Informe del PNUD: ni héroes ni villanos. Por Jorge Ramírez

El informe de Desarrollo Humano del PNUD 2024 presenta una narrativa que, lejos de ofrecer un análisis equilibrado, se inclina en su dimensión interpretativa hacia la estigmatización del sector privado y la responsabilidad individual, mientras ofrece una visión complaciente hacia el rol del Estado. Este tipo de diagnóstico puede ser caldo de cultivo para el surgimiento de narrativas populistas que dibujan una grieta insondable entre la élite y el pueblo, lo que, por cierto, dificulta mucho más el diálogo necesario para enfrentar los verdaderos desafíos del desarrollo humano en nuestro país.

El reciente Informe de Desarrollo Humano en Chile del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado “¿Por qué nos cuesta cambiar?”, ha generado un extenso debate en la opinión pública. Su diagnóstico plantea que las dificultades para implementar cambios profundos en Chile se deben, en gran medida, a relaciones disfuncionales entre los ciudadanos, las élites y los movimientos sociales. Sin embargo, al analizarlo más detenidamente, surgen varias contradicciones y sesgos que merecen ser discutidos en mayor profundidad.

Para comenzar, el informe trabaja con una metodología denominada como multi-método, en la que se combinan diversas fuentes de información: cuantitativa (encuesta de Desarrollo Humano), cualitativa (focus group, encuestas de élites) y estudios ad hoc para temáticas como movimientos sociales, narrativas del discurso público, sistema político y seguridad social: salud y pensiones.

Un primer sesgo que surge debido a la construcción del instrumento de medición se observa en la composición por alineamiento político de la muestra de encuestados pertenecientes a la élite. Un 46,7% de los encuestados de este grupo se autoidentificó con posiciones de izquierda o centro-izquierda, mientras que solo un 30,7% lo hace con la derecha o centro-derecha.

Este desequilibrio no es consistente con la distribución en el espectro político de la ciudadanía, como se documenta en otros estudios de opinión, ni tampoco con otras distribuciones de estudios de élite a nivel internacional.

Ya en el terreno de los contenidos, uno de los puntos más polémicos del estudio es la manera en que se asignan responsabilidades por el estancamiento del país. En el informe, se señala que: “las personas atribuyen el estancamiento y deterioro que perciben a los liderazgos políticos y al gran empresariado”.

Sin embargo, los datos recopilados por el propio PNUD indican otra cosa. La Encuesta de Desarrollo Humano 2023 revela que la ciudadanía responsabiliza del estancamiento de manera abrumadora a los políticos (67%), mientras que el empresariado es señalado por solo un 7% de los encuestados. A pesar de este dato, el documento tiene un tono que exacerba el rol del empresariado como obstáculo para el cambio, lo que deja entrever un sesgo interpretativo que distorsiona el análisis.

Este sesgo es aún más evidente cuando se observa cómo el informe aborda la relación entre el mercado y el Estado. Aunque se reconoce la importancia del crecimiento económico, se le atribuye únicamente el valor de ser una fuente de ingresos para el Estado, olvidando el papel crucial que juega el sector privado en generar empleo, innovación y mejoras en la productividad.

Así, la mirada que ofrece el PNUD respecto al mercado parece miope y superficial, perdiendo de vista que el sector privado es, en esencia, un espacio donde los individuos pueden desarrollar sus propios proyectos, proveer bienes públicos y generar oportunidades de progreso.

Por contrapartida, se constata una visión extremadamente complaciente hacia el rol del Estado, describiendo: “la sociedad chilena cuenta con un Estado que demuestra capacidades relevantes para la conducción de cambios. En el pasado el Estado chileno ha sido capaz de implementar políticas públicas de forma proba, eficiente y eficaz”.

Llama la atención la omisión de graves problemas de eficiencia, probidad y corrupción que han colmado al sector público en los últimos años. Al omitir este tipo de hechos, se refuerza una narrativa que favorece una visión colectivista de la sociedad, en la que el Estado es el principal agente de cambio, minimizando nuevamente la importancia de la responsabilidad individual y la iniciativa privada.

La crítica a la responsabilidad individual es uno de los aspectos más cuestionables del informe. En el texto se plantea que la “individualidad asocial” ha llevado a una subjetividad que exagera las capacidades individuales para el desarrollo personal, invisibilizando el rol del Estado y de la sociedad.

Se llega incluso a señalar que: “es necesario cuestionar la idea de que el éxito de los proyectos de vida individuales depende solo del esfuerzo de cada persona, sin importar las oportunidades y recursos que la sociedad provee”. Si bien es cierto que el Estado y la sociedad proveen ciertos marcos de oportunidades, reducir el papel del individuo a un mero receptor de estas condiciones es subestimar el poder de la agencia individual.

De hecho, la responsabilidad individual es valorada por la ciudadanía de tal manera que la desigualdad de ingresos es la desigualdad más tolerada por los encuestados del estudio, dentro de las 9 dimensiones de desigualdad evaluadas.

El repudio se concentra fundamentalmente en el campo de las desigualdades relacionales y de trato. Sin embargo, en el informe se plantea que “las personas tendieron a identificar sin demasiada dificultad entre las opciones propuestas aquellas áreas de la vida social donde desean cambios, priorizando la seguridad, la desigualdad de ingresos y el acceso a la salud”. Una interpretación que, nuevamente, no se ajusta cabalmente a los datos.

Luego, el documento realiza juicios de valor acerca del rol del empresariado en el contexto de la reciente salida de capitales del país, sugiriendo que esta sería una estrategia para presionar por el abandono de reformas que no les favorecen. Esta interpretación, sin embargo, parece excesiva y desconectada de la realidad de un mundo globalizado, donde el movimiento de capitales responde a múltiples factores, incluida la incertidumbre política y económica.

Al atribuir intenciones políticas a este fenómeno, se refuerza una narrativa divisoria entre “pueblo” y “élite”, típica de estrategias populistas que poco ayudan a la cohesión social.

Por otro lado, se menciona que la frustración hacia la política puede derivarse de: “las dificultades que mostró el sistema político para interpretar y conducir demandas del estallido, evidenciadas en el fracaso de los proyectos constitucionales o en la persistente dilación de reformas que son fundamentales para la ciudadanía”.

Pero este marco interpretativo desconoce que las demandas del estallido de 2019 fueron muy diversas y heterogéneas entre sí, por lo que no parece tan claro determinar el contenido específico de éstas. Además, la valoración global hacia el estallido y sus consecuencias es bastante desfavorable, según el mismo estudio.

Finalmente, se empuja la idea de establecer vínculos entre el sistema político y los movimientos sociales para representar mejor las demandas ciudadanas. Pero el problema es que los movimientos sociales pueden operar como grupos de presión con intereses corporativos. Asimismo, como se señala en el propio informe, estos movimientos muchas veces se encuentran alejados de sus bases, caen en tendencias identitarias y evidencian sesgos en su orientación política.

En conclusión, el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2024 presenta una narrativa que, lejos de ofrecer un análisis equilibrado, se inclina en su dimensión interpretativa hacia la estigmatización del sector privado y la responsabilidad individual, mientras ofrece una visión complaciente hacia el rol del Estado.

Este tipo de diagnóstico puede ser caldo de cultivo para el surgimiento de narrativas populistas que dibujan una grieta insondable entre la élite y el pueblo, lo que, por cierto, dificulta mucho más el diálogo necesario para enfrentar los verdaderos desafíos del desarrollo humano en nuestro país.

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