Esta semana volvió a ocurrir. A pesar de las críticas que hubo a inicios de marzo por los rumores de que la Cámara nominaría a dos ex diputados que no lograron su reelección como parlamentarios unos meses antes -Gonzalo Fuenzalida (RN) y Gabriel Silber (DC)-, el primero logró pasar la prueba en la Cámara de Diputadas y Diputados con 111 de los 155 votos y apoyos transversales, junto con Alejandra Precht, de reconocida sensibilidad DC pero con una importante y destacada trayectoria en la academia y en el sector público y privado. El ex diputado hasta el 10 de marzo, es abogado también, pero con una expertisse más propia en el área de seguridad y especialización en la Escuela de Negocios. Sin embargo, cumple con los requisitos legales para el cargo: 15 años en posesión del título de abogado, haber destacado en la actividad profesional, universitaria o pública y carecer de los impedimentos que señala la propia Constitución.
¿Cómo puede ocurrir que para un rol tan relevante como es la justicia constitucional lleguen personas que no tienen el perfil idóneo? Solo hay una explicación, la lógica del cuoteo político tiene más peso que la de la idoneidad o la expertisse. Lamentablemente no se trata de algo nuevo o de una excepción. En muchas ocasiones en las que el Congreso participa en los nombramientos de entidades autónomas impera esta lógica y además con gran apoyo por el consenso de “yo apoyo al tuyo y tú al mío”. Quizás hay notorias excepciones como el Banco Central y la Corte Suprema, el primero por un control social que fuertemente ha llevado el mundo de la economía y el segundo, por ser la cúspide de una carrera judicial.
El problema de lo anterior es que esta manera de actuar ha conllevado -junto con otras causas que exceden este espacio analizar- a un desfonde de instituciones claves para un sistema democrático fuerte, como el mismo Tribunal Constitucional y, de paso, a quienes participan en estos nombramientos, particularmente el Senado. Pero no solo eso, las instituciones autónomas se crean precisamente porque ha habido un consenso importante de sustraer ciertas funciones y tareas del ciclo político electoral y dejarlas en manos de personas dotadas de las competencias necesarias para adoptar ciertas decisiones. Incluso algunas relacionadas con decidir si el actuar de ciertas autoridades electas -que luego participan de su nombramiento- han actuado acorde a la normativa. El peligro de desvirtuar o capturar a estas entidades, con nombramientos no adecuados, es altísimo.
Dado lo anterior, se ha dado casos en que se ha debido establecer en las leyes o en la propia Constitución, requisitos más exigentes para intentar evitar que el cuoteo político sea la razón principal de los nombramientos. Sin duda no se trata de impedir que personas con trayectoria o afinidades políticas pueda ser parte de estas entidades. Por el contrario, es deseable contar con profesionales que tengan experiencia y vocación pública y que, además, reflejen la diversidad política del país. Tampoco se trata que el Congreso deje de participar en estos nombramientos, su inclusión les otorga legitimidad democrática y representativa al no ser cargos de elección popular.
Lo anterior ha hecho eco en la Convención Constitucional y en varias de estas entidades se están proponiendo mayores requisitos para acceder a estos cargos, concursos públicos e inhabilidades como, para el TC, haber ejercido en cargos de elección popular (o haber postulado a estos) y cargos de exclusiva confianza del gobierno, durante los seis años anteriores a su nominación. Sería de esperar no tener que regular todo y que las leyes se respetaran en su espíritu y no solo en su texto literal, pero visto lo visto, me parece un avance y buena noticia.
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