Octubre 20, 2020

Las claves (y entretelones) del proyecto constitucional de Bachelet

Waldo Díaz
Agencia Uno

El 6 de marzo de 2018, cinco días antes de abandonar La Moneda, la ex Presidenta envió al Congreso el proyecto de nueva Constitución. Se trataba de un proceso que había partido en 2014, bajo un modelo de trabajo hermético, que incluyó a un represente de RD, publicistas, sicólogos y que se inspiró en las constituciones de Alemania, España e Italia, entre otras. Ayer la ex Mandataria irrumpió en un seminario señalando que es favorable a la opción Apruebo.

Modelo europeo y multidisciplinario. El proyecto tiene como principales referentes a las constituciones de Alemania, España e Italia. Se trata de una mirada social del Estado y sus derechos, con marcado cuidado por el medioambiente y el patrimonio, entre otras materias. En algunos casos se tomó una experiencia distinta. El reconocimiento de los pueblos indígenas, por ejemplo, es propio de constituciones como la de Canadá o Colombia.

  • El proceso partió en 2014. La ex Presidenta pidió que fuera participativo: Todo ese año se trabajó en el diseño de fórmulas para aquello, como los Encuentros Locales Autoconvocados (ELA).
  • El equipo escogido para esta tarea fue multidisciplinario. Se incluyó al publicista Martín Vinacur (trabajó en la campaña de Bachelet); una sicóloga experta en participación (Carolina Gómez); abogados (Tomás Jordán y Pamela Figueroa); y un sociólogo (Rodrigo Araya) que hoy trabaja con Eugenio Tironi, entre otros.
  • Buena parte del trabajo se suspendió tras la irrupción del Caso Caval, en febrero de 2015. Entonces la agenda de La Moneda transcurrió en torno al Consejo Anticorrupción.

Petit comité. Estuvo integrado por los ex ministros Nicolás Eyzaguirre y Mario Fernández, además de los abogados Jordán (Ind. pro DC) y Figueroa (PPD), quienes solían reunirse en reserva una vez por semana y abordaban las definiciones conceptuales del proyecto.

  • En estos encuentros se habló, por ejemplo, que los derechos sociales estuvieran en la misma posición que los políticos o económicos, como plantea la reforma.
  • El proyecto establece un sistema de derechos, perfeccionando los actuales (igualdad ante la ley, el debido proceso, la educación, salud y el trabajo) e incorporando otros (libre desarrollo de la personalidad, igualdad entre hombres y mujeres y la participación y derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas). Su protección puede impugnarse ante un tribunal ordinario y apelado al TC.
  • Se trabajó con legislación comparada (cerca de 20 países, muchos de ellos de Europa, América Latina y EEUU). El derecho a la vivienda que incorpora el proyecto, por ejemplo, está en las constituciones de España, Suiza y Finlandia.
  • Uno de los consultados fue el experto de la U. de Columbia, Sumit Bisarya, quien ha participado en programas de asistencia para la construcción de constituciones en Myanmar, Nepal, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, Túnez y Ucrania.
  • En la elaboración de la reforma se realizó una suerte de mapa con las posiciones de los partidos y los abogados constitucionalistas de distintas orientaciones políticas, pero ninguno de ellos tuvo acceso al documento antes de que fuera hecho público.

El abogado de Revolución Democrática. El trabajo fue hermético. Sus integrantes cuidaban hasta de sus WhatsApp y se escogió un grupo de profesionales de bajo perfil para participar en el proceso, como Cristina Escudero, José Ignacio Núñez y Matías Silva, abogado de Revolución Democrática y actual representante de su partido en el equipo constitucional del Frente Amplio. El grupo analizó las llamadas Bases Ciudadanas y elaboró un borrador del texto constitucional sostenido en esos resultados.

  • El abogado de RD participó durante todo el proceso y ha dicho que no le avergüenza haber trabajado en el proyecto ni cree que vaya en contra de su partido ni del Frente Amplio.
  • La reforma supone un equilibrio de poderes, lo que incluye un periodo presidencial de 6 años sin reelección; que los parlamentarios puedan ser electos en solo dos oportunidades; se eliminó el control preventivo del TC (manteniéndose la posibilidad de acudir al tribunal solo cuando la ley esté vigente) y que un 5% de la ciudadanía pueda presentar proyectos de ley, con preferencia para su tramitación y despacho.
  • La ex Presidenta optó por no adelantar el envío del proyecto al Congreso. En el gobierno de la época indican que, con una Nueva Mayoría dividida, la iniciativa pudo haber sido mal acogida por las fuerzas propias. Y que, en este contexto, la reforma terminó siendo hoy un insumo para la discusión.

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