicio como lo harían las compañías de agua o electricidad.
-¿Qué consecuencias tendría este proyecto, en caso de prosperar en el Congreso?
-Eliminar el artículo 114 destruiría el sistema que asegura que los usuarios paguen por el servicio de las autopistas. Sin esta multa, no habría ningún incentivo para que los conductores paguen el TAG. Esto podría llevar a un incremento de los morosos, con multas impagas que serían casi imposibles de recuperar a través de los métodos administrativos actuales.
La derogación del artículo elimina la capacidad de cortar el servicio indirectamente, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema concesionado y la calidad de las infraestructuras. Esto afectaría negativamente la inversión en nuevas concesiones viales, ya que, al igual que las empresas de servicios básicos, las concesionarias dependen de la recaudación de estos peajes para financiar operaciones, mantenimientos y nuevas construcciones.
-¿Por qué cree que 59 diputados apoyaron esta iniciativa?
-Este tipo de proyectos apelan a un sentimiento populista, como lo fue con los retiros de fondos de pensiones. Se trata de propuestas que buscan ganar apoyo inmediato sin considerar las consecuencias a largo plazo. En este caso, muchos diputados no entienden las implicancias del sistema de concesiones y lo ven como una forma de “enriquecimiento” de las autopistas, cuando en realidad las multas se destinan a los municipios, no a las concesionarias.
-¿Qué impacto tendría este cambio en la competitividad del país?
-Si se elimina el sistema de concesiones viales, Chile perdería una de las mejores herramientas que ha tenido para mejorar su competitividad logística. La eficiencia en el transporte de productos es fundamental para exportaciones, especialmente considerando que nuestros mercados están a más de 10.000 kilómetros de distancia. Sin un sistema de autopistas adecuado, aumentaría el costo y el tiempo de transporte hacia los puertos, lo que impactaría directamente en nuestra competitividad.
-¿Qué espera de la revisión del proyecto en el Senado?
-Este es un proyecto que, en mi opinión, debe ser revisado a fondo en el Senado. La derogación del artículo 114 no solo es un golpe al sistema de concesiones, sino también a los ingresos fiscales, ya que las multas tienen un beneficio fiscal. Este proyecto, impulsado por grupos de presión vinculados a la protesta del estallido social, es un retroceso para el país, y espero que los senadores lo rechacen, pensando en el bienestar a largo plazo y no en medidas populistas.
-¿Cómo afectaría esto la estabilidad jurídica y las inversiones en infraestructura?
-El sistema de concesiones viales en Chile ha sido un modelo de estabilidad jurídica y de inversión. Si este proyecto se aprueba, se rompería la seguridad jurídica que han tenido las concesionarias y el gobierno. Hoy en carpeta hay más de US$10 mil millones que deben invertirse en los próximos años. Esta modificación atenta contra esa inversión en infraestructura, ya que los inversionistas necesitan garantías de que sus inversiones estarán protegidas. Si se genera incertidumbre sobre la viabilidad del sistema, como lo haría la eliminación del artículo 114, las futuras inversiones en infraestructura se verían seriamente comprometidas.
-¿Cómo espera que se resuelva esta situación?
-Lo ideal sería que prime la racionalidad y que los legisladores entiendan que las concesiones viales son un pilar fundamental para el desarrollo económico y logístico del país. Este no es un tema ideológico, sino de competitividad y eficiencia. Si el sistema se ve perjudicado, Chile se quedará atrás en términos de infraestructura, afectando a todos los sectores productivos. Es esencial que se corrija este proyecto para proteger el futuro del país. El propio MOP hizo ver que esta decisión tiene reservas de constitucionalidad, que esperamos permitan también resolver un tema que nos perjudica como país.
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