Jaime Mañalich y propuesta de salud de la Convención: “Todos los médicos pasan a ser empleados del Estado, con todo el cuoteo que eso significa”

Marcelo Soto

El doctor Jaime Mañalich, exministro de Salud, critica la propuesta de la Comisión de Derechos Fundamentales que consagra un sistema público y universal. “Esto puede llevar a que una persona incentivada por la industria pida tratamientos que no tienen sentido sanitario”.


-Hay preocupación en el gremio de la salud privada, por el artículo de la Comisión de Derechos Fundamentales, que establece un sistema público y universal. ¿Podrían las isapres convivir con ese modelo?

-De aprobarse la norma tal como está, las isapres se acaban (aunque el inciso respecto a los seguros privados fue devuelto anoche a comisión para ser revisado). El punto en el que descansan las isapres es el siguiente: se trata de una institución constituida para recibir la cotización del 7 % de cada afiliado, y a cambio de eso entregar un plan de salud. Sin embargo, en la medida en que ese 7% ya no puede ser captado por una empresa, las isapres están sencillamente destinadas a desaparecer.

-¿Qué pasa con los médicos y otros profesionales de la salud, en ese nuevo escenario?

-Muy importante: TODOS los profesionales de salud pasan a ser empleados directos  o indirectos del Estado, porque el Estado fija el precio y deriva los pacientes. De esa forma, los médicos, enfermeras, matronas, etc. pasen a ser estrictamente empleados del Estado, con todo el cuoteo político que eso significa y el riesgo para la salud.

Enseguida, en este artículo que es corto pero muy contundente, el Estado se transforma en garante de la formación de los profesionales de la salud. Ya no les corresponde a las universidades, sino que es el Estado el que garantiza que haya profesionales suficientes, cómo se forman, etc. desdibujando el papel de las instituciones académicas.

-¿Y tendría consecuencias para las FFAA y mutuales?

-Aquí se produce una nebulosa muy compleja con los sistemas de salud laborales, las mutuales, la ACHS, hospital del Trabajador, etc. porque de acuerdo a lo que está escrito en el artículo 18, todos los fondos que se cotizan en ese sistema pasan a ser recaudados por este sistema único, que es como un súper Fonasa, que recauda todas las contribuciones.

La misma duda aparece respecto del sistema de salud de las FFAA y Carabineros. Que hoy tienen su sistema de salud propio, que tienen una gran carga de gente pasiva, pero que pasarían ahora a ser administrados como parte de un sistema único.

-Una reforma a la salud es urgente. ¿Por qué se ha demorado tanto?

-En muchos países del mundo, el sistema de salud está en permanente renovación. Chile no es la excepción. El problema es que hay una gran reforma de 2005, planteada durante la presidencia de Lagos, que se ha paralizado, sin tener en cuenta el beneficio que significa para la ciudadanía. Se crea un plan garantizado de salud y la ley de fármacos, que significa un beneficio directo al bolsillo de cada persona.

Además, incluye el seguro catastrófico de Fonasa. Pero todo esto está congelado en el Congreso, desde agosto del año pasado. Y esa inacción permite que aparezca en la Convención un único artículo que básicamente es la posición de un constituyente y tiene un contenido absolutamente radical.

-¿Qué convencional?

-Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención, es el autor de la iniciativa. La redacción carece de un análisis técnico adecuado. Y supone un período de adecuación que yo calificaría de una transitoriedad penelópica.

-¿Cómo Penélope? ¿En qué sentido?

-Penélope es la esposa de Ulises que estuvo tejiendo veinte años y destejiendo hasta que Ulises llegó de vuelta de la guerra. Lo que se genera con este artículo es una incertidumbre respecto de los temas de derechos de salud que va a ser extraordinariamente prolongada.

Lo que propone la Convención es que haya un solo ente público, fácilmente capturable, desde el punto vista político, que recaude todas las contribuciones de salud y los impuestos generales. Los entes privados, que no pertenecen al Estado, se hacen parte de este único sistema de salud y para hacerlo no pueden tener fines de lucro.

-¿Cuáles serían las consecuencias para la clínicas privadas?

-Una clínica cualquiera que está construida como una sociedad anónima, tiene que dejar de serlo. Por supuesto implica una judicialización del tema de la propiedad. Dado que hay consorcios internacionales metidos en la propiedad de aseguradoras y prestadoras, es evidente que este es un conflicto internacional para el cual hay que estar preparado.

-¿Y la opción de los seguros complementarios, tal como funcionan en Europa?

-En España la gente cotiza en el sistema nacional, pero existen seguros a través de los cuales una persona se puede atender pagando de su bolsillo otro seguro extra. Eso aquí no está permitido, según la norma original que estudia la Comisión, porque los seguros complementarios no pueden dar atenciones de salud que estén incluidas en el plan nacional de salud. O sea, si una mujer necesita atenderse un parto no puede financiar esa atención a través de un seguro complementario de salud.

Enseguida, el 7% de cotización obligatoria se transforma en un impuesto; vale decir va a un fondo pero la persona beneficiaria no puede usarlo de otra forma ni atenderse en otro lugar que no sea el sistema estatal definido.

-¿Por qué cree que es una propuesta deficiente, si dice que su autor es un médico, Gaspar Domínguez?

-Médicos han propuesto diferentes cosas y hay distintas posiciones sobre esto. Hay que dar cuenta que el sistema de salud chileno tiene deficiencias, pero ha dado el ancho en situaciones muy críticas, como fue la pandemia, que ojalá haya terminado. Se logró una integración público privada. Y en ese contexto es evidente que la comisión que discutió  este tema, no lo hizo con la profundidad y el alcance que se necesitan.

-El sentido común dice que todos se benefician con un sistema universal. ¿Por qué no con este modelo?

-Esto puede llevar a que una persona incentivada por la industria pida tratamientos que no tienen sentido sanitario, que no mejoran la salud de las personas. Sin embargo la justicia va a apoyarlos porque el Estado debe financiar prestaciones, aunque no sean eficientes.

Una a reforma a la salud es obvia, pero no hemos dado el ancho. Y eso genera una propuesta constitucional que a pesar de que se escribe en dos páginas, en realidad su contenido produce una implosión del sistema de salud que va a requerir una transitoriedad de muchas leyes y mucho conflicto, para que eventualmente algún día la ciudadanía vea algún beneficio de este articulado.


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