Menos de 24 horas después que el único imputado por la muerte del menor, su tío Jorge Escobar, quedara sin medidas cautelares tras ser formalizado, el jefe del Ministerio Público sacó del caso al fiscal jefe de Arauco, José Ortiz. En su lugar se designó a la fiscal regional de Concepción para que lidere las indagatorias.
¿Qué pasó?: El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designó a la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, para que se haga cargo de la investigación penal que busca esclarecer la muerte de Tomás Bravo, el niño de 3 años que fue encontrado sin vida luego de permanecer desaparecido nueve días en el sector de Caripilun, comuna de Arauco.
Duro revés para la Fiscalía: Durante la audiencia de formalización de ayer, el Juzgado de Garantía de Arauco rechazó gran parte de los argumentos entregados por el fiscal Ortiz para solicitar la prisión preventiva del imputado.
La nueva fiscal: El 2 de agosto de 2018, Marcela Cartagena asumió como la fiscal regional de Concepción. Ese día, fue recibida e investida por el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien la nombro luego de escogerla desde una terna de candidatos para el cargo.
Respaldo a Ortiz: A través de un video, Cartagena indicó que el fiscal José Ortiz seguirá dentro del equipo de investigación del delito y que la acompañará en la audiencia de apelación de mañana ante la Corte de Concepción.
La jueza Andrea Díaz-Muñoz consideró que el protagonista del Caso Audios, contra quien la fiscalía formalizó cargos en agosto por cohecho, lavado de activos y delito tributario, había colaborado con la investigación y no había temor de fuga. “La prisión preventiva no puede ser una pena anticipada”, recalcó.
“No suba por ahí, señor, no le conviene”. Varias personas dan el mismo consejo. Es un miércoles por la tarde y estamos en el barrio más antiguo de Valparaíso, en La Matriz, detrás de la Iglesia del mismo nombre. Es una de las más hermosas del puerto, pero casi nadie viene a verla. En ese […]
Contraloría inició un juicio de cuentas al gobernador Óscar Crisóstomo (PS) y otros cinco funcionarios del gobierno del Ñuble, luego de que el contralor regional concluyera que la autoridad incurrió en una “omisión negligente”, al no supervigilar las rendiciones de un proyecto de $268.100.000 de ProCultura. Crisóstomo dijo que el juicio está en trámite.
El documento establece medidas concretas y auditorías técnicas urgentes destinadas a reforzar controles operativos críticos, tras identificar severas deficiencias en protocolos clave de Interchile y Transelec. El informe revela además instrucciones específicas a las empresas eléctricas para evitar nuevas interrupciones masivas.
Un derecho y principio básico de nuestras democracias, como es la presunción de inocencia, se ve fuertemente golpeada cuando nos adelantamos a los procesos judiciales y condenamos en la plaza pública en base a antecedentes parciales e intencionados.