Enero 14, 2022

Indulto para los presos de la revuelta: la papa caliente que amenaza la luna de miel de Boric. Por Jorge Schaulsohn

Ex-ante

El presidente electo está entre la espada y la pared. Entiendo perfectamente la necesidad política que tiene, pero no veo cómo podrá justificar un indulto. Sobre todo hoy que vivimos un momento muy difícil en materia de orden público y seguridad, con una percepción ciudadana de aumento de los delitos violentos. 

Una misión muy compleja. Gabriel Boric asume la presidencia con un pendiente como dicen los mexicanos: Sacar a los denominados presos de la revuelta de la cárcel como lo prometió durante la campaña. Si no lo hace, la primera línea volverá a salir a las calles generando enfrentamientos con la policía que podrían resultar en heridos, muertos o destrucción, desdibujando su gobierno y horadando su prestigio como líder de la izquierda.

  • Es una misión muy compleja, impopular, tal vez imposible. Su llamado a los senadores a apurar el proyecto de indulto y sacarlo antes de que termine esta legislatura evidencia su angustia y preocupación. Para que haya indulto tiene que haber condena y la mayoría de los presos no están condenados. Además es una ley de quorum calificado difícil de alcanzar.
  • La pregunta es ¿por qué la izquierda cree que es bueno, necesario, indispensable indultar y/o amnistiar a quienes cometieron graves delitos durante el estallido social y está dispuesta a pagar el costo político de hacerlo?
  • Desgraciadamente, en Apruebo Dignidad hay un sector que no es capaz de cortar el cordón umbilical con la violencia.
  • Sabemos que tras la violencia política que azoto a Chile entre el 18 de octubre de 2018 y el 25 de noviembre del 2020 -con su secuela de saqueos, quema de iglesias, hoteles, sedes universitarias, museos, metro, buses, negocios y mobiliario público- la izquierda puso el acento en las violaciones a los DDHH cometidas por las fuerzas policiales que salieron a reprimir y controlar a las turbas de la primera línea.
  • Y construyó un relato que victimizó a los saqueadores sin distinción y acusó de complicidad al gobierno en lo que calificaron como “violaciones “sistemáticas” de los DDHH.

Versión versus realidad. Si bien es cierto que efectivamente hubo muchos atropellos a los DDHH por parte de la policía, también lo es que los manifestantes cometieron graves y reiterados delitos contra la propiedad y las personas en medio de una ola de violencia generalizada en todas las ciudades del país, de una magnitud nunca vista.

  • La izquierda optó por invisibilizar delitos cometidos por los manifestantes, un “negacionismo” políticamente motivado y terminó presentando un proyecto de indulto. Los recibió como héroes en el salón de honor del congreso en Santiago -en un acto organizado por varios senadores- e hizo que el primer acto formal de la convención constitucional fuera un voto solicitando su liberación.
  • El presidente electo prometió indultarlos en su campaña. Para la izquierda son los protagonistas de la “revolución”, que terminó imponiéndole al gobierno de Piñera un plebiscito que abrió la puerta a la convención constituyente. Son “presos políticos” privados de libertad arbitrariamente, sin pruebas ni juicios.
  • Pero esa versión fantasiosa choca con la realidad. Chile es un país democrático, con una justicia independiente y un Ministerio Público autónomo que en medio de las protestas empezó a cumplir con su labor procesando las denuncias contra carabineros e investigando los delitos cometidos por los manifestantes. Como resultado de ello muchos policías y manifestantes fueron detenidos, formalizados, procesados y en algunos casos condenados o absueltos.
  • Todos los presos están sometidos a juicio y formalizados y su detención esta ordenada por un juez de garantía que estima que existen antecedentes que justifican la existencia del delito que se investiga y que permiten presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor (art. 140 Código de Procedimiento Civil).
  • Además, los abogados defensores han ejercido el derecho a solicitar al juez de garantía que deje sin efecto la cautelar que afecta al imputado y han recurrido, reiteradamente, a la Corte de Apelaciones reclamando contra el juez de garantía sin éxito. Tampoco se ha sabido de recursos de amparo que hayan resultado exitosos.
  • Algunos parlamentarios alegan que las pruebas no existen, son malas o se trata de montajes. Pero para eso están los jueces de garantía, para calificar el valor probatorio e integridad de las pruebas. No le compete a los diputados y senadores, que tienen prohibición expresa de abocarse a conocer de procesos pendientes.

Prisión preventiva y prontuario. Se habla de abuso de la prisión preventiva y es efectivo que algunos llevan más de un año detenidos; pero eso ocurre con toda clase de imputados por toda clase de delitos. La justicia suele ser demasiado lenta al punto de incurrir en la denegación de justicia. Hay reos que cuando son condenados o incluso absueltos ya han cumplido más tiempo que la pena que corresponde al delito. Pero eso no justifica un indulto un tratamiento privilegiado sobre la base de la ideología política del reo.

  • La prisión preventiva es popular porque muchos creen que es parte del castigo; ¿cuántas veces hemos visto a gente en las afueras de un tribunal tirando piedras porque un imputado fue dejado en libertad provisional? Tanto es así que la reforma procesal penal es criticada por ser demasiado “garantista”. Los jueces de garantía son constantemente acusados de “dejar sueltos a los delincuentes”, la famosa puerta giratoria. Eso incluso obligó al Congreso a establecer un recurso de apelación que no existía, el cual permite recurrir ante la Corte de Apelaciones la decisión de un juez que rechaza decretar la prisión preventiva del imputado.
  • Hoy hay 144 detenidos tras el estallido social en prisión preventiva o cumpliendo condena. Están acusados de lanzar bombas Molotov contra comisarías, carabineros y/o carros lanza gases, de incendio de la municipalidad de Quilpué, del hotel Principado de Asturias, de la oficina de Chilquinta en Quintero, del atropello a una funcionaria de la PDI durante un saqueo en Pudahuel, de homicidio frustrado por incendio con molotov lanzada a un vehículo cuyo conductor resultó con su espalada quemada en Antofagasta, por robo en lugar no habitado (saqueo).
  • Hay personas que han cometido varios delitos y otros que tenían prontuarios. Un hombre fue condenado a 10 años de cárcel por utilización de bomba molotov pero también por homicidio frustrado y desórdenes públicos. Hay casos en que el lanzamiento de bomba molotov se cruza con el delito de saqueo, hay un condenado a tres años por saqueo del supermercado Santa Isabel. También hay un imputado por delito de narcotráfico y saqueo del Líder en San Bernardo. Algunos por no cumplir la cautelar de arresto domiciliario en reiteradas oportunidades, y un condenado por incendio de un Centro de Abastecimiento en Talca y otro por incendiar las puertas de la catedral de Puerto Montt y desmanes en la vía pública.
  • Absolutamente ninguno está preso por razones políticas o por defender sus ideas.

Un dilema insoluble. El presidente electo está entre la espada y la pared. Entiendo perfectamente la necesidad política que tiene, pero no veo cómo podrá justificar un indulto; sobre todo hoy que vivimos un momento muy difícil en materia de orden público y seguridad, con una percepción ciudadana de aumento de los delitos violentos, algunos hasta hace poco desconocidos en el país como secuestros para pedir rescate que terminan con un asesinato.

  • En este contexto creo que la mayoría de los ciudadanos rechaza el indulto y no entiende que un sector de la clase política este empeñada en saltarse las reglas para beneficiar a personas condenadas o procesadas por delitos graves de los cuales, en muchos casos, fuimos víctimas y/o testigos.

 


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