Diciembre 1, 2022

INDH ya no podrá escudarse en su autonomía para no rendir sus gastos y tendrá que responder a informes de la Cámara

Mario Gálvez
El próximo año, la directora del INDH, Consuelo Contreras, deberá responder a todos los requerimientos de fiscalización de las comisiones permanentes o especiales o de cualquier diputado.

El Congreso Nacional le restituyó al organismo la partida presupuestaria para 2023, pero introdujo una glosa que los obliga a dar cuenta trimestralmente sobre el gasto de recursos y a responder los requerimientos de la Cámara de Diputados y sus integrantes. La semana pasada, el ex director del Instituto, Sergio Micco, habló en la Comisión de DD.HH. y dijo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos “está sujeto a la fiscalización de la Cámara”. Hay satisfacción parlamentaria transversal por la medida.


Argumentos para obligarlo a informar. A partir del presupuesto del próximo año, el Instituto de Derechos Humanos INDH) deberá informar al Congreso Nacional la ejecución de los fondos asignados para su funcionamiento y responder los informes que las diferentes comisiones pemanentes e investigadoras o de los parlamentarios que lo soliciten. La medida quedó establecida en la glosa 25 del proyecto de ley de Presupuesto para el Sector Público 2023 (boletín Nº 15.383-05).

  • Con ello se despeja definitivamente el debate sobre la supuesta autonomía del INDH, que le restaba autoridad o atribuciones al Congreso Nacional ante las constantes negativas del organismo para remitir informes o a concurrir a las sesiones por parte de sus directivos.
  • La actual directora, Consuelo Contreras, en varias ocasiones argumentó el art. 1 de la ley 20.405 como razón para negarse a responder a los requerimientos.
  • Este señala: “Créase el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en adelante también “el Instituto”, como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

Lo que dice la glosa 25. “El Instituto Nacional de Derechos Humanos deberá informar trimestralmente a las comisiones de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento, y la de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de las actividades y proyectos que ejecuten con los fondos asignados, así como también deberá informar y remitir todos los informes que las diferentes comisiones permanentes e investigadoras, y los diputados y diputadas soliciten, donde haya uso de los correspondientes recursos”.

  • Durante la discusión presupuestaria, la Cámara de Diputados dejó sin partida al INDH ante la molestia transversal que existía entre los legisladores por la actitud asumida por la directora.
  • La diputada Joanna Pérez, quien ayer renunció a la DC, presentó una indicación para obligar al Instituto a responder a los requerimientos de fiscalización de la Cámara de Diputados.
  • El Senado y la comisión mixta aprobó la restitución de los fondos para 2023 hasta por un monto de M$ 14.104.211. Pero, introdujo la glosa que termina con la autonomía que alegaba Consuelo Contreras. El presupuesto de este año del INDH es de M$12.552.515.

Una mala interpretación. La semana pasada, el ex director del INDH, Sergio Micco, concurrió a la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados. El abogado señaló que la autonomía supone la idea de autogobierno y de administración por sí mismo, “dándose sus propias normas y gobierno, teniendo patrimonio y personalidad jurídicas propias; independientes sobre todo del gobierno, que no puede ejercer tutela o supervigilancia”.

  • Respecto al INDH, de acuerdo a la ley el Instituto estará sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República, en lo que concierne a su personal y al examen y juzgamiento de sus cuentas; pero sus resoluciones están exentas de la toma de razón.
  • Los consejeros sólo pueden ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de la Cámara de Diputados, “por incapacidad sobreviniente declarada judicialmente, por algunas causales o negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones”, detalló.
  • Pero, la autonomía “no significa autoarquía”, explicó Micco a la Comisión, pues toda entidad que forma parte de la Administración del Estado debe someterse a las normas legales que la rigen, “sin que se pueda sustraer de su cumplimiento”.
  • La calificación de integrante de la Administración del Estado, añadió Sergio Micco, conlleva el deber de someterse a una serie de principios y normas propias del régimen común de esta entidad, “como sucede con la obligación de entregar información al Congreso Nacional”.
  • Por lo tanto, y como conclusión, el ex director del INDH dijo que el organismo “está sujeto a la fiscalización de la Cámara, en el sentido que debe concurrir cuando es citado; entregar sus informes, salvo circunstancias excepcionales, y dar cuenta del avance de sus planes y programas conforme al presupuesto de la nación”.

Hay satisfacción transversal. La inclusión de la glosa provocó variadas reacciones entre los parlamentarios de distintos partidos. La diputada Pérez, autora de la indicación, dijo que “valoro lo aprobado por el congreso en orden a la transparencia en el uso  de recursos públicos.  Lo que hace la indicación aprobada es establecer el deber del INDH de informar respecto de los proyectos, programas y demás iniciativas que desarrolle con los recursos asignados para 2023 año 2023.

  • Diputado Raúl Leiva (PS): “Me parece una muy buena idea. Siempre hay que avanzar en materia de transparencia y, sobre todo, en la correcta ejecución de los fondos públicos. El INDH tiene una tremenda función que desarrollar en el país, y mientras más transparente sea, cuanto mejor”.
  • Diputado Jorge Alessandri (UDI): “Siempre que hay recursos del Estado destinado a una organización, lo evidente y justo es que pueda dar explicaciones por ese gasto, que la Cámara de Diputados lo pueda fiscalizar; que la Contraloríapueda revisar. El INDH quedaba fuera de aquello. Desde este presupuesto, queda sujeto a ese control. Si ellos están haciendo las cosas correctamente, no debieran tener problemas en entregar información”.
  • Diputado Jaime Araya (Indep. PPD): “Son estandares mínimos que deben cumplir todas las instituciones que reciben fondos públicos. Ni siquiera debiera discutirse. La historia reciente nos ha mostrado que todas las experiencias de instituciones sin control han sido un desastre. Tenemos el deber de reconstruir la confianza, y cumplir estas exigencias mínimas. Es una buena forma de aportar a ese desafío”.
  • Diputado Cristián Araya (Republicanos): “El INDH ha sido una institución sectaria y poco transparente generando una gran desconfianza en su gestión. Resulta inexplicable que no quieran rendir cuentas claras por su gestión y gasto. ¿Qué ocultan?”.
  • Diputado Andrés Longton (RN): “¡Esta bien! La autonomía no quiere decir que no deban rendirle cuentas a nadie, sobre todo por como han actuado”.

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