Informe de Human Rights Watch sobre venezolanos deportados: La respuesta de La Moneda a la Suprema y la ONU

Este miércoles, Human Right Watch dio a conocer un duro informe sobre la deportación de los venezolanos en Chile, pidiendo al Gobierno que se ponga fin a expulsiones sumarias e indicando que en buena parte de ellas se incumple el derecho internacional e incurre en violaciones a los derechos humanos. Hace cerca de 10 días el Ministerio del Interior planteó todo lo contrario en un documento que envió al poder judicial y organismos internacionales. A continuación los detalles.

Respuesta del Gobierno. Sin que aún se conociera el informe de HRW, y aludiendo al caso de las deportaciones en general y no solo en el caso de los venezolanos, el Ministerio del Interior envió un informe sobre las expulsiones en Chile a la Corte Suprema y Naciones Unidas.

• La Suprema ha sostenido que las deportaciones masivas están prohibidas por el derecho internacional y que las deben ceñirse a un proceso que de garantías y no sea arbitrario.

El informe. El documento del Ejecutivo, según señalan en el oficialismo, realiza un detallado análisis de la expulsión de extranjeros del día 25 de abril, para luego desglosar por qué, a su juicio, los procedimientos son racionales, documentados, respetan el debido proceso y velan por los DDHH.

• En el vuelo del 25 de abril, se indica, 21 extranjeros fueron objeto de expulsiones de tipo judicial (5 de ellos no viajaron por estar contagiados con Covid). Los delitos por los que se les deportó fueron: Robo con violencia, robo con intimidación, tráfico de estupefacientes. 6 de ellos tenían causas por tráfico de migrantes y otro tenía una causa pendiente en Venezuela por homicidio calificado.
• Reforzando el respeto del debido proceso, el texto indica que ese día iban a expulsar a 78 extranjeros por causas administrativas -ingreso clandestino, básicamente-, pero que en 37 casos el proceso se detuvo a partir de recursos judiciales interpuestos.
• En 7 casos la notificación de la resolución judicial que otorgaba orden de no innovar se remitió a la PDI después de las 14.00 horas de ese día, siendo que el vuelo despegó a las 13.30 horas.
• La Moneda anexa algunos casos particulares, donde los recursos de amparo interpuestos por los extranjeros fueron rechazados, y sostiene que el Gobierno dispone de una detención de solo 48 horas para los deportados.
• También afirma que todas las notificaciones estuvieron hechas conforme a derecho: 10 de ellos fueron notificados de su expulsión en 2019, 4 en 2020 y 14 entre enero y marzo de 2021.

 Arribo a Venezuela. Se informa que, más allá de su condición de expulsados administrados, al momento de llegar a Venezuela había al menos 2 casos en que tenían orden de captura pendientes por posesión ilícita de armas y tratos crueles, entre otras cosas.

Defensa de overoles. El documento defiende los recintos de detención de los deportados y explica que éstos portan overoles blancos por medidas de bioseguridad, a partir del Covid.

• En relación a los grilletes de seguridad plásticos se indica que solo se usaron para expulsados judiciales.
• Los chalecos reflectantes que portan los deportados los atribuye a motivos de seguridad.
• Se asegura que a ninguno de los extranjeros se les incomunicó -dándoles facilidades para informar sobre su detención a familiares y abogados- y que, por ley, ningún menor de edad es expulsado del país.
• Finalmente se da cuenta que estos aspectos fueron informados el 30 de abril a distintos representantes de organismos internacionales, como UNICEF y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado para la ONU.

El informe de Human Right Watch. Sostiene lo contrario a lo expuesto por el gobierno chileno, a partir del examen de 21 sentencias judiciales, entrevistas con activistas del ámbito humanitario y de DDHH, la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la U. Diego Portales y el Servicio Jesuita a Migrantes.

• El documento afirma que en Chile no se respeta el debido proceso y menciona el caso de Daniel Sosa, un ciudadano venezolano de 24 años que fue detenido el 5 de junio en su lugar de trabajo y transferido luego a la PDI. “Les dijo a los agentes de la PDI que su pareja, quien estaba embarazada, se encontraba en Chile, pero ellos siguieron con la deportación”.
• La Corte de Apelaciones de Iquique anuló la orden de deportación.
• “En otro caso, el 5 de junio, un hombre que se identificó como agente de la PDI llamó por teléfono a una mujer de 58 años y le dijo que se encontrara con él en un supermercado para discutir su situación legal en Chile. Cuando la mujer llegó al supermercado el agente la esposó y le dijo que sería deportada”.
• Un recurso presentado por abogados de DDHH indicó que “regresar a Venezuela ponía en riesgo la salud de la mujer, puesto que no podría recibir tratamiento para dos hernias de disco y que su hijo de 19 años, quien tenía una discapacidad y vivía con ella, necesitaba de asistencia diaria”.
• “La corte dispuso que no fuera deportada luego de que la deportación ya había ocurrido”, dice el informe.
• El documento de HRW indica que la PDI a menudo las personas no son notificadas oportunamente de sus expulsiones y que estas se hacen de manera colectiva, sin incluir un análisis individual de las circunstancias de cada caso.
• Y concluye: “Estas deportaciones pueden violar el derecho de los niños y niñas a la unidad familiar”.