Esta semana se conoció la confirmación de la sentencia contra la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, por corrupción y la sanción con cárcel efectiva y su posterior fuga. Esta condena se suma a otras muchas investigaciones en contra de gobiernos locales por presunta corrupción, desde las corporaciones municipales de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea como el caso de las luminarias con investigaciones en Recoleta, Chillán, Iquique y otras varias municipalidades, como casos más recientes.
¿Por qué frecuentemente nos enteramos de investigaciones o sanciones en contra de funcionarios edilicios? Hace un tiempo ya hay un acuerdo amplio en que hay una serie de déficits institucionales que permiten que la corrupción prolifere más en este tipo de entidades que en otras que son parte del Gobierno central, por ejemplo.
No es casualidad que la Comisión Engel haya dedicado parte importante de sus propuestas al fortalecimiento y al control, tanto interno como externo, de los gobiernos municipales. Sin embargo, a casi 7 años desde su entrega, los avances en esta materia han sido escasos.
Por otra parte, este año se estrenó la nueva descentralización regional, con gobernadores regionales electos, pero con escasas facultades reales, una figura presidencial aún fuerte y sin normas especiales de rendición de cuentas y transparencia.
Al mismo tiempo la Convención Constitucional ya ha aprobado una serie de normas para el borrador del texto constitucional que tienden a una real descentralización regional y territorial. De este modo, se propone un Estado Regional conformado por entidades territoriales con autonomía política, administrativa y financiera. Asimismo, se establecen principios de equidad, solidaridad y justicia territorial, como participación pública en distintas etapas de las políticas públicas.
Sin duda esto responde a una demanda de largo tiempo postergada en un país bastante centralizado donde muchas veces no se consideran las peculiaridades territoriales al adoptar decisiones públicas, además de un importante déficit de participación pública en los procesos de toma de decisiones. La descentralización puede ser un importante ejercicio de distribución de poder y democratización y, con un buen diseño, propender a la solución de problemas públicos con mayor pertinencia local.
Pero al mismo tiempo hay que ser muy cuidadosos de que este nuevo diseño institucional considere los contrapesos internos y externos adecuados, normas ad hoc de transparencia y rendición de cuentas, profesionalización del servicio público y capacidades internas, exigencias de utilización de recursos públicos junto con una adecuada fiscalización y accountability, además de un fortalecimiento de las posibilidades de realizar un adecuado control social por parte de los medios y la sociedad civil local.
Lamentablemente hay casos en la región que nos llaman a ponernos alerta en esta materia. En Perú, según un informe del año 2018, el proceso de descentralización regional abrió las puertas “para malos manejos, la ineficiencia y la corrupción” con 20 gobernadores regionales en ejercicio involucrados en casos de corrupción y 50 exgobernadores procesados. De este modo, la mayor cantidad de casos de corrupción se detectaban en instituciones públicas subnacionales como municipalidades distritales, provinciales y gobiernos regionales (KAS y Universidad Antonio Ruiz de Montoya). En Colombia ocurrió algo similar, con un mayor manejo de recursos públicos por gobiernos locales y sin los contrapesos adecuados, se generaron nuevos flancos para la corrupción.
¿Implica lo anterior que hay que mantener el statu quo en materia de descentralización en nuestro país? A mi juicio no, es claro que hay una importante demanda de mayor poder decisorio a las regiones. Sin embargo, esto debe ir de la mano con un cuidado y adecuado desarrollo de mecanismos de control y fiscalización internos y externos. La distribución de poder no puede implicar la falta de control. La autonomía no es sinónimo de no rendir cuentas.
“Estimada fiscal y estimada capitán, en correo adjunto le comparto el detalle de la caja chica robada”, escribió Diego Vela, jefe de gabinete del entonces ministro Jackson (RD), a la fiscal que indagaba el robo al Ministerio de Desarrollo Social ocurrido en medio del Caso Convenios. Vela actualmente es presidente de RD. A diferencia de […]
La oposición ha pedido que se remueva al director Nacional de Migraciones Luis Eduardo Thayer, luego del frustrado vuelo para deportar a 60 migrantes venezolanos. Thayer dijo que todos serían expulsados, lo que no ocurrió. El sociólogo, militante de Convergencia Social, ha tenido una polémica gestión desde 2002. A continuación su perfil y las controversias […]
En el Ministerio de Educación, encabezado por Nicolás Cataldo (PC), existía una mala evaluación de la gestión del militante socialista en el manejo de la crisis por los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), al punto que lo habían apartado de todas las mesas de negociaciones con los profesores de Atacama. El Presidente Boric le […]
“Hoy día temprano en la mañana subí el cerro y veía este edificio gigante, no pensé que iba a estar rápidamente ahí. Lo subí en bicicleta, espero que al senador Macaya no le moleste”, dijo esta mañana Boric en un seminario de la Cámara Nacional de Comercio, aludiendo al presidente de la UDI. “Como el […]
La abogada de la UC estaba vinculada previamente al Caso Audios, ya que patrocinó varias querellas por estafa contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, de la empresa Factop. Borda es amiga de Villalobos, a quien conoció en la Universidad Bolivariana. Ambas han tenido casos en conjunto y trabajaban en la misma oficina del Grupo […]