El Grupo de Puebla, una organización que agrupa a personeros de izquierda, emitió una declaración de apoyo a Marco Enríquez-Ominami, actualmente procesado por delitos de corrupción.
Se acusa a la justicia chilena de corrupta y parcial, señalando que desde 2015 Enríquez-Ominami está siendo procesado por fiscales directamente ligados al expresidente Sebastián Piñera que con gran apoyo mediático protagonizan lo que denominan un “lawfare”, es decir una guerra judicial para arruinar la reputación y la carrera de un dirigente de izquierda.
En otras palabras, se afirma que no existe un poder judicial autónomo e independiente y que el Ministerio Público está compuesto por fiscales corruptos que asociados con los empresarios y medios de comunicación utilizan su poder para hostilizar a políticos de izquierda; lo que equivale a decir que en nuestro país no hay un Estado de Derecho democrático con separación de poderes.
Pero el tema no es el contenido de la carta, que no es sino un ejemplo típico de las posturas extremas del Grupo de Puebla, que se caracteriza por difundir teorías conspirativas y fake news.
Lo extraordinario y notable es que el presidente argentino Alberto Fernández haya estado disponible para firmar un texto en el que se ningunea a Chile y a su democracia. La única explicación plausible es que Fernández estaba total y absolutamente seguro de que su actuación no tendría ninguna consecuencia ni reacción del presidente Boric.
Lo que significa que Fernández, un político ducho y avezado, le “tomó el peso” al presidente y a las autoridades chilenas, apreciando su amateurismo y debilidad.
Lamento tener que decirlo, pero Fernández tenía toda la razón porque la reacción del gobierno chileno ha sido patética; como queda de manifiesto en la declaración de la ministra Urrejola que atribuye la carta a una “desinformación”, señalando que lo ocurrido se trata del caso de una persona y que las declaraciones de Fernández en nada afectan las relaciones bilaterales que “están muy robustas”.
¿Cómo se pueden definir como “robustas” la relaciones con Argentina en un momento en que su presidente nos acaba de ningunear?
El silencio de Gabriel Boric es inexplicable y ensordecedor. Desde el sur le bajó el perfil al tema y dijo que las “prioridades acá son otras”. Esto trae a la memoria que rumbo a la CELAC envió un video de saludo al Grupo de Puebla con el cual se identifica. No ha dicho ni una sola palabra de condena ante la carta, ni de reproche porque ésta haya sido suscrita por el mandatario argentino con quien mantiene un estrecha relación.
No me explico cómo se compatibilizan los abrazos y apretones de mano, de los que todos hemos sido testigos, con la conducta de Fernández que ponen en una situación muy incómoda a su “amigo”, el presidente de Chile.
La arrogancia de Fernández es extraordinaria. Se permite hablar de la falta de imparcialidad de la justicia chilena en circunstancias que él esta embarcado en una guerra sucia con su propio poder judicial defendiendo a su vicepresidenta condenada por corrupción, desconociendo la validez del fallo, amenazando a los jueces y promoviendo leyes para tomar el control de la Corte Suprema.
Pero nuestro presidente tampoco tendría mucha autoridad moral para reclamar. Como dice el refrán, “como se hace la cama se duerme”; porque hace muy poco tiempo atrás él intervino de la forma más inapropiada en los asuntos internos del Perú, respaldando al golpista Castillo, cuestionando la legitimidad de la presidenta constitucional de ese país y haciendo un llamado al gobierno peruano a “cambiar de rumbo”.
El ministro de Justicia no estuvo a la altura. Este no es un tema de “debido proceso” como dijo, sino una falta de respeto a nuestro poder judicial. Es triste decirlo: bajo esta administración se puede agredir verbalmente a Chile con total impunidad.
Por otra parte, hay que reconocer que Marco Enríquez-Ominami demostró talento y audacia y supo aprovechar la debilidad estructural del gobierno y su amistad con Fernández para meterle un gol de media cancha al Ministerio Público y presentarse ante el mundo como una víctima de persecución política.
El gobierno tiene muchos flancos abiertos por su pésimo manejo en el ámbito internacional. El listado de tropezones y patinajes es extenso y el prestigio del país se ha resentido.
Desde las polémicas con el Rey de España, los cuestionamientos a los nombramientos de embajadores, la falta de apoyo a Grossman como juez de la CIJ, el desaire al embajador de Israel, la crítica a Estados Unidos en Los Ángeles por no estar presente en la Cumbre de Las Américas cuando John Kerry estaba sentado a tres metros del presidente Boric, el bochorno inútil de las “side letters” hasta las filtraciones de la reunión de la cancillería por la que hubo que humillarse y pedir excusas al embajador Bielsa.
Nuestra situación internacional es delicada. El gobierno argentino nos perdió el respeto, el del Perú está indignado con nosotros y el de Bolivia feliz con la carta del Grupo de Puebla igual que Maduro, Ortega y Díaz-Canel.
En menos de un año este gobierno ha dilapidado un capital reputacional que nos tomó treinta años acumular.
Se habla mucho de un inminente cambio de gabinete que incluye al ministerio de relaciones exteriores y eso sin duda que sería un primer paso. Sin embargo, los problemas en la política exterior no se le pueden achacar solo a la ministra Urrejola, que ni siquiera estuvo siempre al tanto o de acuerdo con lo obrado en asuntos de su cartera. Digámoslo con franqueza, el principal responsable es el presidente Boric por su inexperiencia e impulsividad.
Un sector de la izquierda se dio un festín criticando a Piñera por su viaje a Cúcuta para el fracasado intento de entregar ayuda humanitaria a Venezuela y se lo refregaron durante todo su mandato, pero comparado con el listado de errores del gobierno actual el expresidente aparece como un “estadista”.
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