La política del “Cheese & Wine”. Por Kenneth Bunker

El gobierno ha dicho por medio de sus portavoces oficiales que “está aprendiendo”, que “puede mejorar”. Pero el daño ya está hecho. La vara ya bajó. Y fueron ellos mismos quienes la bajaron. ¿Si los que venían a “renovar la política” con un “estándar moral superior” no fueron capaces de escapar de “las garras” de “la política en la medida de lo posible”, de “la política del Cheese & Wine”, que queda para los que no presumen nada?

De día el gobierno critica el modelo, sus consecuencias y a sus sostenedores. De noche se junta a comer Cheese y a tomar Wine con lobistas y empresarios. Lo que antes condenaba como un mecanismo que fomentaba el corporativismo, perpetuaba la desigualdad y potenciaba la corrupción, hoy aparece como una forma no solo legitima de hacer política, sino que además necesaria.

Hay dos derivadas de los hechos. La primera tiene que ver con potenciales implicancias legales. Evidentemente, hacer lobby fuera de la ley del lobby es ilegal. Se podrá interpretar como se quiera, pero es obvio que la intención era no declarar las reuniones. No es por nada que la contralor Dorothy Pérez ofició a seis ministerios para recabar más antecedentes sobre el asunto.

La segunda derivada tiene que ver con las implicancias políticas. ¿Qué significa que un sector político que siempre ha condenado estas actitudes haya caído en lo mismo a menos de dos años de asumir el poder? Y, quizás más importante, ¿qué consecuencias sobre el sistema político en general tiene el hecho de que el gobierno haya girado en 180 grados sobre su eje?

Esta columna se enfoca exclusivamente en la segunda derivada.

Para comenzar, habría que preguntarse sobre qué es lo que hubiese ocurrido en el caso hipotético que hubiese pasado lo mismo en cualquiera de los gobiernos anteriores, cuando la coalición que hoy gobierna era oposición.

¿Qué hubiese ocurrido si a los ministros de Bachelet o de Piñera los hubiesen pillado entrando y saliendo reiteradamente de la casa de lobistas luego de haber sostenido extensas reuniones con los jefes de algunas de las empresas más grandes del país?

¿Qué hubiese ocurrido si, después, pese a haber sido sorprendidos in fraganti, hubiesen argumentado que no era necesario incluir las reuniones en el registro de transparencia, y más encima se hubiesen negado a dar los nombres de los demás asistentes?

Pues bien, hubiese ardido Troya.

La oposición habría acusado al gobierno de colusión y corrupción. Algún diputado habría advertido del peligro del dinero en la política y habría advertido de cooptación por parte de los empresarios. Habría concluido que la política estaba capturada por los privados, y que el asunto no se resolvería sin desalojo.

Volviendo a la realidad, quizás estas reuniones hipotéticas sí ocurrieron en gobiernos pasados. Quizás fueron más frecuentes y más intrincadas. Pero aun si eso es correcto, no exime al gobierno actual. Y no lo exime precisamente por la posición crítica y moral que tomó como oposición en el pasado.

No se puede decir. “si los de antes lo hacían, entonces nosotros también lo podemos hacer ahora”.

Es insuficiente.

El gobierno carga con la responsabilidad moral de ser consecuente, y no bajo los estándares de la oposición, sino que bajo sus propios estándares. Por lo mismo, es tan evidente como justo que ahora, luego de haberse traicionado, pague por su propia inconsecuencia.

Por lo pronto, los costos se traducirán en inhabilidades del gobierno para alcanzar acuerdos con la oposición y en dificultades para presentarse con credenciales éticas ante la ciudadanía. Esto último es específicamente importante considerando la relevancia que ha tomado el Caso Fundaciones.

Ahora bien, los costos también se traducirán en dificultades para gobernar. Internamente es difícil justificar que la intención del gobierno es la correcta. Para partidos y militantes que han luchado incansablemente por derrotar el modelo, claramente dialogar y tender puentes con quienes lo perpetúan no puede ser lo correcto.

Por lo bajo, el dialogo con el “adversario” justificará el ensanchamiento de la grieta interna que ya existe entre quienes creen que el gobierno no ha hecho suficiente y quienes creen que el gobierno ha hecho lo que ha debido hacer.

Para ser claro, nada de esto sería un problema si no hubiese sido por los mismos estándares impuestos por quienes gobiernan. El costo es autoimpuesto. Y no solamente le va a costar caro al gobierno de turno, sino que también al sistema político a la larga.

Primero, por las meras dificultades que genera sobre la gobernabilidad en lo inmediato. Podrá, muy probablemente, hacer menos ahora. Por haber traicionado su ethos, el gobierno quedó más débil externa e internamente. Desde ahora en adelante, es más fácil criticarlo desde afuera y más difícil ordenarlo desde dentro.

Y segundo, porque al asistir a los Cheese & Wine de Zalaquett, la coalición que gobierna validó un modelo de hacer política que (se pensó) había quedado atrás. De todas las coaliciones que hoy hay en el Congreso, ninguna exige, con el estándar que exigían ellos, la separación total y absoluta entre negocios y política.

El gobierno ha dicho por medio de sus portavoces oficiales que “está aprendiendo”, que “puede mejorar”. Pero el daño ya está hecho. La vara ya bajó. Y fueron ellos mismos quienes la bajaron.

Así, se fija un nuevo estándar. Un estándar más bajo. Un estándar más peligroso. Con esto queda abierta la ventana para que, quienes vengan después, hagan lo mismo.

¿Si los que venían a “renovar la política” con un “estándar moral superior” no fueron capaces de escapar de “las garras” de “la política en la medida de lo posible”, de “la política del Cheese & Wine”, que queda para los que no presumen nada?

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