Panorama general. En julio se publicará el pliego tarifario de generación y distribución que provocará alzas en las cuentas de electricidad. El Ejecutivo calcula que los aumentos podrían llegar a 30% el próximo mes y a más de un 50% en el año siguiente. Hoy el debate se ha instalado en torno a la idea de aumentar el subsidio, que hasta ahora será para el 40% de los hogares más vulnerables del país.
Dónde comenzó todo. En noviembre de 2019, época de protestas y en pleno estallido social, el Gobierno de Sebastián Piñera aprobó la Ley 21.185, que congelaba las tarifas eléctricas para revertir el aumento de 9,2% que tendrían las cuentas de luz.
Las primeras complicaciones. Ese costo de la energía aumentó de forma importante producto de las variaciones del precio del dólar, el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la crecida de los costos de los combustibles.
Qué pasó en el gobierno de Boric. A solo dos meses de haber llegado a La Moneda, el gobierno del Presidente Boric ingresó una nueva ley llamada PEC 2, con la cual se extendió el congelamiento de la tarifa. También se estableció como límite el 31 de diciembre de 2032 para pagar el total de la deuda, con un techo máximo de US$ 5.500 millones. De esta forma, se creó el Fondo de Estabilización de Tarifas.
Pagar la cuenta. Ahora, el congelamiento tuvo que llegar a su fin. El monto adeudado está cerca de los US$ 6.000 millones, de los cuales una mitad correspondería al período del Gobierno anterior, y la otra al del actual, según cálculos del Ejecutivo.
Gobierno rodeado. Ante las presiones políticas al Ejecutivo para frenar las alzas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió tajantemente este martes que no hay recursos para aumentar el subsidio.
Soluciones en la mesa. En la industria eléctrica ven que el subsidio es una buena solución para las familias vulnerables, mientras no haya un sobreconsumo por parte de ellas. Pero el financiamiento de ese subsidio tiene que venir con una solución fiscal. Creen que el que se tiene que hacerse cargo de eso es el Gobierno, ya que no se les puede seguir cargando la mano a las empresas para que financien políticas públicas.
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