Tras la declaración de 34 constituyentes, articulados bajo el nombre “Vocería de los Pueblos”, el académico y Premio Nacional de Humanidades, Agustín Squella, quien fue elegido en el distrito 7, cuestiona el tono de ese manifiesto y expresa su inquietud de que comiencen a colocarse obstáculos para iniciar el trabajo de la Convención Constitucional.
¿Qué evaluación tiene de la declaración de este grupo de constituyentes, en su mayoría elegidos dentro de la Lista del Pueblo, que llaman a no subordinarse al acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y exigen avanzar en seis garantías para iniciar el proceso de redacción de la nueva Carta Fundamental?
La declaración la comparto en aquella parte que dice que “encaramos el primer proceso constituyente con participación popular de nuestra historia y el primero en el mundo en contar con un órgano paritario”. Pero no la comparto en cuanto a poner condiciones de entrada, por muy noblemente inspiradas que puedan estar, para iniciar el trabajo de la Convención. La que tenemos es una oportunidad constitucional única que no podemos perder y tampoco inmovilizar u obstaculizar en su inicio, funcionamiento o término. Es muy importante lo que está en juego, tanto para el presente como el futuro del país.
Nos guste o no, hay reglas previas que la Convención no puede soslayar. A mí nunca me gustó la norma de los dos tercios, pero ella fue incluida en la reforma constitucional que abrió paso a este proceso, reforma que reguló también muchas otras materias: el plebiscito del Apruebo y Rechazo, la elección de los convencionales constituyentes, las postulaciones de listas de independientes, el carácter paritario de la Convención, la presencia en ella de pueblos originarios, el plazo para su trabajo y hasta el propio nombre que tiene la Convención y quienes la vamos a integrar. La Convención va a crear o producir derecho: una nueva Constitución, que además de política será también un texto jurídico. Y toda creación de derecho tiene siempre lugar en el marco de normas previamente establecidas que otorgan la competencia para ello y fijan algunos límites que es preciso respetar. Nadie, salvo las dictaduras, crean Constituciones en el vacío y sin sujeción algunas normas preexistentes.
No es la Convención la que debe perseguir las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron agentes del Estado desde 2019 en adelante. Para eso están los tribunales, la Fiscalía Nacional, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Podemos hacer peticiones a esas instituciones, y desde luego criticarlas, pero no atribuirnos sus competencias ni dar la impresión de que la Convención quisiera sustituirlas.
Formar grupos por afinidades políticas o de otro tipo será algo natural, a condición de que no perdamos de vista que nuestra tarea concierne a todo el país y no solo a quienes fueron nuestros electores o fuerzas políticas o sociales que nos dieron su respaldo, y a condición también, por favor, que no les demos a esos grupos el nombre ni el carácter de las muy desprestigiadas bancadas. La nueva Constitución será para la República de Chile y tendremos que hacer un esfuerzo para que ella refleje lo mejor que tiene nuestro país: su diversidad. Y su diversidad no solo territorial, sino la muy abundante que existe en materia de creencias, ideas, intereses, modos de sentir, maneras de pensar, modos de vida.
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