Como suele ocurrir, la encuesta CEP revelada hace unos días correspondiente a los meses de abril y mayo de este año ha dado mucho de qué hablar y analizar, desde las prioridades de la ciudadanía con un fuerte ascenso de la seguridad –cómo no-, hasta las figuras políticas más valoradas por la ciudadanía.
Uno de los temas que también se ha analizado es la confianza ciudadana (o la falta de) en diversas instituciones de gran relevancia para nuestra democracia y sociedad. Como esta información se recoge hace años, se puede hacer una interesante comparación de cómo ha evolucionado en el tiempo y en momentos claves, como por ejemplo post estallido.
En esta nueva edición se puede ver un alza (no muy sustancial en la mayoría de los casos) de la baja confianza que en los últimos años se tiene en nuestras principales instituciones, con la excepción de los partidos políticos (estancados en un paupérrimo 4%, la más baja de todas las evaluadas), las iglesias católica y evangélica (20% y 21% respectivamente), la Convención Constitucional (que baja de un 24% a un 22%) y las Municipalidades que se mantienen en un 24%, respecto de la medición realizada en agosto del 2021.
Las tres instituciones con mejor evaluación son las universidades (54%), la PDI (45%) y las radios (44%). En la parte baja de la tabla, como suele ocurrir en varias de estas mediciones, se encuentran los partidos políticos y el Congreso (10%). Sin duda no son cifras alentadoras, salvo las universidades, la mayor parte de nuestra institucionalidad no cuenta con una buena confianza por parte de más de la mitad de las personas encuestadas.
¿Qué ocurre que nuestros partidos políticos no logran despegar de menos de un 10% desde hace más de 10 años? Algo similar ocurre con el Congreso y los Tribunales de Justicia, levemente mejor evaluados. No cabe duda de que llevamos un tiempo inmersos en una crisis de confianza institucional. Sin embargo, entidades como Carabineros y las Fuerzas Armadas que se han enfrentado a grandes cuestionamientos por casos de corrupción y violaciones a derechos humanos, logran recuperarse y de a poco ir recobrando su prestigio, al igual que las municipalidades, que periódicamente nos están sorprendiendo también con uno que otro escándalo o investigación.
Me aventuro con una posible respuesta. En el caso de todas estas últimas instituciones, tienen un rol diario con la ciudadanía -ya sea de provisión de bienes y servicios públicos, en la mantención del orden público o asistencia a las comunidades- que probablemente hace que tengan un vínculo más cotidiano y diario con las personas, generándose mayor cohesión y, de este modo, confianza. Preocupa enormemente que el Congreso, la entidad representativa per se de nuestras democracias y los partidos políticos, llamados a intermediar entre la ciudadanía y el Estado, en cambio, al parecer no logren ser vistos así por la ciudadanía y, por el contrario, se perciban ensimismados y gobernando para sus propios intereses. Esto a pesar de haber hecho oídos sordos a todas las llamadas transversales a la cordura y haber aprobado sucesivos retiros previsionales en los últimos dos años, con el consecuente daño a la economía y las pensiones. Ni eso los ha salvado de estar hundidos en la tabla de posiciones.
Sin duda esto no es un problema solo nuestro, en democracias bien consolidadas hay cuestionamientos a la democracia liberal representativa y a cómo oxigenar más a los partidos y acercar el gobierno a la ciudadanía. Pero nuestros números son para no solo preocuparse, sino ocuparse. Lamentablemente estas instituciones parecieran haber normalizado esta desconfianza ciudadana y no se ven realmente preocupadas de medidas de mediano o largo plazo sino más bien en lo que es pan para hoy pero seguro será hambre mañana.
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