Estos días la iniciativa Sociedad en Acción, liderada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica presentó una nueva edición de su encuesta a Directores/as Ejecutivos de Fundaciones y Corporaciones para conocer cuáles son los principales desafíos que enfrentan así como las perspectivas que estas organizaciones ven hacia el futuro.
Ya previamente en el Mapa de la Sociedad Civil del 2023 se relevaba cómo hay una gran diversidad de organizaciones de este tipo en nuestro país y que tienen un importante foco y concentración de las organizaciones en actividades vinculadas al desarrollo comunitario y cultura, comunicaciones y recreación, así como importantes organizaciones que colaboran con el Estado prestando servicios educacionales y de salud, por ejemplo. Casos clásicos que a una se le vienen a la cabeza es la famosa Teletón o Bomberos, una institución que cuenta con la más alta confianza ciudadana en momentos en que este es un bien escaso.
Así, quienes lideran estas fundaciones y corporaciones indican que su principal aporte a nuestro país es de entregar respuesta a necesidades sociales, promover la articulación y cohesión social, impulsar la innovación y transformación pública y realizar actividades de incidencia pública y comunicación.
Desde hace larga data, además, muchas de estas organizaciones -56% de acuerdo a esta última encuesta- han tenido una importante colaboración con el Estado, pero también movilizan recursos privados, siendo las donaciones y los recursos generados por la propia organización sus principales fuentes de ingresos.
Asimismo, convocan a muchas personas a voluntariado, algo que quizás el propio Estado hoy en día dificultaría conseguir dada la baja confianza que hoy las personas manifiestan hacia las principales instituciones públicas.
Es por esto que, contar con organizaciones de la sociedad civil que cuenten con recursos para hacer su trabajo -no solo de dinero, sino de profesionales-, rindan cuentas de modo adecuado tanto al Estado como la ciudadanía -particularmente si ejecutan recursos públicos-, fomenten la participación en los asuntos públicos y contribuyan a aumentar la cohesión social, es algo deseable y por lo que deberíamos poner muchas fichas. El rol que cumplen estas organizaciones es clave e insustituible.
Sin embargo, esto contrasta con el empuje que ha tenido la agenda respectiva que se ha propuesto post Caso Convenios. Un episodio indignante y que ha golpeado de manera injusta a un alto número de organizaciones no involucradas ni de cerca en este caso.
Así, según esta misma encuesta, las organizaciones que colaboran con el Estado indican que licitaciones, fondos concursables o convocatorias que se hacían regularmente ya no se realizaron; rendiciones que no han recibido respuesta en el tiempo estipulado en el contrato; ingresos no transferidos de acuerdo a los plazos comprometidos y más dificultades para ejecutar de modo adecuado y eficiente estos convenios y compromisos.
Chile Transparente recientemente reportaba que, a la fecha, se ha avanzado en un 60% de las 46 recomendaciones de la Comisión Asesora que convocó el Presidente Boric como consecuencia de este caso y sólo un 20% de encuentran con total cumplimiento. Así, hemos visto como se han ingresado importantes proyectos de ley -de transferencias a la sociedad civil, de registro público de beneficiario final- o modificaciones a otros ya en discusión -de transparencia 2.0 o de integridad municipal- y que en un año y medio casi ni se han movido, a pesar de contar con urgencias.
En año electoral es de esperar que, además de las propuestas y a veces “ofertones” electorales, veamos también acción decidida de quienes aspiran a la reelección en el Congreso y de sus partidos políticos. Esto no tiene color político. Es transversalmente positivo contar con una sociedad civil fuerte, transparente, íntegra y activa.
Vista preliminar a la elección de senadores. Por (@pepe_auth). https://t.co/xb8pQofzSs
— Ex-Ante (@exantecl) August 20, 2025
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