Jorge Bofill y elección de Fiscal Nacional: “Tanto desde el Congreso como del Ejecutivo se han ido levantando vetos”

El abogado Jorge Bofill dice  “que politizar la elección de un Fiscal Nacional, en momentos en que Chile vive una crisis de legitimidad institucional y una percepción de alta inseguridad ciudadana no parece ser una buena idea y así debieran entenderlo los partidos de todo el espectro”.

-Según la última encuesta Cadem, la Fiscalía tiene 32% de aprobación. Este nuevo proceso para elegir al Fiscal Nacional no ha estado exento de polémicas. ¿Afectan la imagen pública de la institución?

-Es cierto que en la encuesta que menciona la ciudadanía evalúa de manera similar a la Fiscalía y los Tribunales de Justicia, ambos en torno al 30%, lo que revela una profunda insatisfacción por los resultados de los procesos judiciales, especialmente en materia de seguridad pública. Sin embargo, los partidos y el Congreso tienen una aprobación inferior, porque estamos en una época de profunda desconfianza con las instituciones.

Dicho eso, no sé si se pueda vincular el proceso de designación, incluido este, con esa opinión sobre el funcionamiento del sistema. En lo personal, dado que es el sistema que tenemos, me ha llamado más la atención el nivel de agresividad y descalificación de las opiniones sobre los candidatos.

-En una columna en Ciper, Cristián Riego, de la UDP, dice que el proceso era cuestionable: “(Las autoridades) usarán el viejo método de la negociación soterrada, que probablemente producirá un fiscal débil y con poca legitimidad social”. ¿Comparte ese diagnóstico?

-Las reglas del sistema de designación están en la ley, de manera que es difícil innovar en la materia. Por cierto, se puede pensar en un modelo distinto. Yo diría que el principal defecto es la poca visibilidad que tienen las ideas, programas y proyectos de los distintos candidatos. Ante la Corte Suprema, los originalmente inscritos como candidatos dispusieron de diez minutos cada uno para exponer. En ese contexto, es ineludible que se escuchen puros lugares comunes. Y en tal sentido, comparto que el sistema es poco transparente, pues resulta casi imposible saber, en definitiva, qué criterios imperan detrás de la elección de la quina, en primer lugar, y, luego, la decisión que tome el presidente.

-El abogado Mauricio Duce dijo que deja “un sabor muy amargo en la boca y genera muchas dudas acerca de cuánta fortaleza la persona que salga elegida va a quedar”. ¿Se repiten los cuestionamientos que se hicieron en la designación de Abbott?

-No creo que sea comparable este proceso de designación con el que tuvo lugar respecto de Jorge Abbott, más allá, por cierto, de que son las mismas reglas. Pero el momento político es otro. En este caso, hemos visto que tanto desde el congreso como del ejecutivo se han venido levantando vetos. Está por verse si el candidato que elija el presidente de la república será uno de ellos, lo que, ciertamente, podría repercutir en una mayor o menor fortaleza de quien resulte designado.

-Marta Herrera, favorita del gobierno, sería -a ojos de la derecha- la continuidad de Abbott, algo que ella rechaza. Se le critica que no haya sido fiscal y su rol en el caso de los Panamá Papers de Piñera. ¿Se ha politizado su candidatura?

-Considero inadecuado emitir preferencias en esta etapa del proceso. El fiscal que resulte seleccionado tiene que cumplir un rol institucional que tome en cuenta el momento que vive la legitimidad de la institución. Las instituciones deben cumplir su cometido con eficacia y celeridad.

-Parlamentarios de Chile Vamos dicen que el Gobierno quiere insistir con Herrera, pese a no tener los votos, para que se formule una nueva quina con algún candidato más afín al Frente Amplio. ¿Es válida esa estrategia?

-Politizar la elección de un Fiscal Nacional, en momentos en que Chile vive una crisis de legitimidad institucional y una percepción de alta inseguridad ciudadana no parece ser una buena idea y así debieran entenderlo los partidos de todo el espectro.

Pero, insisto, este proceso se ha concentrado en exceso en los nombres y sus supuestos perfiles, apoyos y afinidades políticas. Por ejemplo, ¿cuál de los candidatos está pensando, realmente, en hacer los cambios que el Ministerio Público necesita? ¿Hay alguno de ellos que esté dispuesto a cumplir lo que la ley manda desde el año 1999 pero que ningún fiscal nacional ha implementado, que es concentrar la persecución penal en las respectivas fiscalías regionales y terminar con la intervención -por lo demás, ilegal- de la fiscalía nacional en decisiones respecto de casos particulares? ¿Hay alguno al que le importe que los sistemas de responsabilidad de los fiscales por sus decisiones funcione y deje de ser letra muerta?

-¿Cuál es su evaluación de los candidatos en disputa? ¿Qué reformas deberían hacerse al proceso, para aumentar la transparencia?

– Insisto en que no me referiré a los candidatos existentes. Cualquiera sea el mecanismo de designación del fiscal nacional, me parecería muy positivo un giro desde la concentración en la persona hacia sus programas y propuestas como factor relevante en la decisión de su designación. No hay que olvidar que el ministerio público es un órgano autónomo, al que cuesta mucho hacerlo rendir real cuenta de su gestión. Si al menos tuviéramos ese programa y esas propuestas como herramienta de medida de la gestión real del fiscal nacional, sería un gran avance.

-¿Cómo evalúa la labor de Abbott, que ha sido criticada por algunos sectores?

-Cada época tiene lo suyo. Al fiscal Abbott le correspondió investigar la crisis del financiamiento de la política y, respecto de esos casos, los resultados fueron cuestionados. También enfrentó inéditas disputas públicas entre fiscales, lo cual contribuyó al descrédito. Hoy por hoy las instituciones deben considerar las variables de transparencia y comunicaciones como un eje central de su quehacer. Pero lo principal es que se debe velar por el cumplimiento de los procedimientos y de los objetivos para los cuales fueron creadas. El rol de la Fiscalía es investigar delitos y no buscar sentencias de opinión pública. El nuevo fiscal deberá velar por reponer la primacía de este rol institucional en el Estado de Derecho.