Este miércoles, Human Right Watch dio a conocer un duro informe sobre la deportación de los venezolanos en Chile, pidiendo al Gobierno que se ponga fin a expulsiones sumarias e indicando que en buena parte de ellas se incumple el derecho internacional e incurre en violaciones a los derechos humanos. Hace cerca de 10 días el Ministerio del Interior planteó todo lo contrario en un documento que envió al poder judicial y organismos internacionales. A continuación los detalles.
Respuesta del Gobierno. Sin que aún se conociera el informe de HRW, y aludiendo al caso de las deportaciones en general y no solo en el caso de los venezolanos, el Ministerio del Interior envió un informe sobre las expulsiones en Chile a la Corte Suprema y Naciones Unidas.
El informe. El documento del Ejecutivo, según señalan en el oficialismo, realiza un detallado análisis de la expulsión de extranjeros del día 25 de abril, para luego desglosar por qué, a su juicio, los procedimientos son racionales, documentados, respetan el debido proceso y velan por los DDHH.
Arribo a Venezuela. Se informa que, más allá de su condición de expulsados administrados, al momento de llegar a Venezuela había al menos 2 casos en que tenían orden de captura pendientes por posesión ilícita de armas y tratos crueles, entre otras cosas.
Defensa de overoles. El documento defiende los recintos de detención de los deportados y explica que éstos portan overoles blancos por medidas de bioseguridad, a partir del Covid.
El informe de Human Right Watch. Sostiene lo contrario a lo expuesto por el gobierno chileno, a partir del examen de 21 sentencias judiciales, entrevistas con activistas del ámbito humanitario y de DDHH, la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la U. Diego Portales y el Servicio Jesuita a Migrantes.
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