Indultos de Boric complican más a una debilitada ministra de Justicia

La UDI y RN presentarán una acusación constitucional contra la ministra Ríos por eventuales irregularidades en los decretos de indulto y en beneficios carcelarios otorgados a presos mapuches. El diputado Diego Schalper envió un oficio a la Contraloría con antecedentes jurídicos a tener presente al momento de la toma de razón del decreto supremo que concedió los indultos.

El inicio de la crisis. El jueves pasado, cuando el Presidente anunció los indultos a 12 presos por delitos cometidos el 18-O y un ex frentista condenado por un asalto a un banco, Renovación Nacional emitió el comunicado “Un Gobierno incapaz en materia de seguridad”, rechazando la decisión y anunciando una serie de medidas.

• En el punto Nº 2, señaló “El Ministerio de Justicia debe responder políticamente por esta decisión”. Y anunció que, como partido, “hemos tomado la decisión de impulsar una acusación constitucional contra la Ministra de Justicia, Sra. Marcela Ríos”.
• La justificación entregada es que, si bien la potestad de indultar es del Presidente Boric, “lo cierto es que esta nefasta decisión se vio agravada por una errática y dudosa conformación en el listado de los indultados”.
• Esta mañana hubo una serie de reuniones entre parlamentarios de las bancadas de RN y UDI para revisar el tema. Todos concluyeron que la situación se vio agravada por las declaraciones del Presidente Boric, quien el fin de semana justificó su decisión de otorgar el indulto al ex frentista, Jorge Mateluna.
• “Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia” dijo ayer Boric .
• El Pleno de la Corte Suprema la respondió hoy y en parte de su declaración citó el inciso 1 del artículo 76 de la Constitución. “Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.
• Por la tarde, Boric retrocedió en sus dichos y leyó un comunicado oficial señalando en parte del documento que “debo reclamar que comparto plenamente el recordatorio que realizó la Corte Suprema”, aunque defendió la facultad de conceder el indulto.

UDI se suma a la acción. Esta situación derivó en que todos los partidos integrantes de Chile Vamos revisaran la decisión de sumarse a la acusación constitucional contra la ministra de Justicia. El jefe de bancada de la UDI, diputado Jorge Alessandri, justificó la determinación “por eventuales irregularidades en los decretos de indulto y eventuales infracciones a la ley en el otorgamiento de beneficios carcelarios”.

• Desde hace algunas semanas, la oposición estudiaba presentar una acusación constitucional contra ella por una serie de irregularidades detectadas tanto por la Comisión de Seguridad Ciudadana como por la la Comisión Especial Investigadora sobre Seguridad, respecto a beneficios concedidos a reos mapuches.
• Por la tarde desde Evópoli se informó a Ex­-Ante que están revisando todos los antecedentes para sumarse a la acción pero adelantaron que “vemos como buenos ojos” la acusación constitucional.
• La ministra Ríos respondió que la decisión es una facultad de la Cámara: “Somos muy respetuosos de las facultades del Poder Legislativo, estamos disponibles para concurrir en los procedimientos necesarios y poder responder cualquier duda de los diputados en este sentido”.
• Todo esto ocurrió en una mañana plagada de conversaciones entre las bancadas de los partidos oficialistas, donde hay una creciente molestia por esta crisis instalada por el Presidente, que se considera innecesaria e inoportuna, según han señalado diversos parlamentarios.

Requerimiento a Contraloría. Durante la tarde, el diputado RN, Diego Schalper, envió un oficio al Contralor General de la República para que tenga presente algunos antecedentes jurídicos al momento de la toma de razón del Decreto Supremo que concedió los indultos.

• El diputado, de profesión abogado, sostiene que “dichos decretos podrían incurrir en un vicio de inconstitucionalidad por desviación de poder, al utilizarse el indulto presidencial como una vía o mecanismo para hacer revivir un proceso fenecido y cuestionar una sentencia judicial firme y ejecutoriada, incluyendo una referencia expresa al proceso de valoración de la prueba, facultad intrínsecamente jurisdiccional”.
• “El Presidente de la República ha manifestado públicamente la finalidad que persiguió al atribuir el indulto al Sr. Jorge Mateluna, revelando así el propósito de corregir o enmendar una sentencia que, a su juicio, sería injusta, por haberse incurrido en su dictación en irregularidades y en una valoración de la prueba que no alcanzaría el estándar de justicia exigible”, señaló en parte del oficio.