Este no es un 8M más. No solo coincide con un cambio de mando presidencial. También enfrenta en fechas simbólicas dos visiones de sociedad, irreconciliables en lo esencial y particularmente respecto de la causa que representa el Día Internacional de la Mujer.
Prácticamente no hubo referencias al tema en la campaña presidencial. Desaparecieron los foros y estudios exponiendo brechas. La izquierda intentó, evidentemente sin éxito, reinstalar la amenaza de retroceso para las mujeres en un eventual gobierno de derecha. Y al frente, el entonces candidato José Antonio Kast tomó la decisión más determinante para su elección: situar un futuro gobierno como de emergencia y descartar una agenda valórica, en la que suelen incluirse las políticas de género.
En la séptima encuesta “Feminismo en Chile” del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, publicado esta semana, hay al menos dos datos importantes para el futuro gobierno. Primero, un 55% de los encuestados cree que aún existen barreras que impiden el desarrollo femenino, 5 puntos más que el año pasado. Y, luego, los datos contradicen el relato que ha intentado instalar la futura oposición: para un 33% habrá retrocesos, mientras el 67% restante espera mejoras o continuidad sin cambios relevantes.
¿Qué rumbo tomará la agenda a partir del 11 de marzo?
Cada mandato presidencial aspira a responder a los desafíos en coherencia con su visión y la promesa que ha hecho al país. El futuro gobierno tiene la oportunidad de conectar la agenda de la mujer con las urgencias que ha definido. No solo tendría sentido político – para eso fue elegido–, también le permitiría aislar la tentación de la izquierda para situarlo en la cancha incómoda, y los conflictos en un futuro oficialismo con visiones diversas en esta materia, que lo distraerían de sus decisiones prioritarias.
En Seguridad hay una conexión esencial con las mujeres. El índice femenino de temor a la delincuencia es significativamente mayor al de los hombres (Paz Ciudadana). La creciente inseguridad en Chile ha limitado la libertad de las mujeres, frenado sus oportunidades laborales y le agregó una carga adicional, con mayores amenazas rondando a la familia.
En la misma urgencia cabe, desde luego, una mayor eficacia institucional para abordar la violencia de género. El gobierno contará con una ventaja comparativa, la futura ministra Trinidad Steinert tiene las competencias para enfrentar con decisión al crimen organizado y, adicionalmente, la sensibilidad y experiencia en los delitos cuyas principales víctimas son las mujeres: los ha perseguido penalmente en su trayectoria y ha creado unidades de la Fiscalía especializadas.
En economía el futuro gobierno está mostrando determinación para reimpulsar el crecimiento, central para multiplicar oportunidades económicas, que registran hoy una brecha importante entre hombres y mujeres. La mayor preocupación es el desempleo femenino, con las tasas más altas en al menos una década. Ello tiene un impacto material y en la libertad de las mujeres para tomar decisiones, incluso para resguardarse de amenazas a su vida e integridad.
Los futuros ministros a cargo de la economía han anunciado una revisión de las regulaciones que traban el crecimiento. Identificar y corregir las que frenan el empleo femenino podría estar entre sus prioridades (clave modificar la regulación para el derecho a sala cuna).
En cuanto a la natalidad, un desafío que abordó el presidente Kast en la campaña, puede ampliar el radio de acción más allá de la condición de la mujer. El fenómeno de la caída de los nacimientos es complejo, mundial y asociado con el desarrollo; no se limita a lo económico y compromete los proyectos de vida de hombres y mujeres. Será un gobierno con perspectiva de familia, tiene en ese problema una oportunidad para trascender.
En Chile la condición de las mujeres ha avanzado significativamente en los últimos 35 años. Las reformas y políticas públicas se abordaron durante décadas como desafíos de Estado, se traspasaron ininterrumpidamente de un gobierno a otro, fueron precedidas por intensos debates, pero contaron al final con un amplio respaldo social y político (ciertamente no unánime, pero amplio, al fin y al cabo).
Más allá de algunos cambios positivos en la administración de Gabriel Boric, entre ellos la reforma para el pago de pensiones alimenticias, el legado que va a trascender será la derrota simbólica para la izquierda, en una materia que asume como de su exclusiva propiedad.
Protagonizó hechos que pulverizaron su carácter feminista. Experimentó un progresivo rechazo ciudadano a la carga ideológica con la que se abordaron las cuestiones de la mujer y el desprecio a quienes representan legítimas diferencias (inolvidable la ministra Orellana calificando de “príncipe de la Iglesia” a monseñor Chomalí). Los datos muestran algunos retrocesos, el del desempleo femenino es elocuente; otros dan cuenta de cambios poco significativos o de nulos avances.
Los problemas que enfrentan las mujeres en Chile no han desaparecido, algunos incluso se han profundizado. El próximo gobierno tiene la oportunidad de abordarlos con seriedad, desde la evidencia y las prioridades.
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