En febrero de 2015, luego de un cierre legislativo muy exitoso, el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet se enfrenta a una bomba en plena Moneda que la seguirá hasta el fin de su gobierno y cambiará de modo importante el rumbo de su agenda. El caso Caval era conocido a través de un reportaje de Qué Pasa donde se involucraba a su hijo Sebastián Dávalos, entonces Director Socio Económico de la Moneda, en posible tráfico de influencia.
Esto planteó varios flancos sobre el ejercicio del cargo de “Primera Dama” que en la práctica tiene asociado personal y gestiona cuantiosos recursos vinculados a fundaciones y corporaciones. Esto conllevó a que quien ejerza el cargo de Director/a Sociocultural debe realizar declaraciones de intereses y patrimonio -para prevenir y detectar posibles conflictos de interés y/o enriquecimiento ilícito-, así como una mayor transparencia sobre el ejercicio de esta función pública. Lamentablemente no primó la propuesta que varios hicimos en ese momento de profesionalizar el rol y no asociarlo a parientes o personas vinculadas al o la Presidenta.
Hoy con el cambio de nombre del cargo a “Gabinete Irina Karamanos” (que rápidamente se corrigió) el rol de la Primera Dama vuelve a estar en el tapete. Particularmente porque se trata de un Gobierno que ha enarbolado la bandera de eliminar el nepotismo o “pitutismo” de la Administración del Estado.
De hecho, en sus primeras semanas dictó una instrucción presidencial sobre el nombramiento de parientes de autoridades -incluso aquellas que no son parte de la Administración sino de otros Poderes o entidades autónomas-, yendo más allá de lo que la ley establece. Asimismo, se señaló que se modernizaría este rol y se consideraría incluso la perspectiva de género.
Sin embargo, la decisión tomada se contradice con lo anterior. En primer lugar, personaliza el rol que habitualmente tienen las cónyuges del o la Presidenta en una persona particular cuya razón principal de ocupar dicho rol es su relación sentimental con el Presidente Boric. Sin duda Irina Karamanos posee un nutrido CV incluso con estudios en el extranjero pero la pregunta clave es…¿habría sido nombrada para presidir las fundaciones y corporaciones del Gabinete de la Primera Dama si no estuviera vinculada al Presidente Boric sentimentalmente?
Lamentablemente no lo sabemos y hay una alta probabilidad que al menos otros nombres hubieran estado en la palestra, pero al menos no se habría cambiado el nombre del Gabinete con su nombre y apellido.
A lo anterior se suma que quien ejerce este rol, salvo que se vincule contractualmente a las fundaciones o corporaciones o con el cargo de Director/a Sociocultural no debe realizar declaraciones de intereses y patrimonio (salvo que se incluya en la del Presidente) ni se rige por las normas de responsabilidad administrativa o política de la función pública. Es decir, desde el caso Caval hasta hoy, hemos avanzado poco…
Más allá del craso error comunicacional (o administrativo como lo llama La Moneda), es clave replantearnos este rol en un Estado moderno, transparente y que rinda cuentas. Tal como ocurre en general con el empleo público en general, no parece prudente que alguien que dirige fundaciones y corporaciones (que ya por ser de derecho privado tienen menos transparencia, control y rendición de cuentas que una entidad pública) que administran cuantiosos recursos y cumplen una función pública, sea designada no por su experiencia y competencia, sino por su vínculo personal.
Además, este mismo vínculo implica que esta persona no esté sujeta a las mismas normas y reglas que quienes sí tienen una relación contractual con la administración.
Por esto, más allá de seguir aplicando ciertas normas o mecanismos a las “Primeras Damas/os”, creo que es clave que se profesionalice esta función pública, con todo lo que esto implica y que la pareja, cónyuge u otro familiar cumplan meramente un rol protocolar o social, si así lo desean. Esto no obsta a que puedan también cumplir un rol relevante en posicionar y empujar ciertas materias en la opinión pública, como ha ocurrido en Chile y en otros países, pero no ejerciendo una función pública propiamente tal.
Esto es más acorde a un Estado moderno, donde las relaciones personales o políticas no son lo que predomina en el acceso a cargos y éstos no se personalizan. Además, el correcto, eficiente y eficaz uso de los recursos públicos así lo exige.
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