“La Universidad no tiene atribuciones para convocar a policías al resguardo de autoridades”, dijo Egon Montecinos, rector de la Universidad Austral, luego de la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quien había sido invitada a inaugurar el año académico el miércoles 8. Lo que el rector intentó disimular fue su propia negligencia. Nadie ha dicho que la Universidad tenga atribuciones para dar órdenes a la policía, pero sí puede pedir auxilio, lo que Montecinos no hizo ni siquiera cuando la ministra estuvo dos horas retenida en el Aula Magna por el acoso de los grupos violentos, que finalmente la atacaron cobardemente cuando ella abandonó el recinto.
¿Cómo explicar la agresividad en contra de la ministra Lincolao? La izquierda preparó el terreno en los días previos: ella era, para todos los efectos, “la representante del gobierno de ultraderecha que quiere arrebatarle derechos al pueblo”. La declaración del PC de Los Ríos es reveladora: “No estamos de acuerdo con la situación que se generó, menos aun tratándose de una autoridad. Sin embargo, rechazamos categóricamente la narrativa que busca criminalizar al movimiento estudiantil. Lo que se intenta instalar es una operación política destinada a deslegitimar el descontento social (…) Estamos del lado de quienes se movilizan por una vida más digna”.
Es llamativo que el PC se haya apresurado en asumir la condición de intérprete de lo ocurrido en la universidad. Se trataría para sus dirigentes de una expresión de “la lucha social”. Un discurso muy conocido. Y toda una línea de combate.
Según el relato de algunos alumnos, el martes 7 era evidente que se preparaba una manifestación contra la ministra en el Campus de Isla Teja y podía esperarse una situación de descontrol. No podían ignorarlo el rector y las demás autoridades universitarias, pero tampoco el delegado presidencial, el gobernador y los jefes policiales de la Región de Los Ríos. Lo que correspondía era adoptar medidas de prevención y proteger a la ministra. No fue así. Y la mayor responsabilidad es de la Universidad.
No pocas autoridades universitarias revelan confusión respecto de sus deberes legales frente a la violencia en las casas de estudio. Otras, optan por mantener una actitud “comprensiva” hacia los grupos radicales con la esperanza de que no vayan demasiado lejos. El miedo es, sin duda, el factor determinante. Y los violentos ejercen una forma de extorsión que fue perfeccionada a partir de 2019.
En los años recientes, la rectora de la Universidad de Chile adoptó una penosa forma de actuar frente a las reiteradas tomas de la Casa Central: pernoctar en sus oficinas para tratar de asegurar que los ocupantes no causaran destrozos. En rigor, la rectora tenía pleno derecho a pedir al gobierno al apoyo de la fuerza pública para asegurar que la universidad funcionara normalmente, pero eso es visto con malos ojos por ciertos académicos que, desde sus cómodos escritorios, han alentado la irracionalidad “revolucionaria”.
La primera responsabilidad de los rectores universitarios es asegurar que sus instituciones funcionen dentro del orden constitucional y legal. Las universidades no gozan de un estatuto de extraterritorialidad que las libere de cumplir las leyes. La autonomía universitaria es un principio de la vida académica, orientado históricamente a resguardar la libertad de cátedra, vale decir. el pleno pluralismo en la tarea intelectual. Por desgracia, la subcultura de la intolerancia y el frenesí ha conseguido extraviar a no pocos jóvenes, como vimos en la Universidad Austral.
Ha llegado el momento de frenar las tendencias antisociales en la universidad, aunque se disfracen con una retórica justiciera. Vivimos en democracia, y lo que hacen los violentos es socavar sus fundamentos, sembrar miedo, extender el espíritu de secta, estimular la cerrazón mental, negar la posibilidad de que la universidad sea el espacio del estudio y la razón.
El desenfreno ha causado estragos en muchos colegios. No ha pasado tanto tiempo desde la tragedia de los estudiantes quemados en el INBA, y recientemente el país fue estremecido por el asesinato de una inspectora en un colegio de Calama. Los jóvenes vestidos con overoles blancos, que atacan con bombas incendiarias a sus propias comunidades, constituyen un caso de extravío que debe cortarse de raíz.
Nada ha contribuido tanto a fomentar el primitivismo en los recintos educacionales como la indolencia de ciertas autoridades y el oportunismo de las fuerzas políticas supuestamente progresistas. Frente a los casos de violencia escolar, los responsables del ministerio de Educación del gobierno de Boric optaron simplemente por mirar hacia otro lado. Pues bien, eso debe terminar. El ministerio de Educación debe coordinar sus esfuerzos con el ministerio de Seguridad y con los municipios para garantizar que en ningún colegio se imponga la violencia.
Los dos proyectos de ley presentados por el gobierno para mejorar la seguridad en los establecimientos educacionales merecen apoyo parlamentario. Uno, propone modificar el Código Penal para establecer circunstancias agravantes por delitos cometidos contra la comunidad educativa y los recintos escolares. El otro proyecto tiene un enfoque preventivo e incorpora medidas que eviten el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que puedan ser usados para agredir a otros, dañar las instalaciones o ser potencialmente peligrosos para la comunidad educativa. Una medida fundamental es la revisión de las mochilas de los estudiantes.
Por supuesto que las medidas punitivas no lo son todo. Ha habido un prolongado deterioro de la autoridad en los establecimientos educacionales, lo que ha abonado el terreno a la anomia y la violencia. José Joaquín Brunner lo ha explicado elocuentemente en su columna “La autoridad del docente” (El Mercurio, 10 de abril), en la que sostuvo: “Lo que requiere la escuela chilena es devolverle al docente su papel central e insustituible. No como un educador autoritario que se impone por miedo, sino como un maestro que enseña por conocimiento y establece límites porque le preocupa el futuro de sus alumnos”.
Es indispensable fijar límites, y ello implica necesariamente formas de coacción, normas de disciplina, un orden que obligue a todos. Los derechos tienen que ir de la mano de los deberes. Esa es la posibilidad de formar ciudadanos conscientes y reforzar la cultura democrática. Hay una tarea inmensa por delante. Lo primero es erradicar la violencia en las comunidades educacionales.
Para más columnas en Ex-Ante, clic aquí.
Publicaciones relacionadas
El objetivo de incentivar la inversión es legítimo y necesario. Pero rebajar impuestos sin compensación no es una política; es una apuesta. Lo que diferencia a los países que se desarrollan no es la pureza de sus convicciones. Es la naturaleza de sus acuerdos.
La desaprobación, por su parte, bajó del 53% al 47%, tras la Cuenta Pública del lunes. La proporción de personas que considera incorrecto el rumbo del gobierno disminuyó 6 puntos, cayendo al 40%. Por su parte, quienes evalúan el manejo como correcto aumentaron 6 puntos, llegando también al 40% y quebrando la racha a la […]
La pregunta relevante, entonces, no es solo cuánto redistribuir. Es desde dónde, quién decide, con qué información y a qué costo institucional. Mientras esas preguntas sigan ausentes, quedará fuera lo más importante: la enorme redistribución invisible que todos los días ocurre en la sociedad antes de que el Estado llegue.
Corresponde tomar muy en serio a todos los que amenazan nuestra convivencia. Ya hemos acumulado suficientes pruebas respecto de lo que son capaces de hacer. Cualquiera que sea su origen, cualesquiera que sean las banderas que levanten, no puede haber indulgencia con el desafuero y la irracionalidad. La democracia tiene derecho a defenderse.
Pakarati fue destituida de la embajada de N. Zelandia el 6 de enero, pero el gobierno de Boric la reubicó el 1 de febrero en Cancillería. El que siguiera integrando el Servicio Exterior molestó en círculos diplomáticos, ya que mantuvo el título de embajadora, pese a sus graves dichos sobre la autonomía de Isla de […]
