De a poco el gobierno ha ido comprendiendo la gravedad de la crisis de seguridad que afecta al país y, por fortuna, ha ido tomando medidas. Claro, las medidas han llegado tarde y han sido insuficientes, pero al final del día, son mejor que nada. Y considerando el puerto de origen, es claro que pudo haber sido nada.
Surgen dos preguntas en base al cambio de ruta. La primera tiene que ver con las consecuencias políticas, y la segunda sobre el nuevo puerto de destino.
La primera pregunta presenta un problema real, en tanto cambios de ruta en medio de viajes no suelen resultar bien. Y, de hecho, así lo demuestran las consecuencias de haber endurecido la agenda a favor de la seguridad en este gobierno. Si nada más, la tensión es visible en el motín pasivo del PC, que a esta altura le ha traído más problemas al Presidente Boric que a su oposición.
Ahora, rencillas dentro de coaliciones de gobierno no debiesen ser causales de alarma, en tanto no son novedades. Han ocurrido rencillas intra-coalicionales en casi todos los gobiernos desde el retorno de la democracia, y este ni podía ser la excepción. Pero, lo relevante no es la ocurrencia, es la magnitud y su efecto.
En este caso, la rencilla intra-coalicional parece ser más relevante que las anteriores. Son varias las ocasiones en que ha sido el propio oficialismo se ha presentado como la principal resistencia al gobierno en lo legislativo, y de seguro continuará siendo así. Y si no es obvio en el número de proyectos que fracasarán, será evidente en el número de proyectos que finalmente no se presentarán por presión interna.
Las rencillas en este gobierno han transformado la administración de Boric en un agente ineficiente. El Presidente ha estado más preocupado por la convivencia de su coalición que de pasar legislación relevante para el país. Sus intentos por darle el gusto a todos los partidos y movimientos que conforman su equipo le han impedido generar avances concretos. Por eso los logros se parecen más a un salpicado de victorias a granel que la consumición de un proyecto país, que fue lo que se ofreció en 2021.
Hasta ahora, se había especulado que en la ausencia de cualquier victoria mediantemente defendible, el asunto se buscaría resolver poniéndole fin a la crisis de la seguridad. La idea era que, si se le ponía fin a la crisis, se podría usar el registro como legado. Pero el esfuerzo ha sido modesto.
Humilde, y con timidez, el gobierno ha hecho poco en lo material por contrarrestar el crimen organizado. Abusando de culpar a la oposición de torpedear sus proyectos, ha terminado proponiendo soluciones en plazos irracionales que solo profundizarán el problema a la larga.
Por eso, surge la pregunta de que si el objetivo realmente es resolver la crisis de seguridad o no. Si el Presidente cuenta con todas las herramientas necesarias para combatir el crimen, pero decide no usarlas, lo mínimo es dudar sobre su intención.
La duda cobra sentido si se considera la repentina aparición de una línea argumentativa que busca explicar por qué no se ha resuelto la crisis de seguridad. En particular, una versión que apunta a la responsabilidad de “el modelo”, “el sistema neoliberal”.
En efecto, algunos intelectuales del sector oficialista recientemente salieron a promover la idea de que la crisis de seguridad no tiene que ver con la inmigración ilegal, ni la maleabilidad de las instituciones del orden, o las cortes de justicia, como han propuesto algunas de las principales teorías desarrolladas hasta el momento, sino que más bien de la incapacidad del sistema socioeconómico, que, al ser fundamentalmente injusto, ha sido incapaz de hacerse cargo de los desafíos de la modernidad.
Según esta tesis, la causa de inseguridad sería la falta de oportunidades de integración, trabajo y vivienda, al igual que un creciente sentimiento nacionalista, proteccionista y racista.
En la práctica, la línea argumentativa es versátil, en tanto permite intercambiar un problema real que no se puede resolver por un problema ficticio que se quiere resolver.
Además, culpar al modelo por la crisis de seguridad permite volver a poner el asunto del cambio constitucional de vuelta en la agenda, resolver diferencias intra-coalicionales, reclamar una capa del electorado de izquierda que se ha desilusionado del gobierno de Boric, y volcar la discusión hacia un lugar sustancialmente más favorable.
Si lo que causa la crisis de seguridad es “el modelo”, sigue que basta un cambio de Constitución para resolver el problema. Por lo demás, si la crisis de seguridad es responsable del modelo, exculpa al gobierno de turno de su responsabilidad.
Tiene sentido. Es evidente que, para la izquierda, y sectores social demócratas imposibilitados de confrontarla con consistencia, es un argumento razonable e incluso cautivante. Va en la línea con el diagnóstico que permitió justificar (o entender) el estallido social, con las razones esbozadas para levantar la primera (y segunda) convención constitucional, y con la narrativa general de ideologías basadas en la economía planificada.
Es absurdo, pero puede funcionar. A pesar de que la idea es fundamentalmente mentira, puede ganar tracción en un país que ya fue embaucado no una sino dos veces con lo mismo.
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