-El secretario técnico de la Comisión para la Reforma de Salud, Cristián Baeza, dijo que un seguro único no era conveniente para la realidad chilena. ¿Comparte esa idea?
-Sucede que el programa de Boric señala claramente un seguro único de salud, que va a manejar el estado. A mí me tocó participar en la comisión de expertos y es evidente que en el oficialismo no hay ninguna voluntad de desarrollar una opción que no sea un seguro único manejado por el Estado, un súper Fonasa. Y todo lo que está haciendo Ejecutivo va en esa línea. Los parlamentarios pueden crear comisiones, citar expertos, entretenerse y perder el tiempo todo lo que quieran, pero en la realidad no tienen ninguna potestad para hacer nada. En ese contexto, referirse a estos embelecos de comisiones, para mí es completamente absurdo porque es un baile de máscaras.
-¿Hay una apuesta a una salud exclusivamente estatista en el gobierno de Boric?
-Así es. Aparecieron ayer los senadores pidiendo que el gobierno haga algo. El gobierno no puede hacer nada. Con el dictamen de la Corte Suprema, el Presidente Boric tiene el argumento, sin recurrir a discusión parlamentaria, para proponer la reforma que le interesa hacer.
-Esta Comisión para la Reforma establece un plan universal comparable para las isapres. ¿Eso sí va en la dirección correcta?
-Las Comisiones, tanto la primera que presidió el doctor Santelices como esta cuyo secretario ejecutivo es Baeza, no tienen sentido, porque parten de una hipótesis que es incorrecta: que el gobierno está dispuesto a ceder en algo su voluntad de estatizar todo el sistema de salud. Y eso es falso. El informe de de la Comisión Asesora Primera dice “hagamos esto con las Isapres, etc”. Pero eso no va a ocurrir, no hay ninguna posibilidad de que ocurra.
Nos distraemos del foco, que es el sistema completo, público o privado, que está entrando en una grave crisis de financiamiento, porque no hay plata privada para sostener el sistema. Esa es la crisis de verdad. Y eso ya está ocurriendo. Ya este año van a haber 40.000 personas en lista de espera que van a fallecer; 320.000 personas con cirugías indicadas que no se están haciendo; 2.400.000 personas en lista de espera. O sea, más del 10% de la población chilena.
-¿40.000 personas van a morir esperando?
-Sí. Ya iban 23.000 fallecidos en junio.
-En este contexto, ¿qué le parece que la Corte Suprema haya rechazado prorrogar la entrada en vigencia del fallo a las Isapres para que bajen la prima GES?
-Si te fijas, la pregunta que hizo el Superintendente de Salud fue muy tímida: “¿Tendría yo acaso una posibilidad de darles más tiempo? Él sabe perfectamente que no tiene ninguna posibilidad legal y la Corte Suprema le contestó en la misma noche. No se dio ni siquiera el trabajo de analizar el tema. Le dijo: esto ya está claro.
Y ojo, el dictamen de la Corte Suprema, que no autoriza la prolongación de plazo hasta el 31 de mayo del 2024, es más severo aún, porque dice: esto ya debería estar ocurriendo y las personas a las que se les ha cobrado de más se les va a tener que restituir el dinero. El Superintendente de Salud dijo en la mañana que van a resolver caso a caso esta nueva vertiente que se abrió de pagar retrospectivamente, según reclamen las personas.
-¿Qué escenario real vislumbra para las isapres?
-Las isapres a partir de enero tienen que ajustar el cobro de la prima Auge a lo que ha determinado la Corte Suprema, que son un máximo de 7,2 UF anuales. Eso significa que a partir de enero las isapres tienen que rebajar la plata que le cobran a sus afiliados en un 19%. Además tienen que devolver 1.000.000.000 de dólares, durante el plazo de diez años si se aprueba lo indicado en la ley corta. Si no hubiera ley corta, tienen que devolverlo en el plazo de un año. Con lo cual todos quiebran.
-¿Le llamó la atención la ausencia de la ministra Ximena Aguilera en esta última comisión? Algunos la criticaron…
-La ministra de Salud no tiene nada que hacer aquí. Ella está marginada de todo este proceso y esto está en manos esencialmente del Superintendente de Salud, del jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, del presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Juan Luis Castro y el director de Fonasa, Camilo Cid. Ellos son los únicos que hablan a nombre del gobierno.
-¿Crispi es muy anti isapre?
-Así es.
-Se comenta que la ministra podría asumir un cargo internacional ante las complicaciones que ha tenido en el Ministerio. ¿Usted qué opina sobre eso?
-Ella está perfectamente capacitada. Recuerde usted que ella fue la directora de la Organización Panamericana de la Salud para el manejo de la pandemia de influenza en el año 2009. Debe recibir ofertas todos los días para que se vaya a Washington. Ahora entró a trabajar en esta comisión que creó la OMS para el combate de la soledad. Pero eso no le implica dejar el Ministerio.
-¿La Constitución propuesta por el Consejo plantea soluciones para el acceso a la salud?
-Ninguna. Desde el punto de vista de salud, la actual Constitución o la nueva Constitución son completamente indiferentes.
-A su juicio, ¿cuál es el punto central del debate?
-La solución del Gobierno es estatizar. El punto es que no hay conciencia del riesgo para las personas que están en lista de espera; porque las clínicas privadas van a achicarse y la red pública no tiene ninguna capacidad de atención de toda la demanda actual. Y peor aún con el traslado que ya está ocurriendo: 400.000 personas en un año desde Isapre a Fonasa.
Políticamente lo que va a tratar de hacer el Gobierno es demorar esto, para que el costo político, que significa muerte, sufrimiento, pobreza, lo pague el próximo gobierno. Las comisiones son maniobras dilatorias, que no van al fondo del asunto: si queremos un sistema manejado por el Estado o uno mixto. La pandemia nos enseña mucho: si una persona, independiente de su previsión, independiente de donde viva, independiente de cualquier cosa, necesita una cama intensiva con respirador, la tiene donde sea necesario, sea pública o privada.
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