Ninguna otra discrepancia entre el PC y el gobierno de Boric puede compararse con la surgida a raíz del operativo policial en Villa Francia, el sábado 6 de julio, y que permitió incautar material explosivo y numerosas armas de diverso calibre. No fue un desacuerdo cualquiera, sino uno referido a la vigencia del Estado de Derecho y las obligaciones del gobierno en materia de seguridad. Esta vez, los dirigentes comunistas cuestionaron la legalidad del procedimiento promovido por la fiscalía y autorizado por el tribunal de garantía, y llegaron a hablar de “montaje”, en alusión a los métodos de la dictadura. No solo eso: sembraron dudas sobre la conducta de la ministra del Interior, Carolina Tohá.
La Corte de Apelaciones respaldó lo obrado por las fuerzas policiales y dejó en prisión preventiva a los detenidos en el operativo. Se justifica, pues, que Paulina Vodanovic, presidenta del PS, haya emplazado al PC a pronunciarse sobre el asunto de fondo: la tenencia ilegal de armas. La respuesta vino de la diputada Carmen Hertz, quien acusó de “contumacia” a la líder socialista, y de ignorar la función fiscalizadora de los parlamentarios sobre los procedimientos policiales, lo que le sirvió para escapar por la tangente.
¿Cuánto sabían los dirigentes comunistas acerca de cómo eran las cosas en la radio y el comedor comunitario de Villa Francia? ¿Estaban seguros de que allí no había nada ilegal de lo cual preocuparse? ¿O, por el contrario, sabiéndolo, buscaron proteger a los implicados? Al apresurarse a mostrar como verdaderos sospechosos a los efectivos de Carabineros, se multiplicaron las dudas respecto del compromiso del PC con la legalidad democrática.
Mantener un pie dentro de las instituciones y el otro en la calle no es un problema si se entiende como diversidad en las formas de hacer política en una sociedad abierta. Pero, hay un límite: la democracia es la competencia pacífica por el poder, y ello implica rechazar absolutamente la violencia política. Ningún partido puede contar, por así decirlo, con “fuerza propia”. Si sobre eso prevalecen las ambigüedades, todo lo demás carece de valor.
Con la excusa de los fines nobles, se han validado los peores métodos en los últimos años. Allí está la macrozona sur, donde el terrorismo y el bandolerismo siguen causando estragos, y sobre ello abundaron las justificaciones “progresistas” por mucho tiempo. Todo el mundo sabe que en el sur existen grupos armados, y que tanto allá, como en la Región Metropolitana y otros puntos del territorio, hay unidad de acción entre los delincuentes y los ultras de izquierda. A estas alturas, cuesta distinguir a unos de otros. Es el caso de Villa Francia.
Hay que poner fin a las veleidades respecto del monopolio estatal de la fuerza. Por haberse empeñado en llevar a la crisis a las fuerzas policiales en 2019 -que era lo que más deseaba las bandas del narcotráfico-, algunos parlamentarios oficialistas reaccionan instintiva y torpemente frente a episodios como el de Villa Francia. Lo más grave es que algunos creen que es legítimo que los revolucionarios conserven sus propios pertrechos. Por si las moscas.
Las normas del régimen democráticos no pueden cumplirse aleatoriamente, un día a medias, y el otro quizás. Todos los partidos inscritos legalmente tienen obligaciones insoslayables con el orden constitucional y legal, pero eso es todavía más perentorio para los partidos que asumen responsabilidades de gobierno. Ha quedado de manifiesto que el PC no lo entiende así.
Al parecer, Boric entiende hoy ciertas cosas esenciales que no entendía cuando era diputado. Por ejemplo, cuán decisiva es la fuerza del Estado para la vida en libertad. Se nota que hoy ve a Carabineros con otros ojos. En el tiempo que le resta en La Moneda pueden venir otras pruebas duras en materia de seguridad interior del Estado. Es deseable que no vacile en el cumplimiento de su deber.
Corresponde valorar el papel desempeñado por la ministra Tohá frente a la situación derivada del operativo en Villa Francia. Demostró sentido de Estado y conciencia de lo que estaba en juego en un momento muy difícil, en el que la malevolencia surgida en las filas oficialistas complicó su tarea de un modo que, seguramente, nunca imaginó que fuera posible. El episodio debe haberle ayudado a entender un poco más hasta dónde pueden llegar las miserias de la política.
No existe hoy una coalición de gobierno propiamente tal, sino un pacto de intereses de base precaria, y cuyos socios ven que se aproxima el final. Dentro de tres meses, escucharán el vozarrón que saldrá de las urnas. Y habrán servido de poco las maniobras para anular de hecho el voto obligatorio. Luego de eso, se incrementarán los ruegos a Michelle Bachelet para que sea candidata presidencial. Y no lo será.
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