Un oficio remitido a la Contraloría y otro a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, buscan la aplicación de sanciones para el ex director regional de Gendarmería de La Araucanía, coronel Juan José Navarrete Gamboa.
El oficial no ha concurrido a Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados “Encargada de reunir antecedentes sobre las decisiones de Gendarmería y eventualmente, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre los permisos de salida y demás beneficios intrapenitenciarios”.
Esa instancia se creó por la concesión de permisos de salida de José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel y Celestino Córdova Tránsito, condenados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay en enero de 2013 a 18 años de cárcel, por el delito de incendio con resultado de muerte y que permanecieron prófugos de la justicia.
El coronel Navarrete se ha excusado en dos oportunidades de asistir a la comisión investigadora esgrimiendo como razón que en las fechas de la convocatoria estaba “con feriado legal” o haciendo uso de sus vacaciones.
Según el documento firmado por los diputados RN Andrés Longton y Miguel Mellado, “esta situación es de extrema gravedad a nuestro juicio, ya que el feriado no desestima o suspende la calidad de funcionario de Navarrete Gamboa, cualidad esencial para estimar la imperatividad y por tanto su deber inexcusable de comparecer”. Por ello, pidieron abrir un proceso sancionatorio.
A la ministra Ríos, le piden informar si conocía de las citaciones, si tenía información de las excusas remitidas por el oficial y si ella o el director nacional de Gendarmería van a abrir un proceso sancionatorio contra Navarrete Gamboa conociendo estos antecedentes.
El mismo coronel está cuestionado por otra comisión investigadora, luego de que el 17 de de agosto pasado suscribiera un acuerdo con 19 internos en huelga de hambre y con Víctor Queipul Hualquil, Lonko de la comunidad autónoma de Temucuicui, y decidiera una serie de beneficios para internos de la cárcel de Angol.
Estos antecedentes también fueron remitidos a la Contraloría, que requirió informe a la ministra de Justicia. La secretaría de Estado lo remitió al organismo contralor el 19 de octubre pasado ante una reiteración con plazo perentorio, debido a que no fue respondido dentro de los plazos legales.
Lea a continuación los oficios:
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