El Decreto Supremo N° 67, publicado en marzo de 2016 por la administración Bachelet, indica que los extranjeros que permanezcan de manera irregular en el país podrán acceder de forma gratuita a la red de salud pública de salud, quedando cubiertos bajo la categoría Fonasa Tramo A. Entre las prestaciones obligatorias se explicita el uso de vacunas y cualquier situación que ponga en riesgo su vida. Actualmente hay cerca de 25 mil extranjeros completamente ilegales en Chile. El Colmed emplazó al Gobierno por el derecho de los migrantes a tener esta prestación y pidió separar esta situación de quienes vienen a Chile a realizar “turismo de salud” para conseguir una vacuna contra el Covid.
Panorama general. Todo comenzó con la viralización de un reportaje de la televisión peruana que dio a conocer cómo podrían viajar a Chile a vacunarse contra el Covid. Se indicó que solo debían realizar la cuarentena que exige el país y después acercarse a un centro de salud a pedir la vacuna.
Críticas del Colegio Médico. El gremio manifestó que no estaba de acuerdo con la resolución del gobierno.
Lo que dice el Decreto Supremo N° 67. El 15 de enero de 2019, bajo la administración de la ex Presidenta Bachelet, aparece en la página web del Minsal una nota con información sobre la atención de salud a los migrantes. Se señala:
En “Inocentes al poder” (Editorial Taurus, 221 páginas), el académico Daniel Mansuy diseca la trayectoria de la generación del Frente Amplio desde sus inicios hasta la llegada al poder. El también escritor atribuye los grandes tropiezos del FA a su inocencia, que se funde y confunde con un narcisismo moral que todavía no han logrado […]
En medio de críticas a la gestión de su campaña, Matthei optó por disolver el grupo de 11 voceros que anunció a fines de abril. Alcaldes y parlamentarios dejarán las vocerías y el comando evalúa un nuevo modelo post primarias, más centralizado y estructurado.
La embajada de Estados Unidos anunció cuáles serán las nuevas reglas para los chilenos —y ciudadanos de otros países— que quieran obtener visa para estudiar en ese país, luego de que en mayo se suspendieran las entrevistas con postulantes.
Siempre habrá movilizaciones y protestas -no sólo si gobierna la derecha-, y estará latente la posibilidad de que en algún momento converjan en algo masivo. Pero apostaría que difícilmente se darán las condiciones para excesos de violencia, por el descenso vertiginoso del apoyo social a todo lo que signifique desafiar el orden público.
El compendio de fiscalizaciones publicadas por Contraloría entre abril de 2024 y marzo de 2025 registró $303.056 millones objetados a los Gobiernos Regionales (Gore) y más de $12 mil millones al Ministerio de Vivienda (Minvu), protagonistas estatales del caso Convenios.