Sergio Muñoz Riveros: “La elección paritaria para la Convención Constitucional fue una experiencia negativa por donde se la mire”

Para el analista político y columnista, el haber introducido la paridad de género en la composición de la Convención Constitucional provocó “distorsiones escandalosas” y el ajuste tras las elecciones de este fin de semana terminó favoreciendo a siete hombres y a cuatro mujeres. Además, sobre los escaños reservados para los pueblos originarios, apuntó que solo 21% del padrón indígena votó por candidatos de su etnia y el resto utilizó la papeleta general, lo que implicaría que la mayoría de las personas con ascendencia indígena “parecen priorizar la integración por sobre la diferenciación”.

Usted habla de “distorsiones escandalosas” por la corrección de la variable paritaria. ¿Considera que fue un exceso condicionar el resultado, que se optara por una Convención paritaria?

Fue una mala decisión del Congreso haber establecido que la elección de los convencionales debía dar igual número de hombres y mujeres elegidos. La corrección de los resultados significa simplemente alterar la voluntad explícita de los electores, o sea meter la mano en la urna para cumplir con la norma supuestamente justiciera. No se favorece la igualdad de género desconociendo en los hechos el valor del voto. Además, sucede que, sin esta norma de paridad artificial, el resultado normal de la elección de convencionales habría dado más mujeres ganadoras. Fue una experiencia negativa por donde se la mire.

Todo sistema electoral es imperfecto y genera algunas distorsiones, ¿no?

Es cierto que no hay sistemas electorales perfectos. No vale comparar el binominal, en que el 31% de los votos elegía un diputado y el 60% elegía el otro, con el sistema proporcional que, mal que mal, reconoce una mayor correspondencia entre votos y cargos elegidos. De todas maneras, necesita perfeccionarse. Hay que fijar un porcentaje mínimo para ser elegido. Creo que es ineludible la discusión acerca de cómo mejorar el sistema electoral.

Sobre el voto indígena, ¿el problema estuvo en darle la opción a los incluidos en el padrón indígena de elegir la papeleta o en establecer los escaños reservados?

No estuve de acuerdo con la idea de establecer escaños de raza en la Convención, que algunos ya proponen extenderlos al Congreso. La democracia se sostiene en el principio de reconocer ciudadanos, por encima de la condición social, religiosa, racial o cualquiera otra. Hasta ahora existía un registro único de electores, pero a los actuales parlamentarios, movidos por el deseo de mostrarse “progresistas” o tratar de sintonizar con el ruido de la calle, no se les ocurrió nada mejor que crear un registro separado de votantes indígenas. ¿Alguien cree que ser mapuche o rapanui implica ver, sentir y pensar de un cierto modo? Es absurdo, y quedó demostrado en el hecho de que la mayoría de esos votantes optaron por la papeleta común, donde estaba expresada la diversidad nacional. ¿Por qué un aimara no puede votar por alguien que no tenga ancestros indígenas? Y al revés, ¿por qué un chileno cualquiera no puede votar por un aimara o de otra etnia? Necesitamos integración, no segregación.

¿Qué expectativas tiene sobre el funcionamiento de la Convención y el proyecto de Constitución que salga de allí?

La Convención es un experimento político de resultado muy incierto. Es el resultado de la negociación del 15 de noviembre de 2019, en la que algunos negociadores de la oposición aprovecharon los temores de La Moneda ante el cuadro de inestabilidad provocado por la ola de violencia, para meter de contrabando la idea de que el país podía tener en los hechos dos parlamentos. El Congreso renunció en los hechos a sus facultades en el plano constitucional, y el resultado es lo que ahora tenemos: un órgano sobre cuyo funcionamiento solo existen interrogantes. Si sale de allí un proyecto de Constitución, deberán pronunciarse los ciudadanos en un plebiscito. Y si la Convención es esterilizada por el asambleísmo inconducente o el desconocimiento del marco legal de funcionamiento, y finalmente no llega a puerto, el país no quedará en tierra de nadie. En 6 meses más elegiremos presidente de la República y nuevo Congreso.

¿Tiene usted preocupación por el futuro institucional del país?

Sí, como mucha gente, tengo gran preocupación, sobre todo porque ha sido muy profundo el proceso de degradación de los hábitos políticos, la deslealtad con la democracia, la inclinación a saltarse las reglas, el festival demagógico que hemos visto en el Congreso, las mil veleidades de los partidos por asegurar sus cuotas de poder a cualquier precio, etc. Es inaceptable la técnica de algunos sectores de aprovechar la parte de la legalidad que les conviene, y lavarse las manos respecto de todo lo demás.

“Necesitamos reducir la incertidumbre. Hay que evitar a toda costa una crisis institucional, y por eso entiendo la posibilidad de que el Estado de Derecho se debilite gravemente. No puede descartarse que aquellos sectores que ofrecen atajos hacia la tierra prometida busquen provocar una situación como la que vivimos en 2019. Con todo, creo que hay reservas de sensatez a izquierda y derecha. La cuestión primordial es adherir de buena fe a los principios de la democracia representativa. Ello supone un compromiso sin dobleces con las normas constitucionales. Quienes faltan a ese compromiso, en los hechos atacan a la democracia por la espalda”.

¿Cómo se puede bajar la incertidumbre de la que habla?

En los tiempos que vienen, se necesitará cabeza fría en las cúpulas políticas, y en primer lugar en el gobierno. Es mucho lo que está en juego. Tienen que ponerse de acuerdo todos los que quieren dar un cauce de sensatez a la vida política. Eso implica cambiar lo que haga falta, pero conservar todo lo que vale la pena. No hay espacio para la frivolidad. Llegó la hora de ponerse serios.