Como parte de esta estrategia, que podría calificarse de “guerra sucia”, el Frente Amplio, el Partido Comunista y un sector del Partido Socialista acusan al gobierno de estar al servicio de los más ricos, de legislar para el 1% de la población en desmedro de las clases medias.
Visiones opuestas. Llegó la hora de la verdad, el ansiado momento en que el gobierno de “emergencia” está mostrando sus cartas. Se trata de un proyecto de ley cuyo nombre, cargado de significado, ya suscita la “ira” de amplios sectores de la oposición, que resienten que se hable de una “Reconstrucción Nacional”.
- Porque, para la oposición, encierra un juicio político del pasado reciente que consideran injusto y provocador. Hablar de “reconstrucción” supone, por definición, que el país estaría destruido o en ruinas, algo que, objetivamente, no se condice con la realidad, sino que es más bien una reedición del slogan de campaña “Chile se cae a pedazos”.
- Para el gobierno, se trata de romper el “estancamiento de más de diez años” y “despegar para ser una potencia mundial”, lo que implica una crítica explícita a las administraciones de Boric, Bachelet y Piñera.
- Para la izquierda, se busca eliminar derechos sociales que forman parte de un cuasi “estado de bienestar” que se ha ido construyendo de a poco desde 1990 hasta el presente: una red de protección fundamental de la cual depende una buena parte de la población.
- Ven, además, una gran oportunidad de salir del hoyo en que se encuentran, superando las profundas divisiones derivadas de la derrota electoral de Jannette Jara, ungiéndose como defensores de los derechos sociales.
- Hoy existen más de 80 bonos y beneficios que pueden recibir las familias chilenas, entre ellos la gratuidad universitaria, asignación familiar, subsidio maternal, bono bodas de oro, bono al trabajo de la mujer, empleo joven, bono invierno, bono por hijo, la PGU, subsidios habitacionales, eléctrico, transporte público, becas de estudio en el extranjero, ajuar para recién nacidos, subsidios habitacionales y de arriendo, entre muchos otros. Todos claves para mantener la paz social.
- El desafío país, y la voluntad mayoritaria de la población, es garantizar la sustentabilidad de esos beneficios para que perduren en el tiempo.
“Guerra sucia”. Al mismo tiempo, hay que considerar que las finanzas públicas están deterioradas y que, si bien el Estado no está “quebrado”, dispone de menos recursos, lo que obliga a revisar y racionalizar las ayudas. No se puede seguir vendiendo activos, como ocurrió con Corfo, para financiar sueldos.
- Como parte de esta estrategia, que podría calificarse de “guerra sucia”, el Frente Amplio, el Partido Comunista y un sector del Partido Socialista acusan al gobierno de estar al servicio de los más ricos, de legislar para el 1% de la población en desmedro de las clases medias.
- Para ellos, el empresariado no es un actor neutro ni necesariamente alineado con el interés general. Por el contrario, hay una presunción de deshonestidad y avaricia: las grandes empresas solo buscan maximizar sus utilidades, ya sea eludiendo impuestos, abusando de su posición dominante o echándose al bolsillo las rebajas tributarias.
- Han llegado al extremo de insinuar faltas a la probidad, ya que los ministros y el propio presidente estarían entre los beneficiados de las reducciones del impuesto de primera categoría, ganancias de capital y donaciones; y ya han formalizado su decisión de rechazar la idea de legislar y recurrir ante el Tribunal Constitucional.
- No se puede negar que, más allá de las medidas específicas, algunas de las cuales tendrán que negociarse durante la tramitación del proyecto, lo que está sobre la mesa son dos concepciones antagónicas sobre el rol del Estado y del mercado.
- Hay que transparentar que estamos frente a un proyecto ideológico, en el buen sentido del término, y que no por ello carece de méritos o legitimidad, sino que expresa la filosofía política de la derecha que nos gobierna.
- Como ocurrió durante los gobiernos de Boric y Bachelet, que buscaron cambiar la Constitución para implementar sus programas.
¿De dónde proviene el bienestar? ¿Es el resultado del dinamismo del sector privado, que luego permite financiar políticas públicas, o es el fruto de una acción deliberada del Estado que redistribuye recursos y corrige desigualdades?
- La Concertación optó por un modelo mixto de capitalismo con elementos propios de un Estado de bienestar.
- Para los republicanos, el bienestar se construye desde el sector privado, y por eso buscan transferirle recursos del Estado vía reforma tributaria.
- Exactamente lo opuesto a lo que hizo Michelle Bachelet, que aumentó significativamente la carga tributaria en busca de una mayor recaudación para financiar derechos sociales, lo que nunca se materializó y que, paradójicamente, fue aprobado por un sector de la derecha.
- Es cierto que es fundamental reactivar el crecimiento económico tras años de bajo dinamismo, incertidumbre y estancamiento de la inversión, lo que implica fortalecer al sector privado como motor principal del desarrollo; y la reducción de impuestos es una herramienta para incentivar la inversión, generar empleo formal y mejorar los ingresos.
- Las palabras “crudas” del ministro Quiroz reflejan su manera de ver el tema: “Hay que terminar de pensar que para beneficiar a la clase media tengo que dar esta medida acá, esta asistencia allá, este regalo acá”.
- Agrega que “el mejor regalo para la clase media es que haya crecimiento, que haya empleo, que haya una forma digna de ganarse el sustento”. Es decir, ve las ayudas estatales como dádivas asistencialistas que generan dependencia.
- No se puede negar que los conceptos del ministro están reflejados en el proyecto de ley, pues contempla cambios fundamentales en derechos sociales, tales como límites a la gratuidad y a la creación de nuevas instituciones educacionales que se financien con fondos públicos, como colegios particulares subvencionados, eliminación de becas, entre otros.
- Hay que reconocer que el gobierno enfrenta este desafío bastante debilitado por haber traspasado íntegramente el aumento de los combustibles a la población, que está expresando su malestar y desilusión en las encuestas. No es el escenario ideal para tramitar un proyecto que, según el ministro de la Segpres, es existencial para el proyecto de gobierno.
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