Gobierno logra aprobar el FES pese a duro informe internacional en su contra coordinado por el propio Cataldo
Manuel Izquierdo P.
Imagen: Agencia Uno.
En junio, el ministro Cataldo recibió un informe de expertos internacionales que alertaba que algunos beneficiarios del FES podrían llegar a pagar 10 veces el costo de sus estudios si la medida se implementa. Pese a ello, ha afirmado que el proyecto ha tenido respaldo de especialistas. La iniciativa, reforma emblemática del Gobierno, fue aprobada en general por la Cámara y pasará al Senado.
Qué observar. Por 80 votos a favor, 51 en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), reorganiza y condona deudas educativas y crea un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES).
La iniciativa —que fue una de las principales promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric— ingresó al Congreso en octubre pasado, 19 días antes de las elecciones municipales y regionales. Luego, fue analizado por las comisiones de Educación y de Hacienda de la Corporación, y luego pasó a la sala.
Durante la votación en general, el proyecto contó con el respaldo total del oficialismo y de la Democracia Cristiana, que se alineó con la iniciativa pero mostró reparos al sistema del FES, y solicitó votación separada. También votaron a favor parlamentarios de Demócratas y Amarillos. Las seis abstenciones provinieron desde la oposición.
La aprobación representa un triunfo parcial para La Moneda pues, con el respaldo de la DC y parte del PS, la Cámara visó una serie de indicaciones presentadas por la derecha que cambian el sentido original del proyecto.
Informe para Cataldo. Este martes, en una carta publicada en El Mercurio, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana (FA), afirmaron que “el FES ha recibido el respaldo de los principales expertos a nivel mundial en financiamiento estudiantil”.
En noviembre de 2024, la Knowledge Exchange Initiative (KEI), proyecto coordinado por la University College London (UCL) y el Ministerio de Educación, y financiado por el Consejo de Investigación Económica y Social del Reino Unido (ESRC) y la UCL, comenzó a indagar las implicancias del FES simulando 576 escenarios, enfocándose sólo en recaudación.
La investigación estuvo dirigida por Lorraine Dearden, académica de University College London, y contó con la participación de los cientistas sociales Natalia Valdés —de la UCL— y Héctor Ríos —de la Universidad Central—.
El documento sostiene en las conclusiones que el FES “ofrecerá importantes mecanismos de protección tanto a titulados como a estudiantes que eventualmente deserten, al limitar los pagos de personas con bajos ingresos y mejorar la eficiencia del sistema de recuperación de préstamos”, añade el reporte.
Según el estudio, una fortaleza “clave” del FES es “su ajuste automático de pagos según los ingresos y los ciclos económicos, que permite aumentar los aportes durante períodos de expansión y compensar menores ingresos en épocas de recesión”.
Las alertas. El mismo documento advierte que “los resultados también muestran que algunas personas con ingresos altos podrían terminar pagando varias veces el costo de su carrera, especialmente aquellas que reciben apoyo por el máximo número de semestres y permanecen en el sistema de pago durante los 20 años completos”.
La cifra podría llegar incluso a 10 veces el costo de la carrera. En ese sentido, sugieren fijar como tope máximo dos veces el costo total. Sin embargo, disminuir el tope implica un financiamiento menor al estimado.
Asimismo se advierte que no hay incentivos para terminar las carreras a tiempo, dado que en caso de cambio o deserción, se paga 1,5 veces el total de la carrera más larga.
El documento añade que “el factor más importante que afecta los flujos de ingresos y las tasas de recuperación en un esquema de préstamos contingentes al ingreso como el FES es el crecimiento real de los salarios”. En ese sentido, plantea que es necesario entregar ampliar a los beneficiarios el periodo de gracia de uno a dos años desde el egreso, pues la situación laboral es variable y afecta el crecimiento salarial.
Cuestionado proyecto. Para el exministro de Educación y actual director del Instituto de Políticas Públicas de la UNAB, Raúl Figueroa, la iniciativa “es un mal proyecto, porque parte de un diagnóstico que no es correcto y genera graves distorsiones en diversos ámbitos”.
Según el exministro, el proyecto “genera distorsiones para las instituciones de educación superior, puesto que el financiamiento que antes era para los estudiantes hoy día va a ser un financiamiento institucional. La fijación de aranceles es la base de ese mecanismo de financiamiento”.
En una carta publicada por El Mercurio, Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP, sostuvo que “el FES no le cuesta dinero al Estado y la mayor parte de los estudiantes no logra devolver el costo de sus estudios. ¿Quién paga entonces? He aquí la trampa; el 25% de los beneficiarios deberá cubrir parte del costo de los estudios del 75% restante”.
“En el mejor escenario posible, el FES es igual a un crédito en UF con tasa de interés real de casi 17% para una carrera de cuatro años, casi nueve veces más que la tasa actual del CAE”, agrega Eyzaguirre.
La tesis de Eyzaguirre es que el nuevo mecanismo sólo cumple con mejorar la recaudación, pero no garantiza la sostenibilidad del sistema de educación superior, no alivia la situación de los deudores, ni garantiza el derecho a la educación superior.
Los académicos UC Loreto Cox y Harald Beyer también cuestionaron la iniciativa argumentando que “la sostenibilidad fiscal del FES es más teórica que efectiva (…) Un joven que piensa que puede tener altos ingresos tras su egreso difícilmente querrá pagar el “impuesto” que le cobraría el Estado (puede tener que devolver más de tres veces el aporte recibido)”.
En qué consiste el proyecto. La iniciativa tiene dos ejes. El primero es la reorganización y condonación de deudas como el CAE, el Fondo Solidario o el Crédito Corfo. El proyecto comprende una condonación inicial para quienes adscriban al plan, bajo tres criterios: el egreso, si las deudas están al día y las cuotas pagadas.
Aplicada la condonación, y en caso de quedar un saldo, éste se reprogramará con cuotas proporcionales a sus ingresos, con un tramo exento de pago y con cuotas que serán siempre más bajas de las actuales.
El segundo eje es la eliminación de los actuales créditos y la creación del nuevo Instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior para estudiantes que no califiquen para la gratuidad. Ese sistema propone una especie de “impuesto al trabajo” para egresados de educación superior que hayan estudiado con créditos o quieran condonar el CAE, una vez que estén trabajando.
Desde el Ejecutivo se ha planteado que la cotización tendrá como tope el 7% o el 8% del salario, salvo para remuneraciones menores a $500 mil.
El nuevo sistema se autofinanciaría a través de las retribuciones de los beneficiarios.
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