Hernán Larraín y nombramientos de notarios: “La actual modalidad abre espacio para influencias, presiones y besamanos en el Poder Judicial”

El ex ministro de Justicia dice que la propuesta para reformar la ley de notarios es insuficiente. “Habrá una “reformita al sistema”, de no mantenerse lo que el Gobierno anterior y la Cámara de Diputados habían acordado al respecto”.

-La Comisión de Constitución del Senado terminó de votar el proyecto que reforma el sistema registral y de notarías. ¿Cuál es su evaluación de la propuesta?

-Considero que la Reforma al sistema notarial y registral chileno es de una urgente necesidad social y económica. Lo primero, puesto que el actual sistema es, en general, lento, costoso, con una reducida oferta de servicios, obsoleto tecnológicamente y con un sistema de nombramientos opaco, que no se funda en el mérito y que se presta a excesivas interferencias de terceros.

Por otra parte, es demasiado engorroso, lo cual le resta fluidez a la economía y es una traba adicional a la “permisología”. El sistema debe diseñarse pensando en la gente y en el funcionamiento de la economía y no en la preservación de un status quo que favorece a unos pocos y no procura prestar el mejor servicio que las personas y emprendedores requieren y merecen.

-Se cuestiona el mecanismo de designación de los notarios. ¿Qué le parece que se traslade al Sistema de Alta Dirección Pública?

-El sistema actual se inicia en ternas que elaboran las Cortes de Apelaciones, que son presentadas al Presidente de la República para su determinación final. Esta forma de nombramiento ha generado demasiados cuestionamientos por la discrecionalidad y ninguna transparencia del sistema, lo que abre espacio para influencias, presiones y besamanos internos en el Poder Judicial, todos indebidos en un sistema de la importancia que tiene éste.

La fórmula que propone la Comisión de Constitución del Senado, a través de la participación del Sistema de Alta Dirección Pública, para que luego designe el Presidente, no me parece la mejor. Primero, porque a pesar de que se deja afuera en la nominación a las Cortes (lo que es positivo), se mantiene la discrecionalidad del sistema al dejarle al Presidente la última palabra, lo que no alejará el espacio de interferencias indebidas.

-¿Se requiere una mayor especialización?

-El Sistema de Alta Dirección Pública no tiene la especialidad que se requiere para este tipo de nombramientos, es lento y costoso, y existen mejores alternativas, como la de crear un órgano autónomo del Ejecutivo y del Poder Judicial para que efectúe directamente los nombramientos, cuyos integrantes sean designados por los tres poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial), elegidos por concurso público y con mayoría de personas designadas por el Poder Judicial.

Un organismo de esa clase es mayor garantía de independencia y objetividad que lo actual y resuelve todos los problemas que se busca superar de un modo integral, a diferencia de lo que propone la comisión legislativa mencionada.

-¿Por qué ha sido tan larga y compleja esta reforma?

-La tramitación de este proyecto, presentado el 2018 y aprobado por la Cámara de Diputados a comienzos del 2020, y que tuvo durante largos años máxima urgencia y discusión inmediata, pareciera afectar a algunos de un modo especial. Existieron previamente muchas iniciativas que nunca lograban tramitarse, hasta que finalmente ahora se ha logrado avanzar a esta propuesta, la que ha superado el lobby feroz que ha existido para que no se legisle.

Los notarios y conservadores constituyen un número reducido de ministros de fe. En plata de hoy, reciben aproximadamente unos $ 19,5 millones o casi $ 17 millones, según el caso, todo lo cual es financiado por los usuarios, la gente. Se propuso aumentar el número de ministros de fe creando una nueva categoría de ellos (los “fedatarios”), solo para autorizar trámites menores, todo lo cual dificultó su tramitación y hubo años en que no avanzó nada en el Senado.

Desde diciembre pasado ha recibido un nuevo impulso, pero lamentablemente con un cambio muy sustancial: se eliminan estos fedatarios. Vale decir, habrá una “reformita” al sistema, de no mantenerse lo que el Gobierno anterior y la Cámara de Diputados habían acordado al respecto (creando nuevos ministros de fe).

-La senadora Luz Ebensperger (UDI) señaló que la reforma no es “tan estructural”. ¿Está de acuerdo? 

-Tiene razón la senadora Ebensperger. Aparte de lo mencionado, entre las dificultades que puedo agregar (aún no se conoce el texto de lo que despachó la Comisión) está la eliminación del Folio Real, una innovación clave para el registro de la propiedad, existente en muchos países, que resuelve en forma moderna y tecnológica la forma de efectuar el registro de la propiedad y su historia, facilitando la fe pública y reduciendo en el tiempo los costos de estos registros.

Insisto, algo va a mejorar de aprobarse este texto (lo que espero no ocurra con este contenido sino con el anterior, ya que faltan trámites legislativos), pero no sería la reforma que Chile exige.

-La comisión de Constitución de la Cámara Alta delimitó en 9 meses el plazo para que los notarios que tengan más de 75 años cesen el cargo. En el rango 80-85 años hay 19 conservadores y/o notarios; entre 85-90 años hay cinco; y sobre 90 años hay tres. ¿Cómo califica el mecanismo?

-Me parece clave hacer un cambio integral al mecanismo y no solo parcial como se estaría proponiendo. Ahora, respecto del término de los notarios que tienen más de 75 años, parece razonable su expiración al publicarse la ley (no le veo en esto rasgos de inconstitucionalidad, ya que se trata de personas que prestan un servicio público, no de un negocio particular -aunque algunos así lo pudieran considerar- sobre el cual puedan tener propiedad). Pero tampoco consideraría que fuera grave otorgarle 9 meses más de prórroga a los que hoy tienen más de 75 años: ese no es el problema de fondo, aunque no se justifique ese nuevo beneficio.

-¿Qué opina del incidente con el micrófono abierto que dejó al descubierto ciertos arreglos para encausar la ley de notarios? ¿Es válido o representa cierta opacidad en el debate?

-El episodio del “micrófono abierto” enloda nuevamente la tramitación de este proyecto y se presta para que la ciudadanía lo interprete como otra forma externa de presión que el Senado no debería tener ni evidenciar.

-Las críticas se han extendido al nombramiento de jueces. ¿Es necesario un cambio estructural en este ámbito? ¿Usted es partidario de erradicar el lobby del sistema?

-Sin lugar a dudas, el problema del nombramiento de los jueces adolece de las mismas debilidades estructurales que el de los notarios, aun cuando tiene otro tipo de deficiencias que le son propias. Entre ellas, la de la pérdida de independencia de los jueces, ya que si son los superiores jerárquicos quienes fallan los recursos que se presentan a sus fallos, ejercen la potestad disciplinaria cuando son acusados de irregularidades y, además -por si fuera poco-, son quienes forman las ternas que definirán su futura carrera judicial, generamos un cuadro muy delicado y nocivo para el ejercicio imparcial de la tarea jurisprudencial.

Urge una reforma del sistema de nombramiento de los jueces y en general, del Gobierno Judicial, que permita garantizar la independencia de los jueces y evitar de modo radical la injerencia indebida de la que son objeto. Hemos postulado (junto al Programa de Reformas a la Justicia de la UC) un sistema integral que unifica en un órgano autónomo la designación de jueces y que, en nuestra opinión, también se debe aplicar a notarios y conservadores.

No sé qué otras dificultades y conflictos de conocimiento público se deben esperar para avanzar en esta dirección a la brevedad posible, reforma que debe garantizar transparencia, objetividad y mérito para designar, y terminar con la interferencia de terceros, erradicando toda forma de lobby.

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