Los primeros días del año han estado marcados por el hermetismo comunicacional sobre el controvertido proyecto de indultos a imputados por delitos del denominado estallido social. Agunos senadores que presentaron la moción han retirado su apoyo, otros han manifestado que continuarán con la tramitación por compromiso con familiares de detenidos, pero admiten que es muy compleja su aprobación. La presidenta del Senado ha mantenido silencio, pese a ser la principal impulsora.
¿Qué pasó?: La Corte Suprema dio a conocer el martes un análisis de los imputados que estaban cumpliendo prisión preventiva por delitos asociados al 18 de octubre. Luego del anuncio, Juan Ignacio Latorre, uno de los senadores patrocinantes del proyecto que busca la amnistía para esos casos, sinceró la situación actual y dijo que la iniciativa tenía un “difícil destino”.
Lo que hay detrás: Los dichos del senador Latorre (RD) dan cuenta del debilitamiento de la idea legislativa que enfrentó a distintos actores por su polémico contenido. La lápida la puso ayer la Corte Suprema al entregar datos duros sobre la cantidad de detenidos. La vocera del máximo tribunal Gloria Ana Chevesich dijo que eran 26 los detenidos a quienes se les imputó algún delito relacionado con el estallido social. En contraste con lo que dijo la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien dijo el mes pasado que eran casi 800 las personas en esa situación.
Futuro fracaso: Desde el círculo de los parlamentarios que presentaron la iniciativa, han evitado respaldarla públicamente durante los últimos días. A pesar que en un comienzo los senadores Adriana Muñoz (PPD) y Juan Ignacio Latorre (RD) habían realizado un punto de prensa con los familiares de detenidos, estos últimos días han guardado silencio.
La controversia: Políticos del oficialismo y de la propia oposición presentaron reparos luego que se diera a conocer la iniciativa.
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