El mensaje que manda el gobierno, fundamentalmente compuesto por el Frente Amplio y el Partido Comunista, después de haber logrado salvar a Giorgio Jackson de la destitución, es de arrogancia. Pues, no parece entender que, a pesar de los fundamentos jurídicos, había mérito de sobra para remover al ministro. Más allá de que la justificación jurídica era constitucionalmente débil, y que es obvio que todo era parte de una operación política, es imposible ignorar que si caía Jackson habría sido con el filo de su propia espada.
En el gobierno anterior, el ministro Jackson votó 11 veces a favor de una acusación constitucional. En medio de un gobierno críticamente alicaído, votó 11 veces por remover a un ministro de Estado, y de pasada, impedirle asumir cargos públicos por cinco años adicionales. No solo votó para sacar al Presidente Piñera sabiendo que de haber sido exitoso en su esfuerzo le habría metido senda inestabilidad al país, sino que además lo hizo con alevosía, exprimiendo las votaciones hasta el punto de darles significancia teatral.
Paradojalmente, hoy se sabe, por admisión propia del gobierno, que la mayoría de las acusaciones constitucionales que se hicieron eran baldías. Se sabe que no eran más que meras operaciones políticas. En particular en el caso de las acusaciones contra los ministros de Salud y Educación, que evidentemente se hicieron por razones coyunturales y no jurídicas ni constitucionales. De hecho, hoy nadie en el gobierno rebate los importantes logros de Jaime Mañalich en Salud, o las acertadas intenciones de Raúl Figueroa en Educación.
Si bien es una buena noticia que se le haya puesto termino (por ahora) a la fiebre de las acusaciones constitucionales, es obvio que no es el final de la historia. De hecho, qué duda cabe que el mismo gobierno, cuando ya no sea gobierno, las volverá a usar para ajusticiar a quienes tuvieron la audacia de contradecirlos. Ya hay señales de eso. Nadie en el sector ha agradecido la deferencia demostrada. Sino que, por el contrario, solo se han referido al hecho como un incidente desafortunado que lograron esquivar gracias a su propia capacidad de negociación.
Si en alguna extraña y retorcida secuencia de eventos Jackson termina siendo el candidato presidencial del sector en 2025, habrá que preguntarse cuánto de eso se debe a lo que acaba de ocurrir. Si, en cambio, el ministro sigue la ruta política más tradicional, y termina como candidato a Senador, además arrastrando a un par de sus compañeros al Congreso, como ya lo hizo una vez en el distrito 10, habría que preguntarse si correspondía que la oposición hiciera lo correcto en vez de lo conveniente.
Por lo demás, el resultado de la acusación constitucional no resuelve lo más importante. Resuelve el futuro de Jackson, pero poco más que eso. Obviamente la intención de la acción no era resolver alguna de las graves crisis que atraviesan el país, pero ciertamente no ayuda ni al gobierno a reponerse, ni a la oposición a distenderse. Con Jackson aún en el gobierno, el ambiente político seguirá tensionado, crispado, y como efecto no deseado, dejará a más de algún actor de relevancia frustrado y sin ánimo de cooperar.
La acusación constitucional se podría haber tomado como un ritual de sacrificio con Jackson de chivo expiatorio. En el escenario contrafáctico en que el ministro era removido, habrían caído las animosidades y aumentado el espíritu cooperativo. Se habrían mejorado las relaciones inter coalicionales en el sector de gobierno y se habrían apaciguado la demanda por cabezas desde la oposición. Se habrían cumplido las condiciones necesarias y suficientes para comenzar a dar pasos hacia adelante.
Pero no, no fue así. El gobierno decidió, quizás noblemente, proteger a uno de los suyos, y ahora tendrá que pagar los costos de esa lealtad. Desde ya se vislumbran al menos tres áreas en que el presidente Boric tendrá que comenzar a pagar cuotas. La primera tiene que ver con el área electoral y la elección de consejeros constitucionales que se viene. Pues, con el gusto amargo que queda, de haber perdido una oportunidad de haber hecho justicia política, habrá menos puntos de encuentro entre el mundo de la izquierda y el de la ex Concertación.
El debate de las dos listas se intensificará y quienes antes pensaban que una lista era mala idea, ahora estarán seguros. La permanencia de Jackson ayuda a mantener el desdén vivo. Senadores socialistas, en especial aquellos vinculados con la socialdemocracia tradicional, como Fidel Espinoza, serán más duros con la administración de Boric y propondrán más razones para generar quiebres. Por su parte, la izquierda de Boric se verá obligada a absorber la totalidad de las consecuencias de sus ya cotidianos errores-no-forzados.
La segunda área en que habrá consecuencias inmediatas es en el área de lo político. Si Boric ganó ahora, manteniendo a Jackson en su cargo, tendrá que pagar después, cediendo otra cosa. ¿Tendrá Boric que compensar a quienes le dieron los votos para rechazar la acusación? ¿Tendrá el Presidente que darle más cargos al Socialismo Democrático? ¿Tendrá que suavizar su discurso contra “los 30 años”? ¿Tendrá que darle la espalda a la calle? ¿Tendrá que ser más duro con la izquierda militante? En fin, preguntas abiertas que apuntan a un inminente debilitamiento.
Finalmente, la tercera área en que habrá consecuencias será en lo coyuntural. Es imposible suponer que un evento de la magnitud de la acusación constitucional no influya en la agenda de corto plazo. Y es evidente que el gobierno se verá perjudicado, pues cómo no serlo si con lo ocurrido quedó debiendo.
Usando la crisis de seguridad, en que el gobierno pide una mesa de trabajo, como ejemplo, ¿por qué otros sectores querrían sentarse a la mesa con un interlocutor que no solo piensa que es moralmente superior, sino que además no cede en su arrogancia?
Al fin y al cabo, la acusación constitucional se trataba de ofrecer algo importante a cambio de algo necesario. Al ser rechazada, el intercambio se posterga. El Presidente mantiene a su mano derecha, pero aplaza la entrega del ramo de olivos. Heridas que estaban abiertas, permanecerán abiertas. Otras tantas se abrirán. Puede ser que el resultado de la votación sea positivo para el país, en tanto pone fin a la fiebre de acusaciones que lo lleva azotando a través de los últimos cuatro años, pero casi ciertamente no ayudará al gobierno a mejor su gestión.
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