Las dudas sobre el informe de Javiera Martínez que dice que “amarre” de funcionarios no tiene costo fiscal

El documento de Dipres fue cuestionado por parlamentarios de oposición que señalan que la dificultad para remover a funcionarios tendrá un costo de largo plazo y que convierte un gasto variable en un gasto permanente. El economista David Bravo afirmó que se debiera transparentar el número total de beneficiarios: “la inamovilidad representa un costo y eso no queda reflejado en el informe”, indicó. El ministro Grau reconoció que el proyecto tiene pocas posibilidades de ser aprobado.

Ingreso de proyecto. La noche de del lunes ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reajuste al sector público, que incluye 129 artículos sobre numerosas materias, entre ellas la normativa que aumenta los requisitos para desvincular a funcionarios a contrata del Estado.

• El proyecto elaborado por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA) en base a un acuerdo con los funcionarios, establece que la no renovación de una contrata debe hacerse “mediante un acto administrativo fundado, basado en criterios objetivos y suficientemente acreditados y que no será admisible la mera referencia formal a las necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”.
• Además reduce de 5 a 2 años la permanencia que debe tener un funcionario a contrata para poder reclamar vicios de legalidad si no es renovado en el cargo.
• La medida fue criticada por expertos y por la oposición que acusó una “ley de amarre” del gobierno saliente de Gabriel Boric para asegurar el trabajo de funcionarios contratados en la actual administración y que el gobierno entrante de José Antonio Kast tenga dificultades para removerlos.
• Para subsanar esto, Grau precisó en el mismo proyecto que los asesores de gabinete del Presidente, los ministros, subsecretarios y jefes de servicio deberán presentar su renuncia al cargo antes del 11 de marzo de 2026.

Informe financiero. El proyecto de ley de 143 páginas firmado por Boric y Grau, fue acompañado de un informe financiero de 24 páginas firmado por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

• El documento señala que el costo total del reajuste al sector público (de 3,42%) más los proyectos anexos que incorpora, significa un gasto total de US$1.785 millones para 2026. Ya en régimen implica un gasto anual de US$1.274 millones.
• Sin embargo, respecto a la norma que rigidiza el empleo público dificultando la no renovación de contratas, el informe financiero señala que no tendrá costo para el fisco.
• “No renovación de contratas. Establece normas especiales para aplicar la no renovación de contratas, o su renovación en condiciones distintas. Por su naturaleza normativa, esta norma no tendrá efecto fiscal”, señala el documento.
• Ni el informe ni el proyecto mencionan cifras sobre la cantidad de funcionarios que podrían verse beneficiados con la normativa. Según el informe trimestral de la Dipres, sólo en el Gobierno Central hay 534.807 personas contratadas, de las cuales 294.145 tienen estatus de contrata. A ellos hay que sumarles los funcionarios a contratas de municipios y universidades estatales, lo que daría un cifra cercana a los 380 mil empleados.

“La inamovilidad representa un costo”. Según señala el economista David Bravo, director de Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, “considero excesivamente escueto y poco informativo el informe financiero. Agrupa el costo fiscal de todas las medidas incluidas y creo que sería importante por razones de transparencia separar cada una de ellas”.

• “Asimismo se hace necesario incorporar en cada caso el número de beneficiarios, lo cual es importante de conocer, incluyendo los que son beneficiados por el reajuste y por otros beneficios por separado, cuestión que no aparece”.
• “El informe pareciera suponer que habrá invariabilidad en el número de beneficiarios de dicha norma y eso creo que no permite evaluar el verdadero costo de la norma. La inamovilidad representa un costo y eso no queda reflejado en el informe”, señaló.

Dudas opositoras. El cálculo de Dipres respecto a que no se generará impacto fiscal también fue cuestionado por la oposición. El diputado Frank Sauerbaum (RN, miembro de la comisión de Hacienda), señala que, si se aprobara la normativa, tendrá un costo fiscal a largo plazo.

• Esto debido a que por definición las contratas (en general a un año o menos) tiene plazos definidos y son para tareas específicas. “Las contratas tienen plazo definido y se termina el financiamiento proyectado”, señala el diputado.
• La propuesta del gobierno al dificultar los reemplazos de los funcionarios a contrata y bajar a dos años la llamada “confianza legítima” -el período en que un funcionario a contrata puede declarar expectativa razonable de continuidad y ser considerado en la práctica de planta- convierte un gasto variable en un gasto permanente.
• El diputado Agustín Romero (Partido Republicano) solicitó a Hacienda cifras concretas de cuántos funcionarios serán beneficiados y cuánto dinero implica mantenerlos en sus cargos. Señala que los efectos financieros de la norma no son determinables a priori.
• “El reajuste se financia con reasignaciones. Evidentemente una parte importante depende de evaluar la dotación y terminar contratas que no sean necesarios sus servicios. Pero bajo la ley de amarre queda limitado”, señala.
• Afirma que por otra parte “las contratas se encuentran dentro de la categoría de gastos variables y por eso dejarlos en una categoría distinta, podría obligar a reconocer a todo ese personal como gasto permanente”.

Mal pronóstico. En el programa Tolerancia Cero, Grau reconoció que va a ser difícil que el proyecto se apruebe en el Congreso (donde sectores del socialismo y el PPD se han sumado a las críticas), ya que la “la oposición, de forma muy hábil en términos comunicacionales, le llamó a norma de amarre cuando en realidad no lo es”, dijo.

• Durante este martes se dio cuenta del proyecto en la sesión de la sala. A esa misma hora La Moneda informó la renuncia del jefe de asesores del segundo piso, Felipe Melo, “por nuevos desafíos laborales”. Muy cercano a Grau, Melo era considerado uno de los principales promotores de las medidas de amarre de los empleados públicos.