La aprobación de la Ley Antiterrorista impulsada por el gobierno en medio de rebelión del PC y el FA

Con votos en contra del PC y el FA, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión mixta que resolvió las diferencias en la Ley Antiterrorista, y despachó la iniciativa al Ejecutivo. La tensa sesión estuvo marcada por el rechazo de Apruebo Dignidad a la norma que permite la utilización de herramientas intrusivas para interceptar celulares en delitos relacionados con el terrorismo, la ley de armas y el narcotráfico.

Las claves del proyecto. La nueva ley antiterrorista tiene como medida fundamental el hecho de que ya no se requiere, como principal elemento de prueba, demostrar el ánimo terrorista, una de las principales complicaciones de la ley actual, dada la dificultad para acreditarlo. A su vez, permite perseguir a integrantes de una asociación terrorista por el solo hecho de pertenecer a ella, y sancionarlos con penas de entre cinco y 15 años.

• También incluye penas para el terrorismo individual y quienes colaboren con delitos de una asociación terrorista —como el porte o fabricación de armas o el lavado de activos, entre otros—. Además, sanciona el delito de financiamiento del terrorismo individual y en asociaciones.
• Además, establece técnicas de investigación especiales, como la interceptación de comunicaciones y el registro de equipos informáticos.

La votación. Este miércoles, por 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Antiterrorista. La sala revisó el informe que la comisión mixta de senadores y diputados realizó tras resolver las diferencias entre ambas cámaras por aspectos de fondo del proyecto. Se trata del segundo proyecto en materia de seguridad que el Gobierno logra despachar en una semana.

• La iniciativa contó con el rechazo y las abstenciones de parlamentarios de las bancadas del Partido Comunista —que votó en bloque contra el proyecto—, el Frente Amplio —que se dividió entre rechazar y abstenerse— y el Partido Socialista —que no logró acuerdo interno.
• La discusión del mensaje estuvo marcada por dos nudos. El primero fue la utilización de herramientas intrusivas que permitirían interceptar dispositivos móviles de sujetos investigados por el Ministerio Público en delitos relacionados con el terrorismo, la ley de armas y el narcotráfico.
• Aunque de índole más técnica, el segundo punto que generó polémica fue el traspaso de competencias a jueces para que los casos se puedan tratar en zonas distintas a aquella en la cual se perpetró el hecho considerado terrorista.
• La ministra del Interior, Carolina Tohá, calificó la aprobación del proyecto como un “triunfo” del sistema político y aseguró que “como Ejecutivo estamos satisfechos de haber llegado a este punto”.

Descuelgue oficialista. Nueve de los 10 diputados de la bancada del PC optaron por rechazar la iniciativa que contaba con el respaldo de La Moneda. La presidenta de la Cámara, Karol Cariola, pese a presidir la sesión, no participó de la votación.

• A ellos se sumaron los votos en contra de tres parlamentarias del FA —Emilia Schneider, Claudia Mix y Camila Rojas— y las abstenciones de 12 miembros de la misma bancada, donde sólo un diputado votó a favor.
• En el PS solo los diputados Juan Santana y Emilia Nuyado terminaron rechazando. El jefe de bancada, Daniel Melo, optó por abstenerse.

La amenaza del PC. La diputada Alejandra Placencia (PC) advirtió hace algunas semanas que si la ley resultaba aprobada, recurrirían al Tribunal Constitucional reclamando la inconstitucionalidad de la norma sobre el IMSI Catcher, un dispositivo similar a una antena celular que engaña al teléfono y permite interceptar los metadatos de su ubicación y de quienes están a su alrededor.

• A la diputada comunista se sumó su par del FA, Jaime Sáez, quien planteó que “no debemos elegir entre seguridad y derechos humanos”. Lorena Fries (FA), por su parte, señaló que “persisten dudas sobre su impacto en libertades y derechos fundamentales, como la privacidad, libertad de desplazamiento y la protección de datos personales”.
• Ante la arremetida del PC, el diputado Diego Schalper (RN) señaló: “Se necesitan 38 firmas para llevar un reclamo al Tribunal Constitucional. No basta sólo con las del PC. ¿Qué va a hacer el Gobierno? ¿Logrará ordenar a sus filas?”.
• Horas antes de la discusión, Cariola dijo CNN Chile “yo comparto que el oficialismo tiene una responsabilidad cuando se trata de normas que ha impulsado el Ejecutivo. Pero también quiero hacer la distinción que en esta norma en particular es algo que no estaba en el proyecto original, que no es parte de una iniciativa del Ejecutivo, sino que surge de otro sector”.

Respaldo a IMSI Catcher. A diferencia de lo ocurrido en Apruebo Dignidad, en el Socialismo Democrático existía relativo consenso en torno a la implementación del IMSI Catcher. El diputado Raúl Leiva (PS) aseguró que “es una herramienta tecnológica que permite una persecución criminal mucho más efectiva, mucho más fina, atendida a la complejización de los fenómenos delictuales y particularmente de las agrupaciones terroristas”.

• La polémica —explicó— provendría de que, originalmente, el Senado lo aprobó como una medida amplia, y no acotada, cuestión que fue corregida por la Cámara en el primer trámite constitucional. Leiva agrega que también generó polémica el hecho de que esta técnica está fuera de la idea matriz del proyecto. “Yo discrepo de eso, porque esta técnica especial investigativa es una herramienta para perseguir no sólo delitos de acción criminal, sino que delitos que son consustanciales a una agrupación terrorista, como son el narcotráfico y el uso de armas”, plantea.
• Su par Jaime Araya (ind-PPD), explicó que el uso del IMSI Catcher siempre requerirá de una autorización judicial y lo administrará el Ministerio Público, no el Gobierno. “No es una herramienta de persecución política”, insistió ante las críticas oficialistas.
• Para la ministra Tohá, en tanto, la forma en que quedó definida la norma es “adecuada”, aunque su aplicación en otros delitos es discutible, expresó.