Gratuidad: Presidenta del FA desestima denuncias por abusos pese a antecedentes que confirman irregularidades

Constanza Martínez declaró que “la idea de establecer que la gratuidad le llega a gente que no la necesita es falso”. Sin embargo, el problema de focalización en el financiamiento a estudiantes ha sido advertido por organismos como el CEP, el centro de estudios Horizontal, la Comisión Asesora para el Gasto Público, y los rectores de universidades.

“No sé de dónde sacan esos datos”. Este viernes en entrevista con CNN Chile, la presienta del Frente Amplio, Constanza Martínez, abordó las medidas en financiamiento universitario del gobierno de Kast. El ministro Jorge Quiroz planteó endurecer los cobros a los deudores de CAE que ganen sobre $1.500.000 y estudiar las medidas recomendadas por la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, que propuso limitar la gratuidad universitaria.

• Martínez señaló que “la idea de establecer como que la gratuidad le llega a gente que no la necesita y que el CAE es un sistema que es bueno, es falso. O sea, hoy día toda la evidencia que tenemos es que este es un sistema caro y malo, no solo para las familias, sino también para el Estado”.
• “En el fondo lo que se plantea es que se trata de establecer una duda respecto de la gratuidad. De hecho se dice que parece que hay gente que lo mal utiliza. Yo no sé de dónde sacan esos datos”.
• “Pensemos en cómo modernizar nuestro sistema de educación superior para que no se produzcan esas cosas en vez de empezar a buscar datos que en el fondo lo que tratan de hacer es debilitar una política pública social que lleva tres gobiernos pudiéndose implementar”.

Fraude social. Un reportaje de Ex-Ante mostró como se han extendido los mecanismos irregulares para acceder al beneficio de la gratuidad universitaria, de alumnos que declaran que viven con un familiar de bajos recursos, son independientes o que sus padres están separados de hecho.

• La falsificación de datos socioeconómicos en las fichas para acceder al beneficio se ha vuelto un problema masivo reconocido por estudiantes y autoridades, ya que, por ley, la gratuidad solo beneficia hasta el 60% más vulnerable.
• En redes sociales hay numerosos foros sobre trucos para ser catalogados en un nivel económico más bajo e incluso un negocio informal de asesorías pagadas a asistentes sociales que ayudan a presentar los datos en la Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) y en el Registro Social de Hogares (RSH).
• Diversos expertos y centros de estudios han alertado el problema.

1. Informe del CEP. Una investigación del Centro de Estudios Públicos -realizada por el actual subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte-, concluyó que “un 23,3% de estudiantes que reciben gratuidad en 2022, se encuentran entre el decil 7 y 10 y, por tanto, no están dentro del grupo de la población objetivo del beneficio”.

• Según el desglose un 10,5% de las personas que recibieron gratuidad pertenecen al decil 7; un 6,1% al decil 8; un 4,5% al decil 9; y un 2,2% al decil 10. Es decir los sectores de mayores ingresos de la población.
• Los investigadores estiman que focalizar la gratuidad podría generar un ahorro para el Estado de entre $262 mil millones y $370 mil millones al año.
• “La autodeclaración de la composición de los hogares genera una sobreacumulación en los tramos más bajos del Registro Social de Hogares (…) se evidencian inconsistencias relevantes en la identificación de los beneficiarios”, señala el estudio.

2.Informe de Horizontal. En tanto un informe del centro de estudios Horizontal detectó que mientras el Censo 2024 registra 6,6 millones de hogares, con un 21,8% unipersonales (1,4 millones), en contraste, el Registro Social de Hogares de 2025, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, reporta 8,9 millones de hogares, con una tasa de unipersonalidad del 51,2%.

• Esto sugiere una sobreestimación de hogares unipersonales en el RSH debido a la auto-declaración para obtener beneficios.
• Una de las técnicas usadas para bajar la calificación socioeconómica es que los alumnos declaren que viven solos y se autofinancian sin depender de los ingresos de sus padres. La otra fórmula es registrar domicilio con un familiar de la tercera edad o de bajos ingresos.

3. Comisión asesora de gasto público. La comisión encargada por el exministro Mario Marcel, plantea como su primera propuesta de ajuste fiscal “mejorar la asignación socioeconómica de los beneficios estudiantiles en educación superior”.

• El informe elaborado señala que “el sistema actual de asignación de beneficios estudiantiles presenta debilidades en sus mecanismos de asignación, lo que facilita el acceso indebido a la gratuidad y genera ineficiencias”.
• Entre los expertos de la comisión está el ex Dipres, Matías Acevedo, quien señaló que “no se estimó el comportamiento estratégico que adoptarían los estudiantes de deciles superiores, que no calificaban para la gratuidad. Hay rectores de universidades que en la discusión de la comisión asesora para reformas al gasto público nos decían que los estudiantes de deciles siete y ocho desaparecieron de sus universidades”.

4. Universidades.  Entre los miembros del consejo de rectores de universidades chilenas, es un comentario habitual el cómo prácticamente ha desaparecido el 7° decil de los planteles, esto porque los alumnos declaran una menor situación económico.

• Ya en octubre de 2024, el entonces rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, declaraba que “hoy día, en todo el sistema universitario hay muy poca representatividad del séptimo decil porque hay muchas familias que mostraron sus antecedentes perteneciendo al sexto decil, a través de distintas acciones. Por lo tanto, hay una sobrerrepresentación del sexto decil que tiene derecho a gratuidad”.