Indultos: Los costos y los errores no forzados de la decisión más polémica de Boric

Al impulsar el indulto a 12 condenados por graves delitos durante el estallido —y añadir al ex frentista Jorge Mateluna, condenado por asalto a un banco— el Presidente no solo abrió otro flanco en el área más débil de su gobierno, el combate a la delincuencia. También protagonizó un conflicto con el Poder Judicial, debilitó a su jefa de gabinete, dejó a su ministra de Justicia expuesta a una acusación constitucional y desató una soterrada molestia en el Socialismo Democrático. Solo cosechó aplausos en Apruebo Dignidad (FA-PC). Para muchos analistas, como Pepe Auth, su decisión fue justamente un gesto para el electorado más duro de la izquierda.

El Presidente, en la primera línea de la crisis. Boric tuvo que salir a frenar la crisis con la Corte Suprema, a la que más tarde se sumó el Ministerio Público, luego de que el fin de semana dijera lo siguiente sobre los 13 indultos que había entregado: “Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”.

• Esas palabras le costaron muy caro -una crítica abierta del máximo tribunal, recordándole su deber de atenerse a la Constitución- y también empeoraron una relación con el Poder Judicial que ya venía debilitada, como se comprobó hace algunos días cuando desde tribunales se filtró que Boric había llamado al presidente de la Corte Suprema para solicitarle que elaborara otro concurso para llenar la vacante de Fiscal Nacional. El máximo tribunal no llamó a nuevo concurso y se limitó a llenar la vacante que quedó en la quina tras el rechazo por parte del Senado a Marta Herrera como candidata a Fiscal Nacional
• El Presidente sostuvo este martes que, independiente de su opinión, él respeta la Constitución y la autonomía del Poder Judicial, el piso mínimo que le pedían voces de la derecha para no evaluar una acusación constitucional en su contra. Al revés de otros conflictos, donde los ministros actúan como fusibles, esta vez al Presidente quedó en la primera línea y se expuso a una serie de cuestionamientos, como el confundir durante una rueda de prensa la ley que permite realizar indultos con una ley de tránsito o que la UDI lo citara a una sesión especial en el Congreso.
• Aún no están claros los costos que pagará por transitar en una línea distinta a la que levantó tras la derrota del 4-S, marcada por la seguridad pública. Lo claro es que si el 2023 podía iniciarlo con un gran acuerdo de seguridad, lo hizo con el pie de izquierdo. Aún no explica por qué repitió el mismo argumento que dio en 2017, cuando publicó una columna en apoyo a Mateluna junto al actor Daniel Muñoz, ni se retracta por aquello.
• Lo que nadie duda es que el flanco más débil del gobierno, como lo reflejan las encuestas, es el área de seguridad pública. Además de abortar, por lo menos por un tiempo, la posibilidad de firmar un acuerdo con la oposición para enfrentar la delincuencia, Boric abrió un nuevo flanco de cuestionamientos en esa área, al liberar a condenados por delitos graves.

El control de daños de Tohá. El duro golpe que implicaron para la ministra Carolina Tohá los indultos no solo derrumbó el acuerdo de seguridad que ella lideraba, sino que, para algunos, tuvo incidencia en un código no escrito en política: romper las garantías de que conversar con un ministro del Interior equivale a hacerlo con el Presidente (vale decir, debilitar su credibilidad ante sus interlocutores).

• Este martes Tohá intentó infructuosamente defender los argumentos de Boric para indultar a Mateluna y viajó al Congreso a hacer un control de daños de la crisis, pero terminó protagonizando un fuerte altercado con la senadora Luz Ebensperger (UDI) a partir de la crisis en la Macrozona Norte. La ministra, jefa política del gabinete, también está enfrentando desde la primera línea un conflicto que desordenó por completo la agenda del gobierno. Hoy Chile Vamos amenaza con interpelarla.

Marcela Ríos, en el ojo del huracán. A casi 10 meses del cambio de mando, la oposición decidió acusar constitucionalmente al primer ministro del gobierno, en esta caso a Marcela Ríos, quien venía muy debilitada de las dos fallidas elecciones de Fiscal Nacional y ahora la acusan de los errores del indulto, pese a ser una facultad presidencial.

• La ministra de Justicia, que se involucró en un confuso error en el número de los indultados, deberá enfrentar en un pie forzado la tercera negociación para elegir al sucesor de Jorge Abbott. A la socióloga se le atribuye un importante déficit político, pero hasta ahora Boric la apoya.

Molestia en el Socialismo Democrático. Al optar por el indulto, el Presidente también abrió una diferencia entre las dos coaliciones que lo apoyan. Desde Apruebo Dignidad (FA-PC), donde venían reclamando con entusiasmo el indulto, recibió aplausos, sobre todo por parte del PC. Pero en el Socialismo Democrático fue recibida como un error garrafal.

• Los principales dirigentes del Socialismo Democrático han manifestado que el momento y la forma para hacerlo no podrían haber sido más inadecuados. El Presidente desperdició la oportunidad de empezar el año con un acuerdo transversal de seguridad, la mayor preocupación de los chilenos. Y tampoco vieron con buenos ojos que la medida dejara en mal pie a la ministra Tohá.

La oposición sube el precio. Este martes la arremetida opositora en el Congreso no incluyó solo a la ministra Ríos. Giorgio Jackson, al mando del Ministerio de Desarrollo Social, también recibió la noticia de que será acusado constitucionalmente, mediante una iniciativa impulsada por el Partido Republicano.

• Dentro del libelo se contemplarán el caso de la exseremi Patricio Hidalgo, la anulación de licitaciones en Mejor Niñez y la baja ejecución presupuestaria. Para algunos, la oposición está apostando a que La Moneda y el Presidente paguen un alto precio por los indultos, lo que supone marcar una fuerte distancia de los acercamientos que sostuvieron con él a partir del acuerdo constitucional.

Errores no forzados. En noviembre de 2021, Boric marcó su posición sobre los presos del 18-O, de cara a la segunda vuelta. “No se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme, o que saqueó un supermercado”, dijo en La Red. Trece meses más tarde, como Presidente, firmó indultos particulares al condenado por el ataque a la catedral de Puerto Montt y a un sentenciado por participar de un saqueo y portar una molotov.

• Horas después de indultar a 13 presos, Boric justificó su decisión diciendo que los beneficiados no eran “delincuentes”. El caso de Luis Castillo Opazo —condenado a 4 años de cárcel por asaltar la oficina del Registro Civil de Copiapó y otros 6 puntos de la ciudad— puso en entredicho esa afirmación. En 2007, 12 años antes del 18-O, fue condenado por 2 robos con violencia. También registra sentencias por un hurto, lesiones y un lanzazo. Gendarmería lo clasificó como un interno de alto compromiso delictual y al dejar la cárcel dijo en un video que “los insurrectos no nos calmamos”. Pero el error no forzado más complejo, probablemente, sea el que protagonizó al opinar sobre el caso Mateluna, desatando una crisis con el Poder Judicial y obligándolo a retractarse.