El oficialismo acordó lanzar una propuesta unitaria en torno a los bordes institucionales de cara a la reanudación del debate por el nuevo proceso constituyente.
Lea aquí el documento completo.
Los partidos firmantes reafirmamos el profundo compromiso con los cambios que nuestros país exige y con una nueva Constitución Política que dé cuenta de un nuevo pacto social inclusivo, justo y respetuoso de las distintas miradas de nuestra Patria, y que permita enfrentar los desafíos de hoy y del futuro. Creemos que la profundización de la democracia es la única manera de construir una sociedad inclusiva, justa y respetuosa de todas las miradas que habitan en nuestro país.
Es fundamental continuar con el proceso constituyente y entregar prontamente certezas que nos permitan avanzar hacia las garantías públicas que le den un mejor vivir a la ciudadanía. Retrasar esta discusión genera incertidumbre institucional que es perjudicial para el abordaje de las urgencias que viven día a día los chilenos y chilenas. Establecer prontamente una hoja de ruta participativa, austera y acordada transversalmente, es una obligación para todas y todos quienes estamos comprometidos con Chile.
Atendido el carácter colegislador del gobierno, valoramos su rol de acompañamiento en las conversaciones para llegar a acuerdos sobre el proceso constituyente. Asimismo, relevamos el trabajo del Ejecutivo en torno a las urgencias de la población cuyas soluciones transitan por un camino propio e independiente al del proceso constitucional, por lo que el condicionamiento de la nueva Constitución a opiniones sobre la gestión del gobierno, o compromisos respecto al respaldo o rechazo de las reformas más urgentes y sentidas por la ciudadanía, debe ser descartado bajo cualquier punto de vista.
Reiteramos nuestra voluntad y convicción de habilitar una vía a una Nueva Constitución a través de conversaciones y acuerdos que no sean parciales, sino que integrales, considerando todos los elementos esenciales para proyectar un verdadero proceso constituyente. Si queremos cuidar el diálogo y tener un resultado que exprese dicha integralidad, se requiere de la revisión y voluntad de avanzar en todos los puntos de manera conjunta.
A continuación, las fuerzas firmantes proponemos los siguientes puntos de acuerdo, recogiendo los avances en las conversaciones sostenidas hasta hoy, esperando poder avanzar con premura, responsabilidad y buena fe.
Resulta esencial al contenido del acuerdo para las presentes fuerzas políticas la determinación del carácter 100% electo del órgano constitucional tal como lo mandata el plebiscito de octubre de 2020. La soberanía se expresa cuando es la ciudadanía la que define libremente quiénes son las personas mandatadas a la redacción de un nuevo texto que responda a sus propias necesidades y expectativas.
La subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones ha sido profundamente diagnosticado en los últimos procesos electorales, siendo la paridad una propuesta altamente valorada por la ciudadanía, la academia y las organizaciones de mujeres y feministas en el mundo entero. La paridad es una condición democrática que debe sostenerse, y para ello el carácter representativo del órgano debe cumplirla tanto en la etapa de elección de sus representantes como en la composición total del órgano constitucional.
Al igual que en gran parte del mundo, Chile tiene una deuda con el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Existen numerosos informes nacionales e internacionales que sugieren al Estado de Chile actualizar su ordenamiento jurídico con el objeto de proteger la diversidad y riqueza cultural de las comunidades indígenas. Creemos que este procedimiento implica consagrar su participación colectiva mediante escaños reservados en el órgano democrático, en un número proporcional el registro indígena de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
La participación de personas independientes debe garantizarse mediante mecanismos electorales que posibiliten ser elegidos dentro de las listas en conjunto con los partidos.
El proceso constituyente que nos otorgamos como país se sitúa en un trayecto histórico republicano y constitucional que nutrirá todo su desarrollo. De esta manera, el texto de la nueva constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter unitario del Estado de Chile, como también su condición de República y su régimen democrático. Esto quiere decir que se respetará la existencia, autonomía e independencia plena del poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo.
Asimismo se respetarán las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En este sentido la nueva constitución respetar a todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile, donde encontramos, entre otros, el derecho a la libertad de religión, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho a la propiedad y el derecho a la igualdad.
La nueva constitución respetará y conservará el Himno nacional y nuestros emblemas patrios.
La legitimidad del debate constitucional se fortalece en la medida que se garantizan las diversas formas de participación ciudadana. Proponemos incorporar procesos que permitan a las personas involucrarse en el debate constitucional, informarse sobre sus contenidos y la priorización de sus temas, mediante una fuerte articulación con organismos como municipios y gobiernos regionales, entre otros. Acoger las propuestas de participación del municipalismo, como la presentada por la Asociación Chilena de Municipalidades, nos parece un paso importante en este sentido.
Consideramos oportuno conformar un equipo de expertos y expertas abocados a la preparación de la instalación del órgano constitucional mediante la sistematización de insumos y al acompañamiento permanente del debate en todas sus fases. El Congreso Nacional deberá definir la integración del comité técnico, respetando estrictos criterios de idoneidad profesional.
Consideramos relevante que este equipo se conforme con carácter paritario y no deliberativo, resguardando el mandato soberano de las personas electas por la ciudadanía para estos fines.
Este equipo sistematizará los insumos de debate del órgano constitucional, entendiendo el proceso Constituyente como uno que se construye sobre la base de la propia historia constitucional de la República, incluyendo el proyecto constitucional de la exPresidenta Bachelet, la propuesta de texto de la ex Convención Constitucional, los insumos de las consultas ciudadanas realizadas por las municipalidades el 2019 y el trabajo de la academia.
Considerando la necesidad de entregar prontas certezas a la ciudadanía y en vista de los plazos presentados por el Servicio Electoral, proponemos un itinerario constitucional que considere la elección de representantes durante abril de 2023, el funcionamiento del órgano durante un plazo no mayor a 6 meses, además de un plebiscito de salida en diciembre de 2023 con voto obligatorio. Para que esto sea posible el reglamento de funcionamiento del órgano democrático deberá ser aprobado como parte de la reforma que habilite el proceso constitucional.
A continuación el documento íntegro:
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