José Miguel Aldunate: “En Chile tenemos un problema importante de activismo a nivel de jueces y fiscales”

José Miguel Aldunate, de Observatorio Judicial, ha seguido con atención la crisis de la Corte Suprema, a propósito del nombramiento de ministros. “El problema es que tenemos un sistema que no ha cambiado desde el siglo 19”, dice.

-Últimamente se ha cuestionado la forma en que se nomina a los integrantes de la Corte Suprema. ¿Qué tan crítico es el problema?

-No había un escándalo en torno al problema de los nombramientos desde 2018, cuando fue el caso de Rancagua. Es un problema que estalla ahora, pero estaba esperando por ocurrir. Es decir, esto es un problema muy sentido dentro del Poder Judicial.

Si conversas con jueces, ellos siempre han levantado la importancia de modificar el sistema de nombramiento. Hay que entender que este es un sistema que, en sus líneas centrales, no se ha modificado desde el siglo 19.

-¿Es anticuado?

-Es un sistema muy anticuado, que tiene un problema fundamental no solo en materia de nombramiento, sino que en el gobierno judicial. Son las llamadas funciones no jurisdiccionales: nombramientos, disciplina, administración de los recursos, formación, las calificaciones de los jueces.

-¿Eso los aparta de su función central?

-Lo esencial es la función jurisdiccional. Pero tienen que cumplir un montón de otras funciones no jurisdiccionales. La Corte Suprema concentra tanto las funciones jurisdiccionales como las no jurisdiccionales y tiene la última palabra en ambas materias. Y eso es un problema.

-¿Por qué no ha cambiado desde el siglo 19?

-Es un problema enorme, pero es un problema silencioso. Hay problemas en materia de nombramientos, porque el inferior jerárquico, para obtener su nominación, tiene que estar en una terna o en una quina, que luego es enviada al Ministerio de Justicia. Hay que cumplir una serie de requisitos, pero hay mucho espacio para discrecionalidad. El aspirante tiene que hacer una serie de lobby, que los propios jueces denominan el besamanos.

Es un sistema antiguo, y ellos mismos lo critican mucho. Es algo que los jueces alegan y sufren permanentemente, pero que está muy lejos de las preocupaciones ciudadanas y políticas. Y también está lejos de las preocupaciones de los litigantes. En realidad es un problema que aqueja a los miembros del Poder Judicial y que no genera escándalos de manera cotidiana como el que estamos viendo hoy día en la Corte Suprema.

-¿Cuál es tu opinión sobre los famosos WhatsApp para nombrar a María Teresa Letelier? Para cierta gente es parte de la discusión política, pero otros piensan que se transforma en algo ilícito.

-En el caso de la Corte Suprema hay una diferencia. Porque es la cabeza del Poder Judicial. Y si bien no es un órgano político, y tiene un deber de imparcialidad, sí cumple una función política importante. Tiene la última palabra en una serie de materias que muchas veces son polémicas desde un punto de vista ideológico. Por lo tanto es importante que la Corte tenga una legitimidad democrática.

Por eso es vital que en su nombramiento participen los poderes del Estado: el Senado y el Presidente de la República. Así, inevitablemente, vas a tener un sistema en el cual se van a realizar gestiones para obtener los nombramientos. Quien lo explicó muy bien fue precisamente una de las ministras cuestionadas, María Teresa Letelier, cuando dijo: “aquí nadie ha sido nombrado por el Espíritu Santo”. Todos han tenido que hacer gestiones para obtener el favor de 2/3 del Senado.

-Que no es nada fácil. ¿Es muy alto?

-Es un quórum muy alto. Además, piensa que de los 21 ministros de la Corte Suprema, hay cinco que son externos. Los restantes son de carrera. Es imposible para un Senador tener algún criterio de quiénes son estas personas. Porque el Poder Judicial es, por definición, silencioso. Los jueces opinan a través de sus sentencias. No son como un parlamentario o una persona corriente, de la cual puedas seguir su recorrido político.

-Pero hay ministros de la Corte de Apelaciones que han tomado decisiones en algunos casos emblemáticos. ¿Eso no permite tener una valoración política?

-Son casos excepcionales. En la inmensa mayoría de los casos estamos hablando de jueces que para el poder político son bastante desconocidos. Por lo tanto, todas las gestiones que hacen los ministros se vuelven doblemente necesarias. Si no, sería imposible ser nombrado. Por lo tanto, esta discusión tiene algo hipócrita.

-¿Hay un doble discurso?

-Acá hay mucho rasgar vestiduras por algo que todos los ministros hacen y que es inevitable. Todos los actores saben lo que ocurre aquí. Y que las reglas del juego exigen que lo hagan. Hay mucha hipocresía en este debate.

-Dicho eso, se abren dos preguntas. ¿Se puede mejorar el sistema? ¿Y la participación del Senado podría articularse de otra manera?

-Yo creo que puede mejorarse. Se pueden regular de mejor manera los concursos públicos. Tal vez sería bueno que hubiese la participación de un órgano técnico. Hay una propuesta del ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, de crear un Consejo de Nombramientos.

-¿Una especie de Alta Dirección Pública (ADP) judicial?

-Esa es la idea. Cuenta con un apoyo transversal entre distintos académicos de distintos colores políticos. Es una idea que reduce el riesgo de politización. Pero que obviamente no está en las prioridades de ningún gobierno.

-¿Y respecto a la participación del Senado?

-Es un tema más polémico, donde hay diferencias legítimas. Yo soy proclive a mantener la participación del Senado. Creo que es importante que haya un órgano de representación popular, que ratifique por amplia mayoría los nombramientos. Pero tiene obviamente costos. Habrá lobby como en todas las ratificaciones que tiene que hacer el Senado. También ocurre para el Fiscal Nacional, para el Banco Central.

-¿Propones que sea como la Alta Dirección Pública?

-Una ADP que entregue más antecedentes y que por lo tanto haga del proceso algo más formal.

-¿El papel del Senado ha sido criticado con razón?

-También creo que es importante que el Senado entienda su función. Que haya una madurez política institucional mayor. O sea, ¿por qué no hemos tenido todavía este conflicto en el Banco Central, pero sí lo hemos tenido en el Tribunal Constitucional y ahora en la Corte? El Senado tiene que mirar al bien del Poder Judicial y no a intereses partidistas particulares.

-¿Qué te parece el actuar de la jueza Ángela Vivanco, que hizo un recurso para inhabilitar a dos jueces de la Comisión de Ética de la Corte Suprema? ¿Esto revela un quiebre?

-Prefiero no pronunciarme, porque las sesiones de los plenos no son públicas. Entonces al final uno termina pronunciándose sobre trascendidos y cuesta armarse la película completa. Obviamente existen tensiones dentro del pleno.

-Vivanco expresó una opinión sobre las isapres el año pasado. Y Sergio Muñoz ha dicho: “Interpretar el derecho es un arte, no una ciencia”. ¿Hay un activismo judicial?

-En Chile estamos teniendo un problema importante a nivel de jueces y fiscales, pero sobre todo de jueces, con el problema del activismo judicial. Hay casos importantes en los cuales los jueces se apartan de la lógica judicial y aplican lo que convendría hacer. Cuando los jueces hacen eso, adoptan una lógica más legislativa que judicial y, por lo tanto, se genera un problema bastante serio.

-¿Se debe regular este tipo de activismo?

-Hoy, hay que realizar reformas procedimentales y orgánicas al Poder Judicial para poner algún coto a esto. Porque genera problemas de igualdad ante la ley, de división de poderes, de certeza jurídica. Atentan contra la percepción de que los jueces son imparciales. Obviamente todo el caso Isapres, de los últimos años, ha sido un hecho flagrante de activismo.

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