La saga de la violencia (y el diálogo de Boric con la viuda del cabo Nain). Por Ricardo Brodsky

Diana Pereira, viuda del cabo de carabineros Eugenio Nain, asesinado en una emboscada por grupos armados en la comuna de Padre las Casas, se entrevistó con Gabriel Boric. El gesto del presidente electo puede leerse como un llamado a respetar a las instituciones de la república. Especialmente, a carabineros, que ha sido el que ha debido cargar con algunos de los principales males de nuestra sociedad: la delincuencia, el narcotráfico y la violencia política.

La violencia, la saga de la violencia, se instala como el principal y más inmediato desafío que enfrenta el presidente electo.

Ayer fue Diana Pereira, viuda del cabo de carabineros Eugenio Nain Caniumil, asesinado en una emboscada por grupos armados en la comuna de Padre las Casas, quien se entrevistó con Gabriel Boric. Algunos se sorprendieron de la atenta actitud del presidente electo y el ánimo meridianamente optimista de la viuda respecto del apoyo que el nuevo gobierno daría al cuerpo de carabineros, y en especial a la tramitación de la ley Naín, que castiga fuertemente la violencia contra carabineros. El gesto del presidente electo merece destacarse como un llamado a la conciliación y a la unidad de los chilenos.

Asimismo, su gesto puede leerse como un llamado a respetar a las instituciones de la república. Especialmente, a carabineros, que ha sido el que ha debido cargar con algunos de los principales males de nuestra sociedad: la delincuencia, el narcotráfico, la violencia política. Chile no puede seguir pagando el precio de una policía deslegitimada. La mantención del orden y el respeto a la ley son valores que hacen a la esencia del Estado democrático de derecho, y justamente, al cuerpo de carabineros se le ha confiado el monopolio de las armas y el uso de la fuerza para resguardar esos valores. Por eso mismo, su respeto a los derechos humanos debe estar en el centro de su actuación.

Urge recuperar su prestigio y el respeto que le debe la ciudadanía. La encuesta bicentenario de la Universidad Católica, dada a conocer recientemente, entrega datos muy preocupantes, respecto de la justificación del uso de la fuerza y la violencia. En promedio, el 51% de los encuestados -una población representativa de la opinión en el país- considera que se justifica el uso de la violencia en función de lograr éxito en sus demandas, cifra que en el caso de los menores de 24 años alcanza el 66% de opiniones favorables al uso de la violencia. Estos datos se cruzan con una segunda pregunta que realiza la encuesta: ¿se justifica que el Estado haga uso de la fuerza pública cuando se producen saqueos? Contra toda expectativa razonable, es decir ante un delito flagrante, el 43% opina que no se justifica nunca el ejercicio de la fuerza por parte de los agentes del Estado.

En otras palabras, para al menos la mitad de la población chilena la violencia política se justifica y se desaprueba la acción del Estado para combatirla o al menos controlarla.

Anteayer, en el contexto de estos mismos temas, fueron a visitar “la Moneda chica” los familiares de los “presos de la revuelta”. Exigen una suerte de amnistía que haga borrón y cuenta nueva y permita la libertad de quienes se encuentran en prisión preventiva o condenados. Su argumento de fondo es que sus parientes y amigos están ahí producto de un momento único e irrepetible de convulsión social, por lo que los delitos que puedan haber cometido tienen una motivación emocional y política y por tanto, el problema requiere de una solución política. El presidente tiene un claro y muy razonable interés en buscar que estas demandas estén resueltas antes de asumir el gobierno, de manera de no tener que cargar ese lastre heredado.

La solución, sin embargo, no parece fácil de alcanzar respetando la autonomía del poder judicial. Debe incluir también medidas de reparación a las víctimas de daño ocular, especialmente a los que perdieron la vista o quedaron mutilados. Asimismo, en el marco de una solución, el presidente ha dicho que no se puede ignorar el daño que causó “la revuelta” a las pymes y fuentes de trabajo de emprendedores y trabajadores del sector de plaza Italia y barrio Lastarria (en el caso de Santiago, porque esto también ocurrió en otras ciudades), los que también requieren de una reparación que les permita ponerse de pie nuevamente.

Nada, sin embargo, de lo que logre el nuevo presidente en estas materias tendrá sentido sino se contiene la violencia política en las ciudades y no se pone fin a los grupos armados en la Araucanía. Si se aprobara la ley Naín y se resolvieran las consecuencias más negativas del estallido social, desde ese día en adelante, no quedará más que cumplir y hacer cumplir la ley.