La descentralización y la autonomía no son sinónimos de no rendir cuentas. Por María Jaraquemada 

La Directora Ejecutiva de Chile Transparente dice que la descentralización “debe ir de la mano con un cuidado y adecuado desarrollo de mecanismos de control y fiscalización internos y externos. La distribución de poder no puede implicar la falta de control. La autonomía no es sinónimo de no rendir cuentas (…) En Perú, por ejemplo, hubo 20 gobernadores regionales en ejercicio involucrados en casos de corrupción y 50 exgobernadores procesados”.

Esta semana se conoció la confirmación de la sentencia contra la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, por corrupción y la sanción con cárcel efectiva y su posterior fuga. Esta condena se suma a otras muchas investigaciones en contra de gobiernos locales por presunta corrupción, desde las corporaciones municipales de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea como el caso de las luminarias con investigaciones en Recoleta, Chillán, Iquique y otras varias municipalidades, como casos más recientes.

¿Por qué frecuentemente nos enteramos de investigaciones o sanciones en contra de funcionarios edilicios? Hace un tiempo ya hay un acuerdo amplio en que hay una serie de déficits institucionales que permiten que la corrupción prolifere más en este tipo de entidades que en otras que son parte del Gobierno central, por ejemplo.

No es casualidad que la Comisión Engel haya dedicado parte importante de sus propuestas al fortalecimiento y al control, tanto interno como externo, de los gobiernos municipales. Sin embargo, a casi 7 años desde su entrega, los avances en esta materia han sido escasos.

Por otra parte, este año se estrenó la nueva descentralización regional, con gobernadores regionales electos, pero con escasas facultades reales, una figura presidencial aún fuerte y sin normas especiales de rendición de cuentas y transparencia.

Al mismo tiempo la Convención Constitucional ya ha aprobado una serie de normas para el borrador del texto constitucional que tienden a una real descentralización regional y territorial. De este modo, se propone un Estado Regional conformado por entidades territoriales con autonomía política, administrativa y financiera. Asimismo, se establecen principios de equidad, solidaridad y justicia territorial, como participación pública en distintas etapas de las políticas públicas.

Sin duda esto responde a una demanda de largo tiempo postergada en un país bastante centralizado donde muchas veces no se consideran las peculiaridades territoriales al adoptar decisiones públicas, además de un importante déficit de participación pública en los procesos de toma de decisiones. La descentralización puede ser un importante ejercicio de distribución de poder y democratización y, con un buen diseño, propender a la solución de problemas públicos con mayor pertinencia local.

Pero al mismo tiempo hay que ser muy cuidadosos de que este nuevo diseño institucional considere los contrapesos internos y externos adecuados, normas ad hoc de transparencia y rendición de cuentas, profesionalización del servicio público y capacidades internas, exigencias de utilización de recursos públicos junto con una adecuada fiscalización y accountability, además de un fortalecimiento de las posibilidades de realizar un adecuado control social por parte de los medios y la sociedad civil local.

Lamentablemente hay casos en la región que nos llaman a ponernos alerta en esta materia. En Perú, según un informe del año 2018, el proceso de descentralización regional abrió las puertas “para malos manejos, la ineficiencia y la corrupción” con 20 gobernadores regionales en ejercicio involucrados en casos de corrupción y 50 exgobernadores procesados. De este modo, la mayor cantidad de casos de corrupción se detectaban en instituciones públicas subnacionales como municipalidades distritales, provinciales y gobiernos regionales (KAS y Universidad Antonio Ruiz de Montoya). En Colombia ocurrió algo similar, con un mayor manejo de recursos públicos por gobiernos locales y sin los contrapesos adecuados, se generaron nuevos flancos para la corrupción.

¿Implica lo anterior que hay que mantener el statu quo en materia de descentralización en nuestro país? A mi juicio no, es claro que hay una importante demanda de mayor poder decisorio a las regiones. Sin embargo, esto debe ir de la mano con un cuidado y adecuado desarrollo de mecanismos de control y fiscalización internos y externos. La distribución de poder no puede implicar la falta de control. La autonomía no es sinónimo de no rendir cuentas.